Videopolítica y concreto

Ante la avalancha de videos reveladores, conviene revisar el marco jurídico de la industria de la c

El ajuste de cuentas por grabaciones caseras ha tomado la arena del debate público. El PRD, tocado en el corazón del gobierno del Distrito Federal, y el Partido Verde, en su líder nacional, sufren los primeros golpes de una campaña presidencial anticipada.

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Un clima de sucesión desvía permanentemente el debate hacia el origen de las filtraciones de los videos. ¿Por qué se retransmitió a todo color el soborno al senador del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González? ¿Fue Gobernación quien repartió las imágenes del hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador atiborrando sus bolsillos con billetes?

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En el largo plazo, esto no es lo importante. La hábil maniobra de distracción de los políticos implicados no borra la evidencia de que: a) los altos índices de corrupción en México tienen nombres y apellidos; b) la pureza no es una virtud de la que pueda presumir ningún partido político; y c) algunos asuntos ya no se resuelven en lo oscurito.

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Una de las virtudes paradójicas de la democracia es que permite que la basura salga a la luz. Las guerras intestinas de los partidos, la lucha electoral, las enemistades personales, convierten en vulnerable a quien no siga las reglas. La duda es: ¿se puede? Sí, cuando las reglas están bien hechas. Y en la construcción, el sector protagonista de estos casos de corrupción, no puede decirse que así sea.

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La propiedad del suelo sigue pendiente como parte de la reforma constitucional de 1992. Obtener un permiso de construcción es, en muchos casos, una hazaña.

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La recalificación del suelo como la que iba a impulsar González, del Partido Verde, en Cancún, se mueve en terrenos pantanosos en toda la república.

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¿Qué decir de la tramitología, ese incentivo perverso a la corrupción? Los esfuerzos de los gobiernos por simplificar y hacer transparentes las licitaciones no terminan de cuajar. O bien se congela la obra pública por el temor de los funcionarios a ser acusados, o la corrupción se convierte en moneda corriente.

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Quienes concurrían a las licitaciones con Grupo Quart denuncian que los motivos para ser excluidos eran “presentar la hoja amarilla en lugar de la hoja roja”, “poner mal la coma en un cheque” o exigencias de capital inicial muy por encima de las requeridas para la obra, lo que dejaba a Quart como única opción.

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La corrupción es un mal universal, nos ha recordado en México el director de Asuntos Públicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Christopher Brooks. Lo sucedido en las delegaciones del DF con la adjudicación de obra a la firma de Ahumada sucede en Londres, Los Ángeles o Beijing. Evitarlo exige eliminar los incentivos que implica una regulación excesiva, limitar la discrecionalidad y favorecer la transparencia.

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–Los editores

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