Un Big Brother de verdad

Un centenar de ONGS, apoyadas por los partidos alemanes más influyentes, quieren crear una especie
Marco Appel / Bruselas

¿Podrían las organizaciones no gubernamentales (ONGS) obligar al gobierno a sancionar empresas del viejo continente porque supuestamente violan los derechos laborales?  Eso sucederá si la Comisión Europea, con el acuerdo del Ejecutivo mexicano, autoriza la creación del Observatorio Social y Medioambiental (OSM) propuesto por entidades intermedias de México y los países comunitarios. Sus recomendaciones serían vinculantes; es decir, los gobiernos estarían obligados a observarlas.

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Cuentan nada menos que con el apoyo político y económico de las influyentes organizaciones alemanas Friedrich Ebert (la Fundación del partido Socialdemócrata) y Böll (la del Partido Verde). Además de tal respaldo, la preocupación radica en que su puesta en marcha afectaría a 5,688 empresas de la Unión Europea (UE) instaladas en México y a unas 10 mexicanas ubicadas en el viejo mundo.

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La Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) y la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (MALC), argumentan que el OSM fortalece la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE. "El comercio y las inversiones no deben realizarse a costa de la protección a los derechos humanos y laborales", advierte Luis Guillermo Pérez, coordinador en Bruselas de las 95 entidades integrantes de CIFCA y MALC.

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Pérez lo ejemplifica con la falta de recursos legales que enfrentó su organización para evitar el despido y la liquidación ilegal de 1,164 trabajadores de la fábrica de llantas en Jalisco de Euzkadi, de la alemana Continental Tires.

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Pero los empresarios no parecen muy entusiasmados con la idea. Volkswagen, cuya planta con 10,000 trabajadores en Puebla es la más grande fuera de Alemania, ve el OSM con reservas. "Si la Comisión Europea acepta el proyecto, tendríamos que estudiar el tema con ella y con las otras firmas europeas afectadas", señala Almudena Sánchez, portavoz del corporativo en Volksburg. Por el momento, la oficina en Bruselas sigue de cerca el asunto.

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Sin embargo, el gerente comercial de Vitro en Lisboa, Jorge Alberto Yarte-Sada, dice que la empresa no aceptará ese monitoreo en sus plantas de Francia, Portugal, España, Suiza y Holanda: "El OSM servirá para uso político."

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Algunos observadores creen que no se aprobará. Aun así, cualquier decisión al respecto tendrá consecuencias importantes. Si no se aprueba, las ONGS afirmarán que se rechaza la participación de la sociedad civil. En caso contrario, 95 de ellas habrán hecho historia con el primer observatorio de su tipo en Latinoamérica.

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