¿A quién le sirve?

A menos de un mes de que se celebre la próxima reunión de la Alianza para el Crecimiento Económic
Joaquín Fernández Núñez

Miguel tiene 33 años, una esposa, cuatro hijos, televisión, refrigerador, estufa y mucha frustración. A pesar de trabajar en el Departamento del Distrito Federal, no vive, como sería lógico, de los impuestos, sino de la caridad ciudadana. Por estar inscrito como "trabajador voluntario", la administración pública no le paga un quinto por las 10 horas diarias que, seis días a la semana, se pasa barriendo las calles de la céntrica colonia Roma.

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Es más: tuvo incluso que pagar $30 pesos a las autoridades para que le otorgaran el derecho de usar el anaranjado uniforme oficial de barrendero. Enfundado en él, limpia calles y patios a la espera de que le caiga la propina de $1 ó $2 pesos que suelen dar los vecinos. Cuando le va bien, trabaja de seis de la mañana a cinco de la tarde, momento en el que completa la suma de $50 pesos que cada día necesita llevar a su casa en el alejado barrio popular de Ciudad Nezahualcóyotl, dos pequeñas recámaras sin ventanas en donde viven hacinadas seis personas.

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Con ese dinero, es decir, unos $1,500 pesos mensuales, Miguel se las arregla para pagar los $350 pesos de renta de la casa, la comida, la ropa, los libros escolares y todos los gastos fijos normales en cualquier hogar. Margarita, su esposa, contribuye al ingreso familiar con los $25 pesos diarios que recibe cuatro veces a la semana de su "comadre" como empleada doméstica. Gracias a ese suplemento, se las arreglan para dejar de lado los monótonos caldos de pollo, las entomatadas o las quesadillas y comer carne una vez a la semana. De cuando en cuando, también se permiten el lujo de ir con sus dos hijos pequeños a pasar un domingo en la lucha libre. Los mayores, Olga y Juan Miguel, tenían la intención de estudiar carreras técnicas pero finalmente les obligaron a dejar la escuela apenas terminada la secundaria para ponerse a trabajar y contribuir a los gastos del hogar.

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Esta no es, por supuesto, una escena de la miseria que actualmente corroe a los más de 20 millones de mexicanos alejados de toda realidad o imaginación económica. Se trata, simple y sencillamente, de un estilo de vida mucho más común: la pobreza de quienes viven dentro del sistema económico y dependen del salario mínimo fijado todos los años de forma mancomunada por el gobierno federal, sindicatos y cúpulas empresariales. $24.48 pesos diarios es, actualmente, el promedio del salario mínimo nacional: ¿quién puede vivir cobrando ese dinero? La respuesta es obvia y no se parece en nada, desde luego, al postulado que formula el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo: "El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos".

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Está claro que, con una nómina mensual de $750 pesos, el bienintencionado texto legal parece haber sido escrito en pleno viaje de alucinógenos. "El salario mínimo está muy demeritado en su valor de peso específico. En su lugar, se ha constituido como un factor económico importantísimo para el seguimiento de las revisiones contractuales, la determinación de cotizaciones a todos los organismos oficiales, la cuantificación de las multas o las deducciones fiscales", comenta Tomás Natividad, abogado laboralista y consejero empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cargo que ocupa desde hace 17 años.

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Según él, "en México son muy pocos los que ganan el salario mínimo". Ese suele ser el argumento más recurrente entre la mayoría de los especialistas cuando se menciona el tema. De acuerdo, pero cuando no es uno, son dos: según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el pasado mes de agosto 46.3% de la población económicamente activa en México cobraba, cuanto mucho, dos salarios mínimos.

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¿QUÉ TANTO ES TANTITO?
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Para Héctor Cobián, analista senior de la consultora laboral Towers Perrin, dos salarios mínimos, es decir, $50 pesos diarios representarían el monto mínimo que hoy por hoy garantizaría, si no la subsistencia, cuando menos la supervivencia diaria para una familia mexicana. Eso prefigura la existencia de una masa inmensa de trabajadores que, como Miguel, laboran inmersos en las exigencias del siglo XXI y, por la noche, regresan a condiciones de vida del siglo XIX.

