Un fisco promotor del desarrollo

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Dionisio J. Kaye

La proactividad constituye el primer elemento que conduce a los individuos, a la sociedad y al Estado hacia el progreso. Continuamente leemos publicaciones que contienen críticas, usualmente destructivas, al sistema fiscal mexicano, tanto en su campo legal como en el de las autoridades que determinan, fiscalizan y recaudan contribuciones e imponen sanciones por infracciones a las citadas disposiciones fiscales. Todos los sectores reclaman al gobierno federal una “Reforma Fiscal Integral”, pero con poca claridad propositiva.

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Aquí queremos ser concretamente propositivos, reconociendo que los ilustristas del Estado moderno y los científicos diseñadores de los sistemas tributarios de los diversos Estados del mundo, siguen teniendo razón hasta la fecha. Desde la configuración del Estado moderno prevalece que su finalidad es el bien común, en sus dos acepciones: la político-filosófica –que se traduce en la solidaridad humana– y la jurídico-económica –objeto de este artículo, que se traduce en la satisfacción de las necesidades colectivas–.

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El Estado moderno se erige a través de un contrato social que se conoce con el nombre de Constitución Política; de éste, como de cualquier contrato, se desprenden derechos y obligaciones para las partes y, así, las constituciones de los estados y sus leyes reglamentarias conceden a los integrantes de la sociedad una serie de derechos de satisfacción de sus necesidades colectivas por medio de los servicios públicos. Congruentemente, tales leyes, en contrapartida, establecen la obligación de la sociedad para contribuir a los gastos públicos que se integran con el costo de los mencionados servicios públicos y los gastos de estricto gobierno.

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En este estado de cosas, le guste o no a la sociedad pagar contribuciones, tiene la indiscutible obligación de hacerlo.

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A pesar de ello, podríamos retomar los dos grandes cuestionamientos que la sociedad hace respecto de su obligación de pagar contribuciones y que son: los métodos y sistemas para el pago de contribuciones y la aplicación de éstas por parte del gobierno que las impone y recauda.

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Respecto del primer cuestionamiento, hace ya muchos años Adam Smith, en su obra magistral denominada “La Riqueza de las Naciones”, dejó establecidos todos los principios de los impuestos, destacando, además de la legalidad tributaria (esto es, que las contribuciones se establezcan y regulen en ley), la proporcionalidad (que las contribuciones sean progresivas para gravar una parte razonable de la riqueza de los particulares) y la equidad (que los individuos contribuyan a sufragar el gasto público en función de su capacidad contributiva, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales), además del principio de comodidad (la simplicidad en su cálculo y pago) y el de certeza (que los contribuyentes sepan exactamente las reglas del cómo, cuándo y dónde deben pagar sus contribuciones, con la seguridad de estabilidad de dichas reglas en el tiempo).

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Respecto del segundo cuestionamiento, es indudable que a los contribuyentes no les interesa que su gobierno les platique o escriba sobre el destino de las contribuciones en medios masivos de comunicación o en un simple documento denominado presupuesto de egresos. Los contribuyentes claman ver cristalizados sus anhelos jurídico-económicos de bien común, esto es, quieren ver realidades y, sobre todo, encontrarse satisfechos por el gobierno de su Estado por la vía de los servicios públicos, en cuanto a las necesidades colectivas que sus respectivas soberanías determinaron y ofrecieron satisfacer.

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Atento a todo lo anterior, el México del siglo XXI tiene ganado su derecho al progreso y, sin oponerse a cumplir con su obligación de pagar contribuciones, clama por ver cristalizadas las respuestas plasmadas en los dos párrafos anteriores en virtud de los cuestionamientos que se han formulado desde el México independiente.

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Sistema promotor y asequible
Resulta incuestionable que cualquier sistema tributario del mundo debe ser promotor del desarrollo económico y no el principal generador del Producto Interno Bruto de una nación bajo el esquema de recaudación. El gobierno de un Estado que verdaderamente desea el progreso de la sociedad, debe enfocar su actividad financiera a promover la inversión productiva que acarree la creación de fuentes de empleo bien remunerado, con lo cual los individuos estén en posibilidad microeconómica de resolver y dar satisfacción a sus necesidades, incrementen el ahorro y creen riqueza pública. El efecto de lo señalado en este párrafo es que los ingresos públicos se destinen a crear la infraestructura necesaria para que los particulares desarrollen la actividad económica que todo país requiere para mejorar continuamente el bienestar de su población.

