Hacia la nueva banca mexicana

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F. Jorge Gaxiola Moraila

El sector bancario ha tenido episodios determinantes en 24 años: expropiación de sus acciones, privatización, crisis sistémica, saneamiento y reconstitución, entre muchos otros.

Cuatro bancos privados sobrevivieron a la crisis de 1994-1995. El sistema ahora tiene 30 bancos; hay instituciones en etapa preoperativa y existen autorizaciones en trámite para que otras entidades financieras participen en el mercado.

Los bancos en México han recuperado su función canalizadora del ahorro. Durante la crisis de los 90, la mayoría de los recursos se destinaban a deuda gubernamental; a junio de 2006 los recursos crediticios de los bancos comerciales estaban mayoritariamente localizados en financiamientos comerciales (36.3%), al consumo (24.9%) y a la vivienda (16.4%).

El marco normativo de los bancos también evolucionó rápidamente. La Ley de Instituciones de Crédito de 1990 ha sido reformada en casi todos sus artículos. La normatividad secundaria es más moderna, sistemática y ordenada.

Sin embargo, el desarrollo institucional en México no ha ido a la par del sistema bancario. La actividad bancaria se despliega bajo regulaciones internacionales y, al mismo tiempo, opera con instituciones federales y locales con atrasos importantes, como es el caso de la mayoría de los registros públicos de la propiedad (administrados por las entidades federativas) y de algunos órganos locales y federales de procuración y administración de justicia. Un mayor desarrollo institucional haría más eficiente la operación bancaria, fomentaría la actividad y reduciría los costos.

Dinámica de la regulación
Debe seguirse la política de mejorar la competencia diversificando los actores y con información suficiente para que el cliente favorezca al mejor banco y ello beneficie al sector.

Pero esto no debe vulnerar la solidez de la banca ni sentarse en bases inequitativas. Los nuevos agentes promoverán la competencia sólo si cuentan con capital, liquidez, tecnología, independencia y bases operativas adecuadas.

Un aspecto que hay que resolver en el futuro próximo tiene que ver con el nivel máximo de interrelación patrimonial y corporativa entre industria, comercio y banca. En el mundo se ha procurado evitar que los bancos inviertan una parte importante de su capital en negocios no financieros y, consecuentemente, para impedir que los consorcios industriales o comerciales controlen bancos o incidan de forma indebida en sus decisiones. Esta separación evita la transferencia de costos o de riesgos que pueden poner en peligro la solvencia de la banca y con ello, al sistema financiero y de pagos.

Deben continuarse los esfuerzos para que la regulación sea eficiente, con la menor cantidad de costos y cargas posibles a los bancos. Cuando las regulaciones resultan demasiado gravosas, no sólo se encarecen los servicios, sino además frenan la expansión de la actividad bancaria y fomentan la intermediación financiera de actores no institucionales.

La regulación financiera en el mundo ha tendido a sujetar los intereses y comisiones de los bancos a la competencia económica más que a topes obligatorios. Itzhak Swary y Barry Topf revelan en su libro La desregulación financiera global (fce, 1993) que la desregulación de las tasas de interés ha producido una reducción de los ingresos de los bancos por concepto de intereses a nivel mundial.

La regulación debe asegurar que la banca esté capitalizada, sujeta a reglas estrictas de transparencia, inmersa en una mayor competencia y operando bajo principios de gobierno corporativo. Este enfoque promovería la actividad, al enfocarse fundamentalmente en la protección a los ahorradores mediante un seguro de depósito (como el ipab), la protección a la economía de las vicisitudes del sistema financiero y la orientación y protección a los clientes de los bancos.

El Congreso está analizando una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que detalla los procedimientos administrativos ante las autoridades financieras y establece un catálogo más detallado y estricto de sanciones administrativas y penales a los bancos y a sus funcionarios. El gobierno ha dado a conocer que trabaja en una iniciativa de quiebras bancarias, con lo que prácticamente se cerrarían el proceso de revisión integral de la legislación bancaria (que ya incorporó alertas tempranas y mecanismos para resolver problemas de insolvencia o liquidez).

La existencia de diversas autoridades financieras federales (Banxico, shcp, cnbv, ipab, Condusef) en ocasiones encarece el costo regulatorio para los bancos. Convendría consolidar la tendencia que respeta la autonomía de Banxico y concentra la mayoría de los aspectos operativos de la regulación en la cnbv. También deben revisarse las reglas de deuda pública federal y local, pues dificultan la aplicación de mecanismos modernos de financiamiento e impiden el acceso a crédito a los municipios más pobres. El problema se agrava con legislaciones locales inapropiadas y con mecanismos de garantía complejos y riesgosos en mayor o menor grado.

Bancarización
Es prioritario seguir extendiendo la cobertura y diversidad de servicios financieros a un mayor número de personas y regiones. Para ello deberán crecer las redes de intermediarios especializados y de la banca, tanto en forma directa (sucursales, oficinas y cajeros) como indirecta, por medio de prestadores de servicios sujetos a controles adecuados (outsourcing). Sería conveniente difundir una mayor cultura bancaria en la que resulte fácil comprender la lógica de la intermediación y el papel de los principales agentes: los ahorradores necesitan seguridad y rendimientos; los acreditados necesitan dinero prestado a tasas y plazos accesibles con la menor restricción posible a su actividad, y los inversionistas de los bancos requieren incentivos para recuperar su capital con un rendimiento apropiado.

La regulación también busca reducir las asimetrías existentes entre los bancos y sus clientes. El principal elemento para ese fin es que la clientela tenga fácil acceso a información para estar en aptitud de tomar decisiones. Los bancos deben mejorar sus mecanismos internos para atender las reclamaciones y quejas de los usuarios, con lo cual no sólo cumplen un deber legal, sino además aumentan su capacidad de mantener e incrementar su clientela.

Entorno institucional
Otra prioridad es consolidar el estado de derecho que supone una mayor efectividad de la legislación en la sociedad y en su gobierno y niveles aceptables de seguridad pública. A nivel local debe impulsarse el desarrollo administrativo y el control interno. Los registros públicos de la propiedad, los órganos de procuración de justicia y los tribunales locales merecen especial atención.

El aspecto legislativo es determinante para el desarrollo de la banca. El fortalecimiento del Congreso de la Unión denota una maduración política e institucional de México, pero en ocasiones también deriva en inflación legislativa y en iniciativas motivadas con fines de notoriedad y aprobadas por acuerdos políticos. La elaboración de leyes debe sujetarse a consideraciones de constitucionalidad, técnica legislativa y medición del impacto regulatorio. Se necesita un Poder Legislativo que produzca menos leyes, pero más deliberadas, analizadas y cuidadosamente elaboradas.

El autor es socio del despacho jurídico Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C.

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