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A pesar de ello, coinciden los entrevistados, las cifras de INEGI no son totalmente confiables: "Es un porcentaje engañoso –dice Natividad–, porque si bien refleja un número fuerte de trabajadores, también muchas veces se trata de gente que no percibe realmente el salario mínimo por estar sujeto a propinas adicionales. Eso pasa mucho en las industrias hotelera o restaurantera, por ejemplo".

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Quizá, pero es un hecho que en México son mayoría los asalariados que, con propina y todo, subsisten en condiciones de vida iguales o peores que las de Miguel y su esposa Margarita. Además, ¿qué clase de derechos se abroga una empresa o una dependencia pública para pagar un sueldo nulo o insuficiente a sus empleados y condicionar el ingreso real familiar a la buena voluntad –o caridad– de los clientes?

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"Vivimos en un país que sustenta la atracción de inversiones en sus bajos costos laborales. Esa es una política económica perfectamente definida por el gobierno. En la medida en que podamos mantener los salarios bajos, los empresarios piensan que vamos a encadenarnos en condiciones satisfactorias a las nuevas corrientes mundiales de comercio", sentencia Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Según él, no existe en perspectiva ningún propósito real por parte del gobierno para modificar esta tendencia.

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Para Natividad la cuestión es otra: "El salario que se percibe se debe a una falta de productividad por parte del trabajador mexicano. No hay más que ver los ejemplos de empresas multinacionales instaladas en México que logran productividades muy superiores a otras plantas que poseen en el resto del mundo y pagan mucho más del salario mínimo." Ese "mucho más" supone, en promedio, una cantidad equivalente a... tres salarios mínimos, es decir, $2,250 pesos mensuales.

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Cobián coincide con Hernández en que, hoy por hoy, la mayoría de las empresas en México han preferido basar su ventaja competitiva en el mantenimiento de bajos salarios en lugar de incentivar la productividad de sus empleados de menor rango. "Aunque una compañía pague como mínimo $50 pesos diarios a sus trabajadores, las diferencias entre el obrero peor remunerado y el director general siguen siendo abismales. Al contrario de lo que ocurre en Argentina y Colombia, en México la curva de salarios entre el obrero, los cuadros medios y puestos directivos no tiene una continuidad. Eso es pésimo para la productividad."

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Según él, son legión las compañías que ven los programas de entrenamiento a empleados como un costo y no como inversión: "Las empresas tienen que ver que la ventaja competitiva no radica en la tecnología, porque el tiempo que se tarda la competencia en copiarla es cada vez menor. La verdadera competitividad está en el manejo de los recursos propios, es decir, el talento de los trabajadores. Es mucho más difícil que la competencia logre copiar una filosofía de organización orientada a la gente".

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EL CÍRCULO VICIOSO
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Por ahora, el círculo vicioso está servido: las empresas no invierten en la capacitación de sus empleados y les pagan salarios ridículos que imposibilitan garantizar a estos trabajadores que sus hijos obtengan un mayor nivel de educación a la hora de ingresar al mercado laboral, lo cual a su vez servirá de excusa al empresario para seguir pagando un bajo salario... Los hijos de Miguel, obligados a dejar la escuela, son una buena muestra de ello.

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Además, aunque se duplicara la actual cantidad mínima fijada por el gobierno, ésta tampoco permitiría un nivel de ingreso "suficiente", tal y como marca la ley, para garantizar una mejora sustancial en el nivel social y educativo de las generaciones venideras. Entonces, ¿cuál sería el monto idóneo que proveería ese ingreso "suficiente"? "Un salario debería garantizar un desarrollo mínimo social: en él se incluye la vivienda, un empleo con cierto grado de permanencia, una entrada económica que permita una subsistencia con la canasta básica, una educación y unos servicios médicos", dice Jean Maninat, representante en México de la Organización Internacional de Trabajo.