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No nos cabe la menor duda de que un país en vías de desarrollo, como el nuestro, debe contar con un sistema legal tributario asequible al nivel cultural y educativo de su población; de ahí el principio de comodidad. Todos sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero tampoco podemos desconocer que en un país en que el nivel educacional promedio es de siete años escolares, nuestro pueblo no esté en posibilidad de conocer, entender y cumplir disposiciones tributarias complejas y cambiantes que rompen los principios de comodidad y certeza; así podemos aplicar el principio general de derecho que señala: “Nadie está obligado a lo imposible.”

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México debe iniciar el año 2000 diseñando una verdadera política económica de desarrollo sustentable, en la que los protagonistas y beneficiados del desarrollo económico sean los particulares. Es imperativo el diseño de una auténtica política fiscal a largo plazo, cuyo valuarte sea el fomento de la inversión productiva creadora de fuentes de empleos bien remunerados a efecto de que los particulares acudan, cada día en menor medida, a que el gobierno les resuelva sus necesidades y los subsidie. El resultado tiene que ser el consecuente adelgazamiento del gasto público y la reducción del importe de las cargas tributarias de los particulares.

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Bajo una política fiscal bien definida a largo plazo, deben promulgarse leyes tributarias sencillas que no obliguen a los contribuyentes a tener que invertir fuertes sumas de dinero en equipos, instrumentos y sistemas de procesamiento para cumplir con las leyes tributarias. Estas leyes, cuanto más, deben estar sólo provistas de un reglamento que delinee el cómo del cumplimiento y evitar en lo absoluto la existencia de misceláneas, criterios y normatividades internas que, al violar la legalidad tributaria, nulifican el principio de certeza constituyendo el “lado oscuro de la regulación contributiva”, fomentando la discrecionalidad de los actos de autoridad que resultan incompatibles con el derecho positivo y, lo más grave, desarrollan corrupción tanto de los particulares que defraudan, tanto de las autoridades que fomentan la arbitrariedad.

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La bien definida política fiscal que se propone y la transparencia legal tributaria a que nuestra Constitución obliga, debe esforzarse por crear, en primer término, una conciencia cívica contributiva y, en segundo, la incorporación paulatina de la economía subterránea que tanto daña al sector productivo y comercial institucional y, por supuesto, al país.

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El México del siglo XXI requiere que la gestión tributaria se reduzca en tamaño y se acreciente en su calidad para que la relación costo-beneficio de la administración de las contribuciones sea más productiva por la vía de la eficiencia. El aparato gubernamental tributaria está conminado a mejorar y fortalecer la buena relación fisco-contribuyente. Y esto sólo se logra fomentando por una parte la cordialidad y, por la otra, aplicando institucionalmente los mecanismos legales de fiscalización, liquidación, recaudación y sanción con absoluto rigor y consistencia.

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Todos los puntos anteriores son algo más que una “Reforma Fiscal Integral”. Estas propuestas constituyen una nueva filosofía de cambio racional, pero absoluto, que nos conduzca y mantenga en un desarrollo sostenido. Adam Smith insistía en que la primera inversión gubernamental en infraestructura debe ser la de la educación y, hoy, uno de nuestros baluartes de la literatura mexicana, Carlos Fuentes –en su reciente obra Progreso Incluyente–, propone la educación para el progreso. Y es que en la falta de educación de nuestro pueblo es donde se desprenden nuestras continuas crisis económicas y sociales. Este debe ser el punto de partida para el destino de las contribuciones.

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Las finanzas públicas del país deben encaminarse a racionalizar el gasto público. La sociedad es la única que debe beneficiarse de las contribuciones que aporta al propio Estado, es decir, los gastos de estricto gobierno no deben distraerse en cuestiones autopublicitarias, prestaciones suntuarias a funcionarios y empleados públicos, seguridad de éstos y tantas otras cosas que anímicamente irritan a la población y la conducen a la elusión o evasión de contribuciones.

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En resumen, los mexicanos veremos prosperidad tributaria cuando se defina una verdadera política fiscal de largo plazo que se cristalice en leyes tributarias claras, sencillas y estables que, aplicadas con rigor por el aparato administrativo tributario a toda la población contribuyente, traiga aparejada la cordialidad que fomente la conciencia cívica tributaria y, por último, donde la población vea como realidad tangible la aplicación de sus contribuciones enfocadas a la inversión productiva, el desarrollo económico y el bienestar nacional.

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Dionisio J. Kaye
es socio de la firma Sánchez DeVanny, Esevem y Ramírez Villegas

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