Las presas de la discordia

El gobierno de Brasil tiene una apuesta: construir 20 presas que desplazarán a miles de personas y afectarán el entorno.
Dilma Rousseff  (Foto: CNN)

José Carlos Arara carga con un revólver calibre 38 en la cintura. Es una mañana sofocante en la selva amazónica brasileña. El cacique de 31 años camina para controlar la cosecha de yuca de su tribu. Hay asesinos tras él porque se opone a los planes para construir la tercera presa hidroeléctrica más grande del mundo sobre el río Xingú, a 2,300 kilómetros al norte de São Paulo, y del que dependen los 116 miembros de su tribu para transportarse, pescar y tomar agua.

Dos policías armados escoltan a Arara cada vez que sale de las 25,000 hectáreas de la reserva india Arara. Los guardaespaldas no lo protegen dentro de la reserva. Por eso lleva un arma. La presa llamada Belo Monte desviará el cauce del Xingú privando a la tribu de una vía fluvial necesaria para su subsistencia.

Dilma Rousseff, quien llegó a la presidencia de Brasil en 2010, dice que el país necesita más electricidad y la mejor manera de obtenerla es embalsando los ríos de la selva amazónica. Además, el PIB de Brasil creció 51% de 2002 a 2011, por lo que el país necesita incrementar la generación de electricidad 55% para 2020 y estar a la altura de la demanda.

Pero los grandes diques -en especial Belo Monte- son el eje de un debate enmarcado por las ansias de Brasil de convertirse en una nación desarrollada.

Rousseff, dando seguimiento a una política impulsada por Lula, dice que su rol es liderar y financiar el desarrollo económico. En ese marco, financia con 1.6 billones de reales (781,210 mdd) la construcción de los diques y de obras para mejorar las carreteras, ferrocarriles, puertos, plataformas y refinerías de petróleo.

Esta medida enfrenta al gobierno con las comunidades que se oponen a la construcción de los diques. El conflicto se avivó porque las empresas que más aportaron a la campaña presidencial de Rousseff están a cargo de la construcción.

Proyectos sobre alfileres

La salud de la economía de Brasil está en riesgo. Mientras el gobierno adquiere préstamos para financiar el trabajo, su deuda ascendió 29% desde fines de 2008 hasta fines de 2011 y el déficit anual saltó 89% en el mismo lapso.

Hasta ahora, Brasil podía afrontar estos gastos, pero el crecimiento económico del país está empezando a aplacarse. El gobierno reportó en marzo que el PIB creció 2.7% en 2011 (la segunda tasa de crecimiento más baja desde 2003).

Así, la economía se empieza a desacelerar con el megagasto en las presas y el auge de Brasil durante toda una década podría transformarse en un avance lento. "Existen temas importantes como la manera de financiar estos proyectos", dice Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. "Y ello podría provocar severas distorsiones en la economía".

Brasil está invirtiendo mucho dinero en estas grandes represas porque pueden generar electricidad más económicamente y porque contaminan menos que las plantas alimentadas con gas natural o carbón, dice Mauricio Tolmasquim, presidente de la Agencia de Investigación de Energía de Brasil. "Lo importante no es el alto precio de su construcción, sino que, a largo plazo, resultarán más económicas que cualquier otro medio de generación de energía", añade.

Pero muchos economistas, ingenieros y biólogos no coinciden con esta opinión. Las presas como Belo Monte, que costarán 25,800 millones de reales, minan los fondos destinados a las reparaciones de rutas en mal estado, dice Felipe Salto, economista de Tendencias Consultoria Integrada de SãoPaulo, quien se pregunta: "¿Estos proyectos son la mejor manera de invertir en infraestructura? ¿Cómo se puede promover el desarrollo de manera sustentable?".

La construcción de las megapresas hará más mal que bien a Brasil, según un reporte de septiembre de 2009 presentado por un equipo de 40 economistas, antropólogos, ingenieros y biólogos. En su opinión, afectará el medio ambiente, obligará a miles de personas a abandonar sus tierras y demandará mayor aporte de los contribuyentes.

La obra de Belo Monte está a cargo de un grupo de compañías de energía controladas por el Estado, con préstamos financiados por el Tesoro a tasas inferiores a las del mercado. Los contribuyentes tendrán que pagar esta deuda durante años, dice Celio Bermann, profesor de Ingeniería de la Universidad de SãoPaulo. "Por eso es que hay tantas razones por las cuales estos diques no tienen sentido", acusa.

Ganadores y perdedores

Las firmas constructoras ayudaron a financiar la campaña de Rousseff. Cinco empresas (Grupo Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Grupo OAS y Odebrecht) aportaron al PT durante la campaña de Rousseff 45 millones de reales, de acuerdo con los registros electorales. Los propietarios de Belo Monte contrataron a estas compañías.

Las cinco empresas y los cinco contratistas más pequeños cobrarán un total de 25,800  millones de reales durante los siete años de construcción. Pero los constructores no están interesados en ver si Belo Monte es útil desde el punto de vista económico, dice Bermann. "Todo lo que les preocupa es recuperar con creces el dinero que invirtieron en la campaña".

Gioconda Bretas, vocera del Ministerio de Planeamiento, dice que los contratos para Belo Monte se realizaron a través de licitaciones transparentes. Ninguna de las empresas ha sido acusada de cometer actos ilícitos. Andrade Gutierrez y Odebrecht, ambas establecidas en São Paulo, dijeron en distintos comunicados que sus aportes a la campaña fueron legales y que no hicieron nada inapropiado. Camargo Correa, OAS y Quiroz Galvao no quisieron hacer comentarios sobre el tema.

Según International Rivers, un organismo no gubernamental con sede en Berkeley, California, Belo Monte destruirá secciones de la selva tropical más biológicamente diversa del mundo, dejará sin agua ríos donde se procrean  peces y tortugas tropicales e inundará el hábitat del mono araña, en peligro de extinción. "Estamos hablando de devastación y de violaciones a los derechos humanos en gran escala", señala Zachary Hurwitz, coordinador de políticas del citado organismo.

A pocos kilómetros de la reserva de Arara, las excavadoras derriban las copas de los árboles de más de 20 metros para dar paso a una ruta principal de acceso para camiones, trabajadores y equipos de Belo Monte. Los ingenieros tienen proyectada la construcción de una presa de 7,100 metros de largo que contendrá un reservorio que cubrirá la selva, los campos y los pueblos. La presa desviará el cauce del río Xingú a un canal que se extenderá 20 kilómetros a través de lo que alguna vez fueran pequeñas haciendas de ganado, campos y hogares. El proyecto inundará 503 kilómetros cuadrados. Cuando concluya la construcción de Belo Monte, en 2019, tendrá capacidad para generar 11,233 megavatios, suficientes para brindar electricidad a 18 millones de hogares.

Las autoridades brasileñas dicen que trabajarán para disminuir los daños al ambiente y a la comunidad. El dueño de Belo Monte, Norte Energía, señala que pagará un total de 3,200 millones de reales para compensar a las personas que perderán sus hogares y negocios a causa de la presa.

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Los contribuyentes sólo pueden esperar para ver si la apuesta de Rousseff en las presas será algo que contribuya o que dañe a la nación. Arara ya ha sentido los daños en carne propia. Por eso arriesga su vida para luchar contra Belo Monte.

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