Un castigo, pocos cambios

El nuevo lavado a la fachada corporativa obliga a los bancos de inversión a pagar $1,400 millones d
Joaquín Fernández / Nueva York

Eliot Spitzer puede sentirse razonablemente satisfecho. El procurador del estado de Nueva York, que hace dos años se autoproclamó sheriff de Wall Street y encabezó una cruzada contra los todopoderosos bancos de inversión en defensa de los intereses de los accionistas particulares, vio recompensada su tenacidad con la más flagrante inculpación jamás impuesta a este núcleo financiero.

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El pasado 28 de abril, 10 de las principales firmas acusadas de desvirtuar sus recomendaciones de compra de acciones en perjuicio de los inversionistas llegaron a un arreglo y pagarán una multa conjunta que supera $1,400 millones de dólares.

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Tres de estas agrupaciones –la filial de Citigroup, Salomon Smith Barney; Merrill Lynch y Credit Suisse First Boston– fueron particularmente señaladas por emitir consejos accionarios “fraudulentos”. Otras cinco –Bear Sterns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Piper Jaffray y UBS Warburg– fueron acusadas de exagerar sus comentarios acerca de las corporaciones que analizaban.

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Dos de los analistas estrella durante la época de la burbuja bursátil, Jack Grubman –de Citigroup– y Henry Blodget –de Merrill Lynch– ya no podrán trabajar nunca más para el sector bursátil y se les ha obligado a pagar más de $19 millones de dólares en multas.

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Con el arreglo monetario, las organizaciones no han negado ni tampoco han admitido culpabilidad alguna, pero los términos del convenio dejan claro que en todas las firmas de Wall Street los analistas engañaron a propósito a los inversionistas con el fin de obtener los favores de sus clientes corporativos. Las casas de inversión recibieron además pagos secretos a cambio de emitir recomendaciones de compra de ciertos títulos.

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La investigación tuvo sus momentos álgidos cuando Spitzer enseñó correos electrónicos de Blodget, el analista de internet de Merrill Lynch, en los que recomendaba títulos accionarios a los que en privado consideraba “basura”. Grubman, colocado en Telecomunciaciones de Salomon, también inflaba sus consejos para agradar a los clientes de banca de inversión de Citigroup.

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Por si fuera poco Sanford Weill, el presidente de este grupo financiero, ejercía presiones directas sobre el analista para que hablara bien de ciertas compañías. Esta agrupación está pagando la mayor multa y ha sido señalada como la que más injerencia tuvo en sus operaciones de análisis. De hecho, el directivo tiene terminantemente prohibido dirigirse a cualquiera de los corredores que trabajan en su entidad sin que medie la presencia de un abogado.

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Las investigaciones empiezan a tener sus víctimas. Citigroup cesó a los directores de la división de Renta Variable Global, Robert K. DiFazio y Arthur D. Hyde iii, justificando el despido por los "significativos giros estructurales" ocurridos en el mercado, lo que significa que fue tanto por la caída del mercado y la rentabilidad de la división como por el incremento en la vigilancia regulatoria.

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“Estos casos reflejan un capítulo triste de la historia de los negocios en Estados Unidos –dice William H. Donaldson, presidente de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC), máxima autoridad bursátil del país–. Los casos también representan un importante episodio en nuestros esfuerzos constantes para restaurar la fe en los inversionistas y la confianza en la justicia e integridad de nuestros mercados.”

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Una cifra irrisoria
Los $1,400 millones de dólares representan casi 7% de las utilidades generadas por el sector el año pasado, que fue el peor en resultados desde 1995. De esa suma, $375.5 millones serán para los inversionistas, aunque no se ha especificado cuánto podrán reclamar de lo invertido. La parte de las multas asciende a $487.5 millones, mientras que $432.5 millones serán destinados a pagar por análisis independientes y $80 millones para formación de los inversionistas. La cuentas a saldar de Blodget y Grubman ascienden a $4 y $15 millones, respectivamente.

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No obstante, comparado con el golpe que han recibido los inversionistas en los últimos tres años, la multa de $1,400 millones que pagarán las 10 firmas por su responsabilidad en la creación de la gigantesca burbuja especulativa es en realidad ridícula. En total, desde que los índices llegaron a su máximo en marzo del año 2000, las pérdidas en el mercado accionario han superado $7,000 millones de dólares. De igual forma, los castigos a Blodget y Grubman son ínfimos comparados con los suntuosos salarios que ambos recibieron durante su reinado en el mercado.