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Eso, como mínimo. Pero ya adentrados en los siempre confusos terrenos de la vida digna, ¿cuáles serían las necesidades básicas del trabajador de finales de siglo XX? "Hace 30 años eran bastante reducidas –prosigue Maninat–. Las más sofisticadas eran ir al cine o escuchar música. Hoy en día, se puede considerar como una necesidad básica tener televisión, teléfono, computadora y hasta Internet."

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Pero mejor abandonar cuestiones tan utópicas y regresar a la triste realidad de los países latinoamericanos: por lo pronto, lo más urgente sería plantearse cómo dar marcha atrás al reloj y recuperar el progresivo deterioro del nivel de vida en el que llevan sumidos desde hace años la mayoría de los trabajadores en México.

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Según unas recientes declaraciones de Martín Werner, subsecretario de Hacienda, los trabajadores con mejor nivel de preparación ya están recuperando su poder adquisitivo con respecto a 1994. Aquellos que perciben "bajos salarios" estarían entre 10 y 20% por abajo de los niveles de hace tres años y no será hasta 1999 cuando alcanzarán un poder de compra similar.

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No obstante, este dato optimista contrasta con los cálculos de Tendencias Económicas y Financieras, según los cuales a finales de 1997 la capacidad de compra para los trabajadores peor pagados habrá menguado 45% en términos reales con respecto al nivel de ingreso que habían alcanzado tres años antes. El problema se advierte aún más grave si se sabe que el poder de compra real cayó 70% desde 1987.

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Pero cuidado, la cuestión no es tan sencilla: un deseable aumento drástico y urgente de los ingresos decidido unilateralmente por el gobierno, como ya sucedió durante los sexenios de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid con los llamados "aumentos de emergencia", sólo contribuiría a fomentar una espiral hiperinflacionaria que dejaría de inmediato sin efecto real todo incremento nominal en los ingresos de los trabajadores.

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Está claro que, desde su adopción en México en 1931, el salario mínimo nunca había sido tan cuestionado por incumplir totalmente con su función de garantía de equidad social. El cambio de rumbo gubernamental hacia la apertura y la globalización lo ha transformado en un mero instrumento de política macroeconómica para el control de la inflación y el cálculo de los ingresos gubernamentales. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerlo tal y cómo lo define el texto legal? Dicho en otras palabras: ¿debería dejar de existir?

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Para Hernández Juárez no cabe ninguna duda: "El salario mínimo se ha convertido en una figura decorativa para discursos oficiales. Creo que debería desaparecer". Natividad se muestra, sin embargo, menos drástico a este respecto: "Para suprimir una institución como el salario mínimo sería necesario un modelo que lo sustituyera".

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Maninat y Cobián están más de acuerdo con esta última afirmación: si bien no es mucha la cantidad, es mejor que el gobierno instaure un nivel mínimo de ingreso para la población.

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Pero para llegar a romper el actual círculo vicioso del bajo ingreso, coinciden los especialistas, lo más urgente sería replantear el papel de cada uno de los agentes económicos involucrados en la conformación del salario en México: sindicatos, empresas y gobierno.

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EL PAPEL DE LOS SINDICATOS
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"El sindicalismo actual es corporativista y clientelar. Se ha olvidado de que su principal tarea es proteger a los trabajadores. Parece más importante apoyar los programas económicos de gobierno o a los empresarios en su lucha por mantener bajos sus costos laborales", dice Hernández, quien se manifiesta a favor de sindicatos más democráticos y autónomos. "Creemos en un sindicato que, sin descuidar al país ni a las empresas, haga su tarea central de defender a los trabajadores."

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No obstante, esta postura crítica contrasta con los importantes cargos que Hernández ha ocupado siempre al frente del sindicalismo nacional, ya fuera como presidente del Congreso del Trabajo o como representante de los trabajadores de Teléfonos de México (Telmex). A pesar de sus palabras, año tras año Hernández ha estampado su firma en cada uno de los pactos y alianzas establecidas con empresarios y gobierno en las que, entre otras cosas, se decide el precio mínimo del trabajo en México.

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"Asumo la responsabilidad de participar en las reuniones y no lograr influir tanto como yo quisiera –se defiende–. Luché en contra de los topes salariales, a favor de disminuir los impuestos y todo quedó plasmado en documentos que no se cumplieron. Pero siempre creí que era mejor ponernos de acuerdo entre todos a que cada quien actúe por su lado."

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Cuestionado acerca de sus ingresos, Hernández dice ganar unos $18,000 pesos mensuales –$9,000 en razón de su puesto como técnico en servicios telefónicos de Telmex y otros $9,000 como secretario general del sindicato– y comenta que, al contrario de otros líderes sindicales como Leonardo Rodríguez Alcaine –el presidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que se pasea por el Distrito Federal en un flamante BMW–, él no posee coche propio.

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En fin, el caso es que, para dar nuevo rumbo a las condiciones salariales actuales, Hernández se pronuncia a favor de una amplia reforma de la Ley Federal del Trabajo que le dé mayor autonomía a los sindicatos frente a los intereses del gobierno. A la vez, propugna por la pérdida de protagonismo de un sindicalismo de representatividad nacional, el cual sería suplantado por centrales independientes en cada empresa que negociarían directamente con sus patrones los aumentos de sueldo de acuerdo con las posibilidades reales de la compañía.

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"El sindicalismo realmente representativo no va a ayudar a recuperar el poder adquisitivo. Es una meta loable por parte de la gente que representa a los sindicatos de siempre, pero lo único que va a arreglar los salarios es la generación de empleo, y productividad", responde a su vez Natividad.

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Cobián está también de acuerdo en que las empresas tienen que cambiar sus criterios de remuneración y, además de proveer un ingreso fijo "decoroso", deben introducir un salario variable para cada empleado, que esté directamente ligado a su productividad.

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Suena bien, pero lo cierto es que, por ahora, eso está lejos de convencer a las empresas: según un estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, durante el mes de agosto, de las 307 negociaciones salariales registradas, apenas fueron 46 las que incorporaron en sus convenios incentivos por productividad para sus empleados. Esto significa que, con respecto al mismo mes del año anterior, hubo 1,035 trabajadores menos sujetos a esta modalidad. Según el analista laboral, eso se debe a los escasos resultados obtenidos por los bonos de productividad promovidos por el gobierno: "El empresario nunca supo de qué forma estaba mejorando o empeorando su productividad. Muchas veces se incrementaba debido a que los empleados trabajaban 10 horas diarias en lugar de ocho". No hay más que recordar el fallido intento etiquetado como Nueva Cultura Laboral que hace un año firmaron sindicatos y empresarios bajo el auspicio del gobierno. "Surgió –recuerda Hernández– cuando empresarios y sindicatos rompieron la discusión sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Coparmex y CTM hablaron de crear una nueva cultura para estimular el diálogo y todos estuvimos de acuerdo. Cuando apenas estábamos trabajando en ella, súbitamente ambos la dieron por concluida con pronunciamientos de carácter general que ahora sólo sirven para los discursos."

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PAGO POR COMPETENCIA
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"La nueva cultura laboral no existe", ratifica Cobián. Para él, las empresas albergan aún mucha confusión acerca del concepto de productividad: "La mayoría no sabe cómo medirla. Aunque también existen algunas más vanguardistas que ya están involucrando a los empleados de menor rango en sus estrategias. La solución es crear un plan estratégico humano".

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Este concepto, llamado "pago por competencia", consiste en un cambio radical de la percepción del empresario hacia el empleado de menor rango: "Más que preocuparse por ver si un trabajador cumple con un horario o hace bien un trabajo, se trata de valorar qué tanto se está preocupando en mejorar, capacitarse y lograr las competencias que la compañía espera de él. Eso garantiza una permanencia del talento dentro de las compañías".

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Aunque todavía no se ven resultados palpables derivados de esta nueva filosofía, compañías como Wal-Mart, Cemex, Vitro, Danone, Grupo Gamesa o Laboratorios Pisa ya han empezado a incorporarla en sus políticas de recursos humanos.

