‘Rescate’ de la 2.5: ¿para quién?

Los operadores actuales serán los principales ganadores tanto si la banda de 2.5 GHz se licita como si queda congelada por un litigio con MVS.
telecomunicaciones banda 2.5 expansion1099  (Foto: adán Gutiérrez)
Guadalupe Michaca

La eventual recuperación por el gobierno federal de la codiciada banda de radiofrecuencias de 2.5 gigahertz (GHz), ideal para servicios móviles de cuarta generación o 4G, beneficiará a las grandes empresas del sector, como Telcel, Movistar, Iusacell y Nextel, coinciden analistas consultados.

Uno de los escenarios es que la disputa en los tribunales con MVS -hasta ahora concesionario de 90% de la banda- congele y deje fuera de competencia esa parte del espectro radioeléctrico, lo que mantendrá el statu quo para las empresas. La segunda opción es que la banda sea subastada. Dada la concentración del mercado, no habría incentivos para que entren nuevos jugadores, por lo que uno o varios de los operadores actuales tendrían un nuevo activo que explotar.

"Con el inicio del procedimiento de rescate, la actual administración deja al próximo gobierno un caso complejo que durará años en los tribunales, siendo la sociedad la principal afectada y la más indefensa ante este tipo de decisiones", dice el director de Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete.

El presidente del consejo de administración de MVS, Joaquín Vargas, fue tajante al advertir que recurriría a los tribunales, y eso aseguraría la "no utilización (de la banda) durante los próximos cinco años".

Durante ese periodo de inactividad, las demás empresas del sector mantendrían alejado un rival comercial, ya que MVS pretendía lanzar un servicio de 4G con una inversión de 1,000 millones de dólares de la mano de sus socios estadounidenses Clearwire e Intel, y la telefónica mexicana Alestra. El objetivo era ser un "carrier de carriers", mayorista que tendría como clientes a otros operadores de telecomunicaciones.

El 8 de agosto pasado el gobierno anunció el inicio del procedimiento de recuperación de la banda de 2.5 GHz, en poder de MVS (90%) y otras 10 empresas (10%). Algunas concesiones de MVS ya están vencidas, aunque otras expiran entre 2018 y 2020.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estima que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la decisión final sobre la recuperación de este bien propiedad del Estado podría darse en cuatro meses. Esto daría paso a un proceso de subasta a través de una licitación, si Vargas no logra frenarla en los juzgados.

Si se concreta la subasta, la banda podría quedar entre los operadores actuales, dicen los especialistas. Ese espectro complementaría los servicios que hoy ofrecen y aumentaría su Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés).

El ARPU de Nextel es de 541 pesos mensuales, según la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU). Iusacell ocupa el segundo lugar con 188 pesos. Telcel, que concentra el 71.3% del mercado, recauda por cliente 175 pesos al mes, y la española Movistar, el segundo mayor operador de telefonía móvil en el país, tiene una facturación promedio por usuario de 96 pesos.

Por el tamaño de estas empresas, la banda de 2.5 GHz es una oportunidad de complementar sus servicios de telefonía móvil, fija, internet y/o televisión restringida.

Con más espectro darían servicios móviles de cuarta generación, cuya principal ventaja son las altas velocidades de transmisión por su gran ancho de banda, dice el director de CIU, Ernesto Piedras.

"Nextel, por ejemplo, el espectro que obtuvo en la licitación 21 para servicios de telefonía móvil empata perfectamente con las posibilidades de complementar su oferta con algún bloque más que pudiera obtener de la banda 2.5 GHz", explica el especialista.

El espectro concesionado en otras frecuencias a los actuales jugadores no será un obstáculo para concursar por el espectro que tiene MVS, agrega.

Claro que, de licitar la banda, el gobierno debería definir los Límites de Acumulación de Espectro a través de la Comisión Federal de Competencia, advierte Negrete.

"De no analizarlo se corre el riesgo de que la licitación beneficie a los promotores e impulsores del rescate".

El interés por el mayor espectro es porque en los próximos cuatros años se espera que el mercado de la telefonía móvil pase de los 96.6 millones de suscriptores actuales a más de 125 millones.

"Los operadores móviles se podrían sacar los ojos entre ellos por entrar a una licitación de la 2.5 GHz. Incluso empresas de televisión restringida también estarían interesadas", agrega Negrete, quien dice que eso frenará la llegada de nuevos jugadores al país.

Empresas como Telmex, AXtel, Maxcom y Megacable son las potenciales interesadas en la licitación de esta banda. Aunque la más seducida sería Televisa, con sus empresas de TV de paga Sky, Cablevisión, TVI, Cablemás y la telefónica Bestel. Su reciente inversión en la operadora de móviles Iusacell la empuja a participar en una potencial licitación.

"A Grupo Televisa le interesa para consolidar un nicho de mercado de usuarios corporativos y de altos ingresos que realizan un uso intensivo de los servicios de telecomunicaciones de voz, datos y video en un entorno de movilidad", opina la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Aleida Calleja.

"El espectro que usufructúa Iusacell-Unefón, además de la telefonía móvil, será utilizado para el ‘multiplay' (dos o más servicios); de ahí el interés de Televisa por reordenar la banda 2.5 Ghz", precisa Calleja.

El origen del problema, subraya Negrete, radica en la ausencia de una política eficiente de administración y reordenamiento del espectro radioeléctrico: "Mientras el gobierno no tenga claro el rumbo de a dónde quiere ir, no habrá ganador absoluto".

Para tener un marco normativo que impulse la competencia en el sector, dice el ex diputado y ahora senador Javier Corral Jurado, "hay que reformar alrededor de 10 leyes y la Constitución".

En tanto, el ex diputado Rodrigo Pérez Alonso dice que se deben reformar las leyes del sector telecomunicaciones para crear un solo órgano con facultades reguladoras, que concentre las funciones de la SCT, la Secretaría de Hacienda y la Cofetel. Esto daría certeza jurídica a las inversiones nacionales e internacionales y favorecería la competencia.

Con información de Leonardo Peralta y Norma Jiménez

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