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Reformas estructurales
En la parte constructiva, quedarán de este arreglo las reformas estructurales impuestas al sector, que pretenden aislar el área de Análisis de la de Banca de Inversión. Las firmas de correduría deberán además ofrecer a sus clientes estudios independientes y no podrán ya dar preferencia a algunos de ellos para venderles las acciones más demandadas que estén a punto de salir a Bolsa.

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Además, se obliga a un pequeño detalle que a muchos se les había olvidado instituir: la compensación del analista debe estar basada en la calidad de su investigación, no en la contribución que haga al negocio de banca de inversión, como hasta ahora había sido el caso en la mayoría de las organizaciones.

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Las medidas tratan de regular los comportamientos, la ética y la práctica para devolver la confianza a un sistema que ha perdido gran parte de su brillo, pero varias voces críticas se quejan de que el acuerdo no plantea una solución para lo que muchos estiman que es la verdadera fuente de conflicto: el hecho de que las actividades de correduría y análisis estén bajo el mismo techo y conviviendo con las comisiones bancarias. Mientras no se obligue al sector a escindir sus actividades en empresas distintas, argumentan los escépticos, la banca encontrará manera de emitir juicios tintados acerca de las compañías.

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Según la mayoría de los expertos, hace ya tiempo que los pequeños inversionistas han dejado de confiar en los analistas de Wall Street y ninguno de ellos cree que las nuevas prácticas impuestas en el acuerdo marquen una gran diferencia para los ahorradores particulares.

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Y hablando de estos últimos: al hacer públicos todos los documentos de la investigación y certificar el comportamiento fraudulento de las 10 casas de inversión, la puerta ha quedado abierta para que demanden a los bancos y exijan que se les devuelva parte de sus pérdidas en el mercado bursátil.

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Así pues, si el arreglo supone una conclusión, las demandas judiciales constituirán un largo y doloroso epílogo para las hojas de resultado de estas firmas, que pueden verse obligadas a desembolsar enormes cantidades de dinero a los particulares por sus comportamientos inmorales.

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“Este es apenas el principio”, ha dicho Spitzer, en referencia a las toneladas de demandas que se avecinan para los bancos.

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No obstante, a decir de los especialistas, el sheriff ha ganado una batalla, pero está lejos de ganar la guerra. De hecho, entre las firmas de inversión permea una sensación de incredulidad e injusticia ante lo ocurrido.

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Una semana antes de que se hiciera público el arreglo, Stan O’Neal, presidente de Merrill Lynch, publicó en The Wall Street Journal un artículo de opinión en el que, además de calificar a Spitzer –aunque sin nombrarlo– de “enemigo del capitalismo”, dejaba claro que según él no había nada en el comportamiento de los analistas que fuera digno de reproche.

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Al día siguiente de que se anunciara el acuerdo Philip Purcell, director general de Morgan Stanley, volvió a declarar a los medios que no veía nada impropio en pagar a firmas de análisis para que hablen bien de ciertas empresas. Por otra parte, la Bolsa de Valores de Nueva York acaba de pedir a Sanford Weill, el inculpado presidente de Citigroup, que se una a su Consejo de Administración, sin importar todos los cuestionamientos éticos que le rodean.

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Queda claro que Wall Street habrá sido sentenciada, pero está lejos de sentirse arrepentida, por lo que los actuales actos de contrición que se ha obligado a emprender a los grandes bancos de inversión bien podrían acabar en simples arreglos cosméticos.

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Es probable que gracias a esta victoria, y a la popularidad que le ha granjeado, Spitzer inicie batallas de más altos vuelos, aunque esta vez políticas, como la conquista de la gubernatura del estado de Nueva York. Mientras tanto, el cumplimiento de la ética en las firmas de inversión dependerá de qué tanto está dispuesta la SEC a ejercer su función de máxima supervisora. Bajo la recién llegada batuta de Donaldson, este maltrecho organismo tiene el importante reto de recuperar la credibilidad y, con ella, la confianza en el mercado, les guste o no a las grandes firmas.

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