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¿Y qué dice el gobierno acerca de toda esta problemática? Por lo pronto, no gran cosa: los intentos de esta revista para entrevistar a Javier Bonilla, secretario de Trabajo y a Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, han sido infructuosos. Será porque no hay manera de sentirse cómodo frente a una cuestión tan vergonzosa como el estado actual de los salarios en México.

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Sin embargo, para Maninat, el protagonismo del gobierno en la configuración de una mejor calidad de vida para el trabajador es indiscutible, al menos mientras los salarios no garanticen un desarrollo uniforme de la población. "El Estado tiene que proveer diferentes compensaciones para ofrecer aquellas actividades que muchos no pueden obtener con su salario."

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En esta lógica, señala, se inscribirían los desayunos escolares que todos los días se ofrecen en las instituciones primarias o los subsidios a algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, hasta ahora, según Cobián, el papel del Estado ha sido insuficiente: "La canasta básica no incluye las colegiaturas privadas, ni los libros escolares o los gastos médicos privados a los que está sujeta mucha gente con poco dinero por deficiencias graves de los servicios públicos".

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En lo que todos están de acuerdo es que la tendencia creciente augura que las cuestiones salariales serán asunto exclusivo entre sindicatos y empresa, y el gobierno se limitará a fungir de árbitro para observar que no se incumplan las reglas del juego marcadas por él.

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Pero ese no será el caso, desde luego, para la próxima reunión de la Alianza para el Crecimiento Económico (ACE), prevista para el próximo mes. En ella, el gobierno será de nuevo figura central ante unas organizaciones sindicales y patronales cada vez más deslavadas.

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Aunque hay quien alberga sus dudas: "Quién sabe si habrá Alianza –dice Natividad–. Para ello, sería necesario que antes el gobierno haya definido su presupuesto de egresos para 1998 y éste estará muy ligado a la aprobación en la Cámara de Diputados". No obstante, el consejero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cree que la Alianza se debería firmar de nuevo: "Los mexicanos hemos trabajado con un sistema de concertaciones sociales que ha funcionado 10 años y para suprimirlo, haría falta emprender las reformas legales adecuadas".

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"Me temo que este año va a ser más de lo mismo –dice Hernández–. El gobierno subirá precios a sus servicios, los empresarios tendrán nuevos estímulos fiscales y apoyos dudosos, y para los trabajadores habrá que esperar un aumento igual o ligeramente superior a la inflación esperada, que de ninguna manera recuperará el poder adquisitivo perdido."

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Hernández dice que este año condicionará su firma a que el gobierno disminuya los impuestos salariales: "No participaremos si no se cumple", promete. Para ello, pretende involucrar a la Cámara de Diputados en las negociaciones como testigo de calidad y garante de que los acuerdos "por fin se van a cumplir".

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¿Y cuánto cabría esperar de aumento para el salario mínimo? Mientras el Congreso del Trabajo habla de un incremento de al menos 16% (3.5 puntos porcentuales por arriba de la inflación esperada para 1998, calculada en 12.5%), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) reivindica situar el salario mínimo en $106 pesos diarios, es decir un alza de 325% sobre el monto actual. Esta última central sindical amenaza, además, con convocar a un paro nacional para protestar contra la política del gobierno en caso de no ver una mejora real en las condiciones de bienestar para la clase trabajadora.

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Pero al final, es más que probable que el enfrentamiento se quede en papel mojado. Después de sentir que han "defendido valientemente" los derechos de los trabajadores, como todos los años, sindicatos, gobierno y empresarios firmarán los pactos correspondientes, dirán ante los micrófonos que el año que viene es el de la recuperación económica y dejarán claro su entusiasmo conjunto por el país en una foto oficial que sólo servirá para el recuerdo de las primeras planas de los periódicos del día siguiente.

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Y es aún más probable que, también como todos los años, toda esta algarabía sea absolutamente ajena a Miguel y su esposa, quienes seguramente andarán demasiado ocupados trabajando, con la esperanza siempre dudosa de que sus dos hijos pequeños tengan la oportunidad de terminar, al menos, la escuela secundaria.

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