La guerra del manglar

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Ana Lourdes Esquivel

La mañana del 28 de septiembre de 2006, la sala de juntas del piso 35 del edificio de la Semarnat, en la Ciudad de México, estaba casi llena. Desde principios de año, ahí se reunía periódicamente un grupo de académicos, ecologistas, empresarios del ramo turístico y funcionarios del gobierno para establecer las reglas de preservación en las zonas de los manglares. Aunque los representantes del sector empresarial no habían asistido a dichas sesiones desde marzo, ese jueves de septiembre los delegados de la iniciativa privada llegaron cinco minutos antes de que empezara la reunión.

Esa sesión en la Semarnat era la antesala de un cambio que haría más rigurosa la Norma Oficial Mexicana (NOM) para preservar los manglares, afectando en forma directa al sector hotelero. Por eso, el regreso de los representantes del sector turístico al grupo de trabajo, después de una larga ausencia, levantó suspicacias entre los asistentes habituales a estas reuniones.

En todo caso, no tuvieron que esperar mucho para conocer qué hacían ahí las huestes del sector privado y el notario público que los acompañaba. Cuando apenas habían pasado cinco minutos de la reunión, Octavio Carvajal, representante del Grupo Quintana Roo, pidió la palabra y solemne dijo: “Solicitamos que se suspenda la reunión del grupo de trabajo”. El argumento que esgrimía era la existencia de una demanda de nulidad interpuesta por los empresarios ante un juez de la región metropolitana. Apoyaron la propuesta Guadalupe Moliente, representante de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), y Julio Martínez, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

El coordinador del grupo de trabajo, Roberto Remes, funcionario de la Semarnat, dijo que la dependencia estaba enterada de este juicio, pero que el mismo departamento jurídico de dicha dependencia había determinado que el proceso podía seguir. “La segunda sala está en revisión de la aceptación de las medidas precautorias solicitadas por Amdetur”, reconoció. “Y en ningún momento ha determinado detener el proceso”.

Hubo enojo y amenazas por parte de Carvajal. Para entonces, apenas habían pasado unos 15 minutos desde el inicio de la reunión. Carvajal, Moliente y Martínez pidieron al notario público que los acompañaba, Armando Gálvez, que asentara en un acta que los representantes del sector privado abandonaban la mesa del grupo de trabajo. Los cuatro tomaron sus cosas y se marcharon.

La guerra entre desarrolladores turísticos y los grupos a favor de la ecología estaba declarada.

Salven el manglar
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) calcula que durante el siglo pasado se perdieron en el planeta unos 1.7 millones de hectáreas de manglar. Esta superficie es equivalente al territorio de Rusia. En México, la devastación de manglares avanza entre 1.9 y 2.5% anualmente, tasas superiores al promedio internacional de 1%.

La industria hotelera es señalada como la gran causante de la alarmante pérdida de humedales en el país. Quizá por eso, cada vez que un político promete que promoverá el turismo, los árboles de mangle se agitan y los ecologistas se ponen en alerta.

De acuerdo con el censo más reciente del Instituto Nacional de Ecología (INE), en el país hay 886,000 hectáreas de manglar, 70,000 menos que los registrados en 2003. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas calcula que en los últimos 25 años México ha perdido 350,000 hectáreas de manglares. De mantenerse el ritmo actual de destrucción, en 2025 el país carecerá de la mitad de los humedales que existen en la actualidad.

Los grupos ecologistas argumentan que la destrucción de estos ecosistemas constituye un grave riesgo para esas zonas porque significa la pérdida de beneficios y servicios ambientales invaluables.

Los manglares constituyen las plantas de tratamiento de agua de la naturaleza debido a sus funciones de filtrar toxinas y nutrientes y mezclar el agua dulce con la sal. También son poderosos combatientes contra la erosión y sus características naturales los convierten en rica fuente de alimento y en refugio seguro para aves, peces, crustáceos y otras especies. Pero el efecto más importante es su capacidad de absorber la energía de las olas y del viento, y de actuar como barrera natural contra inundaciones y huracanes.

En el tsunami que azotó a Indonesia, las zonas que registraron menores daños fueron precisamente aquellas donde había mayor presencia de manglares. En México, los destrozos de los huracanes Stan y Wilma no hubieran sido tan graves si antes no se hubiera dañado el manglar, alegan los ecologistas. La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Pilar Guerrero Rubio le ve a este asunto una arista económica. Asegura que el gasto de 235 millones de pesos que hizo el gobierno federal para recuperar 11.6 kilómetros de playa en Cancún pudo haberse evitado si no se hubiera destruido el manglar de la zona.

Por el otro lado, el sector turístico es uno de los pocos motores económicos que se ha mantenido encendido en los últimos años. Tan sólo entre 2001 y mayo de 2006, la inversión acumulada en este sector en los 10 estados con mayor actividad turística suma 10,000 millones de dólares. Desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, el turismo ha creado miles de empleos.

Aunque la pérdida del manglar es grave en todos los estados costeros, la actividad turística no es la única culpable. Según Esperanza Salazar, miembro de la organización civil BiosIguana y representante en México de Redmanglar Internacional, la pérdida de este ecosistema en Nayarit y Sinaloa se explica también por los proyectos de camaronicultura y por la construcción de marinas. En el caso de Veracruz, Tabasco y Campeche, la industria petrolera y portuaria son el motivo primordial de la pérdida de manglares.

Cambio de rumbo
En mayo de 2003 se decretó la Norma Oficial Mexicana 022, que establecía las especificaciones para la preservación, el aprovechamiento sustentable y la restauración de humedales costeros en zonas de manglar. La norma era resultado de siete años de estudios y propuestas de instituciones de investigación, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales. Los ambientalistas estaban de plácemes porque esta normatividad garantizaba la protección de los manglares.

Apenas había transcurrido un año de la norma cuando Alberto Cárdenas, entonces secretario de la Semarnat, promovió un cambio sustancial que permitía el desarrollo de proyectos sobre los manglares a cambio de una compensación por dañar el medio ambiente.

Para algunas agrupaciones ecologistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, Defenders of Wildlife y Bios Iguana, este cambio fue ilegal porque no hubo consulta pública. Criticaron que el nuevo entorno promovía la destrucción de los manglares y que los funcionarios del gobierno habían cedido a las presiones que los desarrolladores del sector turístico y portuario habían ejercido sobre ellos. “Era como si no hubiera legislación alguna”, asegura Alejandro Olivera, coordinador del área de Océanos de Greenpeace México.

Los resultados comenzaron a verse casi de inmediato. A partir de 2003, se han autorizado construcciones en 201 hectáreas de manglares, y la mitad de ellas corresponden a un solo proyecto: la tercera etapa del desarrollo turístico conocido como Costa Cancún, en Quintana Roo, promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

De nuevo a revisión
Los reclamos de organizaciones sociales y académicas motivaron que, a principios de este año, la Semarnat creara una comisión para revisar la Norma 022. Después de ocho meses de labor, el grupo de trabajo proponía limitar la construcción sobre manglares hasta 5% de la superficie, en el mejor de los casos. Esta propuesta, sin embargo, estaba muy lejos de 35% que querían los empresarios.

“Semarnat ha sido el principal obstáculo para el crecimiento de la industria turística en este sexenio”, dijo Ernesto Coppel Kelly, presidente de Amdetur, en la ponencia que ofreció durante la asamblea de la Asociación. “Si fuera por ellos, no nos dejarían pegar un ladrillo más”.

Coppel Kelly es propietario de la cadena hotelera Pueblo Bonito, ubicado en Baja California Sur. Él considera que debe haber un crecimiento balanceado entre ecología y desarrollo hotelero pero asegura que los humedales están presentes a lo largo de toda la costa mexicana y necesariamente tienen que convivir con las construcciones hoteleras. “Todas las playas son manglares y dunas… si no se corrige esto a fondo y no hay una visión de largo plazo vamos a seguir sufriendo y vamos a ir muy despacio”.

Gustavo Alanis, presidente del Cemda, dice que los grupos ecologistas entienden que el país necesita los empleos y el desarrollo económico que el sector turístico genera, pero que el problema es el costo del mismo. “No estamos opuestos a que haya desarrollo”, afirma. “El problema es que este desarrollo no respeta la ley ni a la naturaleza, y lo que está en juego es el capital natural del país”.

Francisco Madrid Flores, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), no cree que la industria turística sea la causante del deterioro de los manglares. “Ninguna fuente científica ha demostrado que sea el turismo el culpable de la desaparición del manglar”. Para el funcionario, son otras actividades, como las portuarias, petroleras y pesqueras, las que tienen un efecto grave sobre los recursos naturales de esas zonas.

Ahora, eso ya no está a discusión. Debido al recurso legal que impulsaron los empresarios del sector turismