La deuda verde

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Gustavo Carvajal Isunza

Hace seis años se formó el G-25, un grupo de expertos que haría propuestas para solucionar los retos ambientales que enfrentaría el ganador de las elecciones presidenciales. La discusión se centró en el diagnóstico de la problemática, el marco normativo para resolverla, el presupuesto y el diseño institucional existente, así como en el perfil de las personas que debían encabezar ese esfuerzo. Hoy los temas a discutir son otros, pues muchos asuntos que ocuparon el debate hace seis años fueron relativamente atendidos.

Ahora sobran diagnósticos. Sabemos con detalle las razones, la magnitud y las necesidades de la deforestación, desertificación y erosión; de la pérdida de biodiversidad y del declive en nuestras pesquerías; de las afectaciones a las zonas costeras; de la contaminación del agua y del manejo irresponsable de residuos peligrosos; del fenómeno del cambio climático, y de los avances en el combate a la contaminación del aire en grandes ciudades.

El marco normativo en materia ambiental ha sido ya elaborado. Requiere de adecuaciones y ajustes periódicos pero no es un pendiente que impida resolver los problemas. Al respecto, es indispensable que el Poder Legislativo comprenda que cuando haya que modificar una ley ambiental, debe discutirse ampliamente y abandonar el paradigma de que, por relacionarse con el medio ambiente, es inherentemente buena y merece ser aprobada por unanimidad y sin mayor análisis. Esto ha propiciado una captura regulatoria por parte del sector industrial, debido a que es el único sector que realiza un cabildeo permanente en ambas cámaras para modificar los proyectos de ley a su conveniencia.

Una demanda recurrente del sector ambiental ha sido la obtención de mayor presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En los últimos años esto ocurrió. El reto es sostener y/o incrementar los niveles de presupuesto actual pero haciendo más eficiente su aplicación. Paralelamente es posible incrementar el gasto ambiental convenciendo a otras dependencias y órdenes de gobierno de ejercer su presupuesto de manera tal que se vayan logrando, de forma directa o como externalidades positivas, los objetivos ambientales nacionales. Es pertinente señalar que la Comisión Nacional del Agua (CNA) requiere de aumentos significativos de presupuesto para la consecución de sus objetivos no ambientales como lo son el abasto universal de agua potable y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica nacional.

No se requiere rediseñar la Semarnat. Sin embargo, su diseño institucional sí admite ajustes en las funciones de algunas áreas de gobierno. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continúa subutilizada debiendo reubicarse todas las funciones que no sean estrictamente de inspección y vigilancia en otras áreas de la Secretaría. Lo anterior, para lograr economías de escala y una aplicación más eficiente de su presupuesto.

La selección de quienes encabezarán tanto la Semarnat como la CNA son decisiones clave para lograr los objetivos ambientales. La experiencia demuestra que la peor alternativa es importar políticos que desempeñan por igual cualquier posición partidaria, administrativa o legislativa. En este momento, se requiere de personajes con capacidad técnica, manejo político y “nombre” suficientemente respetado, de tal forma que puedan negociar con sus pares en la administración pública y con autoridades en los estados y municipios. Es desde esas trincheras donde se planean y ejecutan muchas de las políticas necesarias para atender los problemas ambientales. Asimismo, es indispensable que el Ejecutivo Federal instruya a los nuevos titulares de la Semarnat y la CNA para trabajar de manera conjunta y no, como ha ocurrido desde que se creó la Secretaría, dándose la espalda a la primera oportunidad.

Hay algunas acciones a las que el nuevo gobierno tendrá que comprometerse. La creación y el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas deben continuar. Debe enfocarse a hacer corresponsables a los sectores social y privado en el manejo y sostenimiento de estas reservas, para que en el mediano plazo se manejen con una mínima intervención del Estado. Asimismo, tendría que seleccionar algunas áreas cuyo valor en biodiversidad amerite comprarlas para su conservación con fondos públicos y/o privados.

La disposición irregular de residuos peligrosos a lo largo y ancho del país es inaceptable. Van 12 años en que se pretende (y no se logra) generar infraestructura de disposición final. Es justificada, pues, la intervención del Estado, que debe seleccionar sitios adecuados (los estudios están hechos) y obtener los permisos necesarios para luego concesionar la operación a particulares para así recuperar su inversión.

El incumplimiento de las Normas Oficiales de descarga de aguas residuales por parte de los municipios es ya parte de nuestra cultura y es imperativo romper con esta inercia. La solución pasa por el diseño de apoyos e incentivos otorgados bajo un sistema de puntos o uno similar (sirve la experiencia del Programa para la Modernización de los Prestadores del Servicio de Agua y Saneamiento, Promagua). Y conforme el municipio vaya logrando objetivos puntuales, acceda también a fondos federales de apoyo. Esto debe aplicar cuando el municipio se encargue directamente de la actividad como cuando exista un concesionario. Los municipios incumplen flagrantemente con sus obligaciones constitucionales transformando el país en un basurero. También es necesario el diseño de un sistema de incentivos que, cumpliendo ciertos parámetros y objetivos (como la construcción de rellenos sanitarios conforme a la norma oficial), puedan acceder a fondos federales de apoyo.

Los incrementos presupuestales futuros a favor de la Secretaría deben indiscutiblemente dirigirse a la creación de los fondos referidos en los dos párrafos anteriores. En todo caso, los fondos pueden administrarse desde Banobras aunque la experiencia dicta que la mera inclusión de un actor institucional adicional puede complicar los esfuerzos.

La reducción de la tasa de deforestación y la protección de la biodiversidad pasa por una externalidad negativa del reparto agrario del siglo XX que atomizó la propiedad del territorio en ejidatarios, comuneros y avecindados. Los objetivos de conservación de bienes públicos en dichas propiedades necesitan de acuerdos con muchos individuos y grupos que tienen objetivos legítimos de cortísimo plazo (dar de comer y sostener a sus familias). Por lo tanto, es indispensable compensar de manera justa los costos de oportunidad de la conservación del territorio, pero casi siempre el problema es que no son claros los derechos de propiedad. Es impostergable modernizar el Registro Agrario Nacional y dotar de recursos al Tribunal Superior Agrario, en particular a sus salas regionales para que puedan, con celeridad, resolver litigios sobre los derechos de propiedad en las zonas rurales del país. No hacerlo es condenarnos a la destrucción de nuestros bosques y a la pérdida de oportunidades de negocio entre los sectores social y privado.

El autor es coordinador del Programa de Desarrollo Sustentable y Regulación del ITAM.

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