Y la bola de nieve creció

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Cuando el presidente Ernesto Zedillo señaló que el subcomandante Marcos era su piedra en el zapato, omitió hablar del otro gran conflicto de su administración: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Quizá porque el problema es tan grave que, simple y sencillamente, no le cabe en el zapato.

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No hay que irse con la finta: satanizar –cosa bastante fácil, por cierto– al Fobaproa para sólo enredarse en la eterna discusión del “quién metió la pata” nos aleja del verdadero meollo del asunto, es decir, qué hacer con los más de $550,000 millones de pesos (si lo prefiere, la cifra puede manejarse en dólares –$65,000 millones– o en porcentaje del Producto Interno Bruto –arriba de 14%–) que conforman los pasivos de la que hoy podría considerarse como la empresa estatal más grande del mundo.

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Dentro del programa de rescate a ahorradores y deudores hay, en efecto, una extensa lista de irregularidades y fraudes que deben ser abiertamente aclarados. Es indudable que los responsables –sean banqueros, sean funcionarios públicos– deben pagar sus delitos. Es evidente que no puede jugarse al borrón y cuenta nueva; más aún cuando, en los últimos días, se ha reabierto la cloaca de las transacciones de dinero lavado a través de algunas instituciones financieras. No obstante, es importante dejar bien documentado que, en general, centenares de pequeños accionistas de la banca perdieron su capital y miles de deudores vieron crecer sus compromisos hasta niveles insospechados tras el error decembrino de 1994.

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De una u otra forma, el rescate al sistema financiero debía realizarse. No existen precedentes de algún país que haya encontrado algún mecanismo para dejar quebrar a todos sus bancos y luego salir airoso. La cuestión, quizá, está en los cómos y en los costos. El gobierno federal plantea consolidar los pasivos del Fobaproa como deuda pública para poder programar esos pagos de la mejor manera en el tiempo y a mejores tasas de interés, porque por ahora son títulos “no negociables” por estar dentro de una laguna jurídica. Si los legisladores no aprueban la iniciativa del Ejecutivo, dicen las autoridades hacendarias, el costo será enorme.

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Pareciera, pues, que no hay vuelta de hoja en un problema que, por lo pronto, ya significa un costo fiscal per cápita de $27,000 pesos. No se vislumbran alternativas claras y viables a la propuesta gubernamental, a menos que algún miembro del Congreso tenga un as bajo la manga (cosa improbable, ciertamente) que logre reducir la abultada carga de esta deuda. Lo más triste es que, como todo lo que se politiza en este país, los revanchismos y las “venciditas” de poder desvanecen cualquier posible solución pragmática. ¿Acaso es imposible combinar el deslinde de responsabilidades con la discusión sobre las iniciativas de reformas? ¿Así pretenden ahuyentar al temible fantasma de las crisis de fin de sexenio?

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La pésima costumbre de dejar crecer bolas de nieve, en todos los ámbitos de la vida nacional, para después lanzar lamentos sobre los trágicos saldos de las avalanchas, sigue siendo la norma del sistema político mexicano.

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