¿Preludio de una guerra?

Aunque no hay tradición ni antecedentes de demandas, por primera vez se asoma en México una disput
Alejandra Xanic

Algunas acciones del gobierno en contra del consumo de tabaco y tímidas intenciones de particulares para entablar juicios a las cigarreras marcan el posible inicio de una batalla legal en el país. El antecedente inmediato es el duro combate en este terreno que se ha producido principalmente en Estados Unidos durante los últimos tres años.

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Patricio Santillán, un médico del Distrito Federal que hace 12 años atiende a personas con cáncer de pulmón, envía cartas a despachos estadounidenses para ver si alguno se interesa en representar a mexicanos enfermos de cáncer y enfisema pulmonar en una demanda en contra de las compañías cigarreras en ese país.

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Una docena de propuestas para elevar los impuestos al tabaco aguardan respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras más buscan se autorice a los estados cobrar un impuesto local al consumo del tabaco, como sucede en la Unión Americana.

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Sobre escritorios de la Secretaría de Salud (SSA) están los borradores del reglamento para la ley aprobada en abril, que prohibe fumar en edificios públicos: aeropuertos, centrales camioneras y oficinas del gobierno. Algunas iniciativas pretenden vetar el consumo en oficinas donde laboren dos o más personas y extenderlo a restaurantes y cafeterías.

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Hace unas semanas se aprobó una nueva ley que mueve de las 21 a las 22 horas el horario a partir del cual pueden transmitir sus comerciales por radio y televisión las tabacaleras. A partir de finales de este año las compañías cigarreras deberán especificar en las cajetillas la cantidad de nicotina y de alquitrán en sus productos –que tendrá que corresponder al valor fijado por una Norma Oficial Mexicana (NOM)– e imprimir en el frente la leyenda “Prohibida la venta a menores”.

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Se trata de una lluvia de iniciativas aisladas que, en opinión de unos, son el inicio de una batalla contra el consumo del tabaco en México y que, en la mirada de otros, son débiles escaramuzas por la falta de control y vigilancia.

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La guerra en Estados Unidos comenzó, justamente, como una escaramuza. Dos abogados de un pequeño pueblo de Missouri demandaron a las tabacaleras, en 1997, por el gasto que  representaba para su estado atender a las personas con enfermedades atribuibles al tabaco. Nadie había ganado un juicio en contra de las compañías hasta entonces, pero 40 estados decidieron sumarse al intento y en 1998 lograron juntos un arreglo por $250,000 millones de dólares, que la industria pagará durante los siguientes 25 años para cubrir los gastos en salud que el estado hace, solamente para los pobres. Otros estados emprendieron el año pasado nuevas demandas. En 1999, sólo una empresa, Phillip Morris, logró ventas por $19,600 millones de dólares en ese país.

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La escaramuza es ahora una guerra. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos debe decidir si el tabaco ha de ser catalogado como una droga en la regulación sanitaria del país. Los juicios civiles pusieron a disposición del público miles de documentos confidenciales de las tabacaleras que ahora son la base para una nueva avalancha,  esta vez de juicios penales.

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El ataque en los tribunales contra las tabacaleras estuvo acompañado por batallas en las calles. En la Unión Americana 46 estados prohibieron en abril pasado la instalación de anuncios espectaculares de tabaco y publicidad de cigarrillos en revistas de gran circulación. El combate también arrincona a los fumadores: hoy día en California está prohibido fumar en oficinas públicas y privadas; en Nueva York, hasta en los bares y restaurantes. En muchas ciudades, los fumadores tienen como único sitio permitido las banquetas.

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¿Hacia una demanda?
No se sabe hasta hoy de algún mexicano que haya demandado a las empresas cigarreras, como sucede en otros países. Aunque el ex presidente José López Portillo declaró al diario Reforma el año pasado que estaba en contacto con bufetes de abogados en Estados Unidos para entablar un litigio, no se ha sabido de progresos, y él no aceptó hablar sobre el tema.

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Enrique Huelsz, de 73 años, perdió la laringe y con ella, la voz y su práctica de más de 45 años como médico anestesista. Ahora explora la vía legal para hacer que las tabacaleras se hagan en parte responsables del daño que el cigarro les causó a él y a otras 250 personas en la capital de la república. El año pasado se acercó a las compañías para solicitarles que financiaran la compra de válvulas y laringes electrónicas que necesitan los “laringoectomizados” –como prótesis– para volver a hablar. Su petición, secundada por otra de la Comisión de Derechos Humanos del DF, fue ignorada.

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Ahora quiere demandar y realiza un censo de personas con cáncer de laringe.

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Patricio Santillán intenta lograr lo mismo pero para personas con enfisema y cáncer pulmonar. “Los abogados del grupo han evaluado la opción de demandar en México, pero las probabilidades de éxito son muy bajas y las indemnizaciones también”, apunta Santillán.

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Según reportes periodísticos, varios gobiernos nacionales han decidido fincar sus demandas en el vecino país del norte. Un bufete estadounidense le ofreció el año pasado a la SSA representarla en una demanda por los gastos que le implica a esta institución atender enfermedades atribuibles al tabaco. El gobierno de Costa Rica ya inició una demanda: estima que 11% de las muertes en su país son atribuibles al consumo de tabaco y calcula en $534 millones de dólares el gasto anual de atención a los padecimientos.

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México rechazó la invitación. “No era el momento ni la vía”, comenta Rafael Camacho Solís, quien preside el Comité Catalizador de Acciones contra el Tabaquismo, un grupo asesor de la secretaría en esta materia. “Eso no quiere decir que no se vaya a hacer, yo creo que es una opción interesante”, aclara. El gobierno mexicano sabe que cada día mueren 114 personas en el país por afecciones relacionadas al hábito de fumar, una cuota mayor a la que cobran accidentes, drogas o alcohol, pero no conoce el gasto que le implica.

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El único estimado es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que calcula le cuesta $16 millones de pesos –una cuarta parte de su presupuesto– pagar los tratamientos, especialmente de cáncer y enfisema.

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“No podremos lograr mucho. Lo que podemos hacerles es un chantaje, que ayuden con dinero a quienes ahora viven en agonía”, dice Huelsz, quien tiene un banco de prótesis financiado con donativos.

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Camacho cree que más allá de demandas, las nuevas regulaciones acotarán la expansión del consumo de tabaco en México. “Todavía no es lo que queremos, pero vamos avanzando”, asegura. Sin embargo, una investigación hecha en 1997 por la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, publicada en agosto del año pasado, reveló que 61.9% de los estudiantes de secundaria y preparatoria en el DF consiguen los cigarros en tiendas, aunque la venta a menores está prohibida.

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Desde su oficina, donde se reúnen 16 miembros de instituciones públicas y privadas a diseñar propuestas para el control del tabaco, han salido varias de las iniciativas. El año pasado se estableció la obligación para los vendedores de pedir una identificación a jóvenes que parezcan menores de edad y que quieran comprar tabaco; se estableció que habrá una NOM para definir los niveles máximos de nicotina y alquitrán permitidos.

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Este año se obligará a las compañías a incluir un mensaje audiovisual sobre los daños que causa el tabaco, con la misma voz y velocidad utilizadas para el resto del comercial, y se facultó a la SSA para que vigile que los anuncios sean transmitidos sólo después de las 22 horas, lo que antes tocaba a la Secretaría de Gobernación. Pero también el año pasado la SSA perdió en el intento de lograr que se prohibiera la venta de cigarros en las farmacias y que las máquinas expendedoras se instalaran sólo en lugares visitados exclusivamente por adultos. El presidente del Comité Catalizador se dice seguro de que la ciudadanía se irá incorporando al esfuerzo y de que encontrarán formas de vigilar que se cumpla la ley.

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El contraataque
Las dos tabacaleras presentes en el país –que no aceptaron ser entrevistadas para este reportaje–, según analistas privados, han hecho una fuerte apuesta en México. En 1997, las dos más grandes multinacionales del mundo en este sector decidieron invertir $2,100 millones de dólares en México. Phillip Morris, fabricante de Marlboro, elevó a 50% su asociación con Cigatam, la empresa de Carlos Slim. La compañía inglesa British American Tobacco (BAT) compró Cigarrera La Moderna, de manos del regiomontano Alfonso Romo. De acuerdo a estimaciones de especialistas financieros, el mercado nacional de cigarrillos es cercano a los $12,000 millones de pesos.

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En Estados Unidos es conocida la forma en que las tabacaleras defienden sus intereses. Phillip Morris financia organizaciones civiles profumadores, instituciones científicas, campañas políticas y hace cabildeo en el Congreso, para contrarrestar las iniciativas del Ejecutivo. En México, las estrategias de defensa de su negocio no son tan visibles. “Seguramente el cabildeo es algo que van a tener ahí, pero el que tengan a Slim al frente ya es una gran protección”, asegura el consultor estadounidense Ross Hammond, quien asiste a organizaciones ciudadanas de lucha contra el tabaco. Cree que la decisión en 1991 del gobierno de Carlos Salinas de derogar el impuesto de 139.3% a los cigarrillos con filtro, se logró con cabildeo. A partir de 1992 y hasta 1994, las cigarreras pagaron un impuesto de 75%, en promedio. Ese último año se reinstaló el impuesto, pero en 85%, y ahora es de 100%.

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“Debe haber un intenso cabildeo porque esa posición débil y ambidiestra en el gobierno no tiene otra explicación”, cree Arturo Lomelí, un ciudadano que preside la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor. Él encabezó la batalla de consumidores en contra de cobros excesivos de Teléfonos de México, y ahora observa inconsistencias en las leyes y ninguna vigilancia en materia de tabaco.

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La SSA no anda de la mano de otras dependencias en este tema. Las secretarías de Comercio y de Hacienda no escuchan nuestros argumentos, acusa Camacho. La industria del tabaco sostiene la economía de Nayarit y emplea a unas 400,000 personas en el campo. Contribuyó en 1999 con $5,891 millones de pesos en impuestos al gobierno federal, 1.12% del total recaudado.

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Lomelí, pionero en las batallas de consumidores en México, cree que difícilmente habrá guerra contra el tabaco, porque “somos una sociedad muy permisiva”; Santillán y Huelsz advierten, por su parte,  que la demanda es una moneda en el aire, y Camacho es optimista: “Poco a poco lo lograremos”. Pero el analista Hammond afirma estar “seguro de que las compañías se sienten confiadas de que no estarán bajo presión en México; de lo contrario no habrían invertido $2,100 millones de dólares allí”.

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