¿México a la vanguardia?

Las recientes reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor son importantes, mas no las que el país necesita.
Xavier Ginebra Serrabou

Como muchas veces sucede en México, el 15 de diciembre del año pasado aparecieron algunas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), sin que las hubiera precedido un debate público y transparente, como debiera prevalecer en una auténtica democracia. Y no estamos en contra de las reformas, pero después de lo difícil que resulta poner de acuerdo a esta Legislatura, una vez que se llega a puntos  en común, debería llegarse a pactos más trascendentes para nuestra economía, que no puede darse el lujo de crecer a tasas mediocres y limitarse a tener finanzas públicas sanas. Y esto ha sucedido con nuestros legisladores, que se han limitado a tomarse fotos, prepararse para el siguiente ‘hueso' electoral, ausentarse de sus reuniones y, cuando llegan a convenios, aprobar éstos por mera rutina, sin discutirlos ni valorarlos. Las reformas a la LFPC, pese a ser un paso cercano a la dirección correcta, nos dejaron insatisfechos a los consumidores.

¿En qué consisten los cambios a la ley? En modificar ligeramente el concepto de publicidad abusiva o engañosa e incrementar de forma importante las multas que puede imponer la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) a las empresas o proveedores que confundan a los consumidores por este motivo. También aumentan las facultades de este organismo para vigilar a tales empresas. En caso de reincidencia, las sanciones pueden llegar a 10% de los ingresos de las empresas en un año, montos similares a las que puede imponer la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) por prácticas monopólicas. Esta cantidad debe ser tomada en serio por los agentes económicos, pues podría llevarlos a la quiebra.

La reforma se publica en el marco de ciertos intentos del gobierno federal (como la iniciativa del Buen Fin, cuyos efectos fueron insignificantes) de incentivar el consumo como motor de la economía y de poner al cliente en el centro de las discusiones. En general, estos esfuerzos son encomiables, pero pecan de excesivamente simplistas, pues olvidan que el mercado es mucho más complicado que limitarse a la soberanía del consumidor y, a la larga, fomentan el consumismo a ultranza.

El consumo es una parte del desarrollo económico: sin demanda no hay oferta, aunque para algunos economistas, como Schettino, lo relevante es promover sólo la adquisición de bienes y servicios. Esto no es del todo exacto. Para consumir, hay que tener capacidad adquisitiva, poder de compra. El consumidor es uno de los ejes del mercado, pero igualmente importante que éste, para activar la economía, son los empresarios, empresarios creadores de empresarios, como ha señalado Gabriel Zaid en su extraordinario libro Empresarios oprimidos. Sin empresarios que creen empleos, los supermercados pueden estar rebosantes de bienes, pero las colas para pagar se encontrarán vacías, como de hecho ya sucede en México.

Por otro lado, el consumismo es un error, y no es un modelo viable para las personas y las naciones, pese a lo que diga Milton Friedman. Gastar a ultranza cosifica a los individuos; le quita sentido a los hombres, que deben tener otras motivaciones más trascendentes que la sola chequera. Si hay más felicidad en dar que en recibir, ello también es cierto en la esfera económica, por lo que hay que promover una cultura que fomente la oferta (Leonardo Polo), el  dar, al empresario, el cual debe ofrecer bienes y servicios de calidad a los consumidores. La cultura del derroche es lo que ha llevado a sucumbir a Estados Unidos; el trabajo, el ahorro y el emprendedurismo son la clave de la actividad económica. De hecho, algunos sociólogos, como Daniel Bell, Zygmunt Bauman, el filósofo estadounidense Willian T. Cavanaugh y Jeremy Rifkin, han señalado los perniciosos efectos del consumismo sobre las sociedades, pese a sus efectos positivos sobre la economía, en especial en épocas como las navidades y el fin de año.

Una auténtica sociedad de consumidores conlleva una ‘cultura del consumo' responsable, en la que éstos se ven como tales, y reivindican sus derechos cuando son vulnerados, y si algo caracteriza a la sociedad mexicana es su apatía y su individualismo, la falta de reivindicación de los derechos; por algo no hemos tenido un movimiento como los ‘indignados', la primavera árabe o el de ‘Ocupar Wall Street'.

En ese sentido, la reforma a la LFPC apunta en la dirección correcta. Es necesario un marco jurídico que implique sanciones disuasorias para los proveedores y que genere una cultura responsable del consumo. El cambio en la ley es, sin embargo, sólo aparente.

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El autor es máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y socio en el área de Competencia y Consumidores del despacho Jalife y Caballero.

Comentarios: opinion@expansion.com.mx

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