Perú y su ambición

El país andino le pisa los talones a su vecino Chile como mayor productor mundial de cobre, pero debe manejar las disputas entre las comunidades y las empresas mineras.
mina morococha exp 1112  (Foto: CNN)
Andres Schipani / Financial Times

Recién construido a 5,200 metros en los Andes peruanos, el pueblo que pronto será bautizado como Nueva Morococha es un lugar incongruente. Sus hileras inmaculadas de techos rojos dominan un valle con forma de tazón.

Chinalco, una minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unos 3,500 habitantes del pueblo de Morococha, un antiguo campamento minero construido sobre una pila de desechos a principios del siglo XX. Nueva Morococha exhibe calles asfaltadas, escuelas, parques con juegos infantiles, una iglesia  y plantas procesadoras de agua. Es un claro contraste con el viejo pueblo, a 15 minutos de distancia subiendo la montaña, donde se amontonan casitas humildes y chozas de adobe con techos oxidados de metal corrugado sobre caminos llenos de baches. Allí, el aire está impregnado de un olor penetrante que proviene de las letrinas comunales. 

La razón por la cual Chinalco reubicó a los pobladores es evidente en las cicatrices acanaladas de las montañas con forma de cono, de tonos ocres, que cuelgan amenazantes sobre el  viejo pueblo. Es aquí, en Toromocho, donde Chinalco invierte 2,200 millones de dólares en una mina de cobre y una planta de procesamiento.

Según la empresa, 77% de los hogares, unas 900 familias, aceptaron mudarse. Dice que aún está calculando el costo de reubicar a las familias, pero estima que será entre 150 y 200 mdd.

El problema es que no todos están listos para mudarse. Marcial Salomé, el alcalde de Morococha, se enfrentó a Chinalco y prometió no irse al nuevo pueblo hasta obtener lo que cree le pertenece a su gente. "No me opongo al traslado, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo", dice. Representa a cientos de residentes que se oponen a los términos de la reubicación. Quiere que Chinalco garantice empleos en la nueva mina y que compense a los pobladores con 300 mdd por destruir su pueblo. "Es nuestro hogar. Necesitamos defender lo que es nuestro". 

La resistencia de Salomé contra Chinalco es un ejemplo de las crecientes tensiones sociales que plantean uno de los desafíos más difíciles para las aspiraciones peruanas de competir con Chile por la supremacía como productores mundiales de cobre.

Las metas de Lima son ambiciosas. Si Perú recibe todas las inversiones pendientes por concretar en los próximos 10 años -unos 53,000 mdd para 52 proyectos- en 2025 producirá cinco millones de toneladas anuales, con lo cual se pondría casi al nivel de Chile, el mayor productor mundial de cobre con 5.7 millones de toneladas. Perú es hoy el tercer productor mundial, con 1.3 millones de toneladas, y la minería, que representa 15% del PIB, es la columna vertebral de la economía.

Pero la explotación de las reservas de cobre es un espinoso desafío político para el presidente Ollanta Humala. Mientras muchas de las minas de Chile se ubican en áreas remotas y deshabitadas, como el desierto de Atacama, el cobre de Perú se encuentra cerca de los pueblos de comunidades indígenas.

Esto ha obligado a Humala a realizar actos de  malabarismo. El ex militar de 50 años ganó unas reñidas elecciones en 2011 sobre una plataforma socialdemócrata y prometió apoyar a los pobres en las numerosas disputas mineras. Por otra parte, es consciente de que los miles de millones de dólares de las prometedoras inversiones mineras son cruciales para sostener el estelar crecimiento económico de 6%. Esto genera los ingresos adicionales que necesita para los programas sociales que apoyan a más de un cuarto de la población que vive bajo la línea de pobreza.

"Perú tiene el potencial minero para ser una superpotencia del cobre, y ciertamente está mucho más próximo a  serlo que hace 20 años. Por lo tanto el país avanza en esta dirección", dice Anthony Bebbington, ex consultor del Banco Mundial. "Entonces la pregunta es ¿este avance se puede sostener? Y ¿cuáles serían las condiciones sociales y políticas que permitirán que esto suceda?".

Dolorosa lección

El primer año de Humala le sirvió como una sangrienta introducción al tipo de reformas institucionales que debería realizar al enfrentarse a los conflictos cerca de la norteña ciudad de Cajamarca, conocida como el lugar donde el imperio inca encontró su fin. 

El motivo del conflicto fue el plan de inversión por 5,000 mdd de Newmont en una de las minas a cielo abierto de cobre y oro más grandes del país, Minas Conga. Los políticos y residentes locales dicen que la mina Conga, aún en construcción, afectará el suministro de agua, mientras la empresa lo niega. La cifra de muertos por este conflicto aún se discute. En julio se confirmó la muerte de cinco personas, pero grupos de activistas y ambientalistas sostienen que al menos 15 o 16 personas murieron desde septiembre de 2011.

El gobierno admite que existen más de 200 conflictos, y que otros están a punto de estallar. Los que a menudo se tornan más violentos son los relacionados con la minería y el uso del agua. No son sólo los enfrentamientos en Minas Conga, sino también en las operaciones de Xstrata en Tintaya-Antapaccay, en la región del Cusco, en el sur del país. En enero, algunas personas resultaron heridas en choques entre la policía y las comunidades locales que demandaban la suspensión del proyecto Cañariaco, de Candente Copper, en Lambayeque, en el noroeste de Perú.

Los analistas dicen que el problema con todos estos proyectos, que requerirían inversiones de casi 8,000 mdd, es que los grupos que se oponen a las actividades mineras creen que ya ganaron la batalla para detenerlas. Los manifestantes no van a aceptar los proyectos ni siquiera con las modificaciones que satisfagan sus demandas originales. 

"La mayoría de esos proyectos deberían empezar de cero. A veces es más el daño que hacen que otra cosa, es así de simple", dice Marco Arana, un ex sacerdote que estuvo al frente de las protestas en Cajamarca.

Futuro prometedor

Desde su bautismo de fuego, Humala intenta forjar una estrategia más coherente para abordar el conflicto, al ayudar a las comunidades afectadas a avanzar con proyectos de infraestructura, como educación, abastecimiento de agua y cuidado de la salud.

El alcance de los promisorios proyectos mineros da a Humala el apalancamiento financiero necesario para hacer este tipo de promesas de infraestructura, pues la producción proyectada de minas como Toromocho llena de confianza a los líderes peruanos. Se espera que la mina de Chinalco produzca un promedio de 250,000 toneladas de cobre anuales durante 36 años. China, que en 2011 importó 55% de su cobre sin refinar, será el principal cliente. Se anticipa un aumento de las importaciones de China en los próximos años, y se espera que la demanda crezca un 3% anual entre 2012 y 2016.

El ministro peruano de minería, Jorge Merino, cree que estos niveles de demanda atraerán inversionistas a su país. "Chile tiene reservas viejas... Perú tiene nuevos proyectos, nuevas áreas de exploración, y por eso sigue siendo atractivo", señala.

El gobierno acoge con los brazos abiertos a los inversionistas. El año pasado otorgó 4,668 permisos de minería para 582 empresas, lo que supera los 3,100 que dio en 2011, según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú. BHP Billiton recibió 144 permisos, mientras Buenaventura -el socio peruano de Newmont- recibió 100 y Barrick Gold, 84.

Las inversiones marchan a toda maquina. La estadounidense Southern Copper va a expandir sus minas Toquepala y Tía María con una inversión de 1,600 mdd, Freeport-McMoRan aprobó 4,000 mdd para extender sus operaciones Cerro Verde en Arequipa, en el sur, mientras que Antamina invierte más de 1,000 mdd en sus propios planes de crecimiento y Anglo American está lista para invertir 3,000 mdd en Quellaveco.

"Somos un país bendecido por Dios por nuestros minerales. Ya somos una superpotencia minera y estamos destinados a convertirnos en una superpotencia del cobre", dice Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de Xstrata en Perú. La empresa ha invertido más de 6,000 mdd para construir su proyecto Tintaya-Antapaccay, y su proyecto insignia, Las Bambas, tendrá un costo final de 5,200 mdd. Cuando entre en operaciones, será la mayor mina de cobre de Perú, y se espera que inicialmente produzca 400,000 toneladas anuales a partir de 2015. De manera similar a Chinalco, Xstrata también reubicará a 475 familias. A pesar de contar con una buena mano, Humala debe jugar sus cartas con inteligencia. La Sociedad Nacional de Minería advirtió que varios proyectos ya están en duda debido a los problemas sociales, y las organizaciones de Cajamarca que se oponen a las mineras se ubican al frente de la resistencia contra proyectos en otras regiones.

Esto es evidente en el caso de Tía María, de Southern Copper, un proyecto por 1,000 mdd en Arequipa. Los campesinos impidieron que el proyecto avanzara en 2011, con el argumento de que agotaría el abastecimiento de agua para la agricultura.

El proyecto de cobre Quellaveco, de Anglo American, por 3,000 mdd, también en el sur, es otra prueba importante para Humala y su gobierno. La empresa acordó establecer un fondo social de 385 mdd para desarrollo y anunció que tomará una decisión final sobre este proyecto luego de su próxima reunión de junta en abril. Anglo American recibió una "licencia social" en julio, luego de años de negociaciones con las comunidades.

Navegando la tormenta

A pesar de las disputas, Humala parece capear el temporal. Las encuestas recientes ubican su popularidad sobre 50%, lo cual ha llevado a algunos analistas a llamarlo "el presidente Teflón". El apoyo al presidente aumentó, en gran medida, debido a que la ferocidad de muchas disputas comenzó a disminuir.

No ha habido más muertes desde el conflicto de Minas Conga. Algunos creen que esto se debe a que los proyectos de minería hacen ahora procesos de selección más eficaces, ayudados por nuevas agencias. Merino, el ministro de Minería, insiste en que la mejor manera de combatir la pobreza es con una industria minera apropiadamente regulada "que proteja el medio ambiente y que incluya a los más pobres".

El gobierno también intenta suavizar las disputas al involucrar directamente a las autoridades regionales en los procesos de gestión y resolución de conflictos, así como en las negociaciones para los proyectos. Por último, el gobierno deposita su confianza en una ley anterior -que exige que el gobierno consulte a las comunidades locales antes de iniciar grandes proyectos de minería- para evitar conflictos, si bien esto ha provocado el escepticismo general.

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De vuelta en Toromocho, Chinalco sigue adelante. Para Ezio Buselli, el vicepresidente de Medio Ambiente y de Asuntos Corporativos de la empresa, el eje del conflicto es que las inversiones en Perú avanzaron más rápido que las políticas sociales, y muchas personas sienten que las dejaron rezagadas.

"En tiempos de bonanza, todos quieren invertir", dice Buselli. "Cuando todos invierten, entonces todos quieren subirse al mismo tren".

LA MINERÍA ILEGAL SACA SU REBANADA
La extracción no regulada creció hasta convertirse en una industria con peso propio.
A los desafíos que enfrenta el presidente Humala se suma el problema del inmenso aumento de la minería ilegal e informal y de cómo abordarla de la mejor manera. La actividad minera no regulada pasó del uso de métodos artesanales a procesos de extracción mucho más industrializados.
El año pasado, el gobierno aprobó decretos contra la minería ilegal. En un primer momento se enfocó en abordar las actividades ilegales en la Amazonia, donde cada año se extraen más de 20 toneladas de oro aluvial, con un valor de aproximadamente 200,000 mdd. La medida desató protestas violentas en las que quemaron numerosos edificios y tres personas murieron.
Como respuesta, el gobierno ofreció un medio para que ciertas operaciones ilegales declararan que eran “informales” con deseo de “formalizar” su actividad en un futuro cercano. Perú tiene 100,0000 mineros “informales” pero, según el Ministerio de Minería, 70% ya acata las nuevas leyes. “Tenemos que diferenciar entre la minería informal y la ilegal”, dice Jorge Merino, el ministro del ramo. “Los mineros informales son aquellos que han encontrado en la minería un medio de vida bajo su propio riesgo, y tenemos que formalizarlos para que puedan tener el apoyo del Estado. En cambio, los mineros ilegales utilizan maquinaria pesada e infraestructura para saquear y destruir [el medio ambiente] y no podemos dejar que esto suceda”.
La minería ilegal se ha expandido desde la región de la Amazonia a otras áreas ricas en mineral, como Apurimac, donde cada día unos 2,000 mineros ilegales extraen unas 10 toneladas de cobre de la concesión Las Bambas, de Xstrata, y sus alrededores.
“Esto no es minería artesanal para el sustento de pequeños grupos de familias empobrecidas. Esto alimenta a las mafias”, dice un ejecutivo de Xstrata. “Ahora compiten con la minería legal”.
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