Tributación <br>El juego del gato y el

Quedaron atrás los tiempos en que la política tributaria se decidía en la Secretaría de Hacienda

En este fin de 1998, la recaudación tributaria está en uno de los peores -mundos posibles. Por una parte, la baja en los precios del petróleo ha -disminuido drásticamente las expectativas recaudatorias y, por la otra, el -gobierno no puede acudir tan fácilmente como antes al expediente de elevar -impuestos para allegarse fondos, porque el Ejecutivo ya no dispone en la Cámara -de Diputados de la mayoría suficiente para aprobar de manera automática los -aumentos impositivos.

- Adicionalmente, las visiones son, en muchos ángulos, divergentes entre -Hacienda y los contribuyentes. Y por si fuera poco, la noción de que el -gobierno no administra bien los recursos públicos, por ineficiencia y -corrupción, desalienta el cumplimiento de las obligaciones fiscales y pone -viento en popa la elusión y la evasión.

- El manejo corrupto de los fondos públicos ya no es, como antaño, argumento -de los opositores políticos o de los periodistas críticos. Hoy es reconocido -incluso por las autoridades. Por ejemplo, con motivo de la discusión sobre el -presupuesto de 1999 y como argumento para justificar la eliminación de -subsidios, salieron a la luz pública análisis de Hacienda en el sentido de que -del subsidio a la tortilla sólo 20 centavos de cada peso llegan a sus -destinatarios.

- Presente por décadas en la conciencia nacional, la corrupción provoca -reacciones que pueden sintetizarse en una conocida frase: “Para que se lo robe -el gobierno, mejor me lo gasto yo” y, en consecuencia, se evita de mil -maneras, legales y no legales, el pago de impuestos.

- Se ha dado así en el país el juego del gato recaudador y el ratón -contribuyente, en el cual el gato cierra una y otra vez agujeros para evitar -fugas tributarias, pero el ratón busca o fabrica nuevas vías para la elusión -y la evasión. Esta es una de las razones por las cuales las normas tributarias -son tan complicadas y cambiantes.

- Han quedado atrás los tiempos en que la política tributaria se decidía en -la Secretaría de Hacienda, mientras el Poder Legislativo se veía reducido a -una simple oficialía de partes, a una mera instancia tramitadora y legalizadora -de lo que ya se había definido en aquella dependencia del Poder Ejecutivo. -Claro, esto no ocurría sólo con la política tributaria sino con todos los -asuntos públicos, porque el omnipotente y asfixiante Ejecutivo anulaba a los -otros poderes y se encargaba de todo, incluso de legislar.

- Las elecciones legislativas de 1997 cambiaron el panorama. Al perder el -partido en el poder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el gobierno -y su partido se vieron precisados a negociar y, en materia económica, deben -hacerlo por partida doble: con los empresarios y con los diputados, y con ambos -la negociación no es fácil.

- De cara a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, las dificultades -con los empresarios obedecen a que ambas partes poseen ópticas muy divergentes, -como se verá más adelante, pero que pueden sintetizarse en una diferencia -esencial: Hacienda quiere recaudar más cobrándoles más a los causantes -cautivos y estos se resisten y exigen que el aumento recaudatorio se busque en -otra parte.

- - EL FACTOR 2000
-La negociación con los diputados, aún en curso, difícilmente tendrá -resultados gratos para Hacienda, porque los legisladores antepondrán a los -deseos y conveniencia hacendarios sus intereses políticos que miran al 2000. -Hacienda no puede contar ni siquiera con la totalidad de los legisladores del -PRI, entre quienes cada vez resulta más clara la renuencia a una solidaridad -ciega con el gobierno. Además, en el análisis priísta no puede ignorarse el -hecho evidente de que la aprobación del aumento al IVA en 1995 influyó en los -insatisfactorios resultados electorales que su partido obtuvo dos años -después.

- En un escenario en que por primera vez el partido del gobierno, como ha -reconocido el propio presidente Ernesto Zedillo, no tiene la seguridad de ganar -las elecciones presidenciales, los diputados saben que su actuación es vista -con gran atención por el electorado y que, si se equivocan, éste le pasará a -su partido una factura muy elevada en los próximos comicios federales.

- Ya el asunto Fobaproa está teniendo un alto costo político para los -diputados del PRI y del PAN, quienes muy improbablemente accederían a hacer -llover sobre mojado con la aprobación de impopulares alzas de gravámenes, -cualquiera sea el ropaje con que se las vista. Hacienda sufrió su primer revés -antes de presentar el presupuesto a la Cámara, pues frente al rechazo -generalizado a su proyecto de gravar con el IVA a los alimentos y las medicinas, -hubo de desistir de sus propósitos.

- Las necesidades del gasto público no pueden satisfacerse con los ingresos -que hoy tiene el gobierno, por lo cual Hacienda ha planteado de modo explícito -la disyuntiva de aumentar impuestos o contratar más créditos y elevar la deuda -pública. También ha insistido en que las tasas impositivas en México son -menores a las de muchos países.

- El jueves 29 de octubre, por ejemplo, el secretario de Hacienda, José Ángel -Gurría, expresó que las tasas del IVA en Argentina, Uruguay y Chile son de 21, -22 y 18%, respectivamente, “mientras que la de México es de 15% y (sólo) el -55% de los productos están gravados”.

- El sector privado sostiene que, antes de incrementar impuestos, se requiere -aumentar la base gravable mediante la incorporación de quienes hoy desarrollan -sus actividades en la economía informal. Sin embargo, Hacienda ha respondido -que esta incorporación no resolvería el problema de recaudación y que, al -contrario, resultaría gravosa para el gobierno. “Ya es hora de terminar con -el mito de que la informalidad resolverá el problema de ingresos del país”, -dijo el 5 de octubre pasado el subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, durante -el Foro sobre Política Tributaria organizado por el Centro de Investigación y -Docencia Económicas (CIDE) y fundamentó su afirmación con un extenso -planteamiento del que Expansión se ocupó con amplitud en su edición -del 18 de noviembre pasado.

- El mismo funcionario ha dicho que gravar la economía informal, de acuerdo -con los regímenes previstos en la ley, generaría un costo fiscal de 0.216% del -PIB, o sea $8,133 millones de pesos, y considerando la recaudación potencial -directa e indirecta, el costo sería de 0.038 del PIB, esto es $1,432 millones -de pesos.

- De todos modos, Hacienda ha aclarado también que efectúa acciones para -regularizar a los informales, más por principios que por interés recaudatorio. -Por su parte, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, -Antonio Gómez Espiñeiro, ha dicho que negarse a fiscalizar la economía -informal equivale a promoverla (El Economista, 22 de octubre).

- En coincidencia con la visión del sector privado, el Congreso del Trabajo ha -señalado la necesidad de ampliar la base gravable, con el objeto de tender -hacia una distribución equitativa del ingreso.

- - LOS PRIVILEGIOS FISCALES
-Hacienda ha puesto énfasis en la necesidad de eliminar subsidios y -privilegios impositivos, en tanto que el sector privado demanda estímulos para -hacer crecer la economía.

- “Desde el punto de vista de los ingresos públicos, lo que el país -verdaderamente necesita es mejorar la estructura tributaria para eliminar -subsidios y prebendas impositivas que ya no se justifican, ni son un aliciente -para la producción y el empleo y que, además de hacer muy compleja la -administración fiscal, propician la evasión y la elusión con un impacto -negativo en la recaudación”, escribió el subsecretario Ruiz en Reforma -el 28 de octubre.

- La visión del sector privado es distinta. En sus Propuestas Fiscales 1999, -por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) -indica que, “al ser necesaria la reactivación económica en nuestro país, es -imperativo dar continuidad a los beneficios fiscales que se han publicado en el -pasado a través de decretos presidenciales, ya que con esto se logra promover -la inversión directa y la generación de empleo, lo cual es acorde con la meta -que se tiene del crecimiento del país. Estas medidas no deben tener carácter -de temporales ya que (así) no brindan seguridad jurídica íntegra a los -contribuyentes y no les permiten llevar a cabo planes de largo plazo para -estructurar sus inversiones y crecimientos”.

- El sector laboral tampoco quiere perder ventajas, sino aumentarlas. El -Congreso del Trabajo (CT) considera onerosa la carga fiscal de los asalariados y -sostiene que esta circunstancia limita los alcances de los bonos de -productividad y los beneficios de mayor ingreso por tiempo extra, porque al -acumularse salario y prestaciones, la tasa gravable llega a representar hasta -35% del ingreso total del trabajador.

- En un anteproyecto de reforma tributaria que llevó a la Cámara de Diputados -por medio de sus legisladores, el CT propone la exención de impuestos a quienes -perciben hasta cinco salarios mínimos y la desgravación total en prestaciones -económicas, bonos de productividad y aguinaldo. Es decir, justo lo contrario -que pretende Hacienda.

- - LA VENTA DE PARAESTATALES
-Otro punto de divergencia entre gobierno y contribuyentes es el relativo al -adelgazamiento del gobierno. De manera repetida, voceros del sector privado han -planteado la necesidad de suprimir dependencias que ellos consideran inútiles y -su vista ha estado puesta en secretarías como las de Reforma Agraria, Turismo y -Contraloría y Desarrollo Administrativo.

- Como en el caso de la regularización de los informales, el gobierno ha -respondido que suprimirlas no representa un ahorro importante. Las cifras -parecen darle la razón. Las tres secretarías mencionadas, cuya desaparición -ha sido la más demandada, representan en conjunto menos de 1% del gasto -programable.

- En contra de la eliminación de secretarías se ha manifestado también, el -líder de la fracción perredista en la Cámara de Diputados y precandidato -presidencial, Porfirio Muñoz Ledo, quien durante una gira por Michoacán -afirmó que amputar al Estado sólo se les ocurre a “los ignorantes, los que -no se han formado en la administración pública, los que no respetan al Estado -ni a la función pública” (Reforma, 1º de noviembre).

- Más allá de las opiniones de los cobradores y los pagadores, hay pocas -dudas de que México necesita una gran reforma fiscal que concilie los distintos -puntos de vista y propicie realmente el crecimiento del país y el -fortalecimiento del gobierno, habida cuenta de que el principal problema de la -nación es la enorme desigualdad prevaleciente y que quien debe trabajar -arduamente por atenuarla es, principalmente, el gobierno.

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- Sin embargo, tomando en consideración las radicales divergencias entre -gobierno y contribuyentes, y las peculiares circunstancias políticas del país, -parece lejana la posibilidad de que esa gran reforma se concrete en el corto -plazo.

- Puede anticiparse que difícilmente habrá acuerdo mientras el gobierno no -convenza a la sociedad de que está haciendo un uso eficiente del gasto público -con tenacidad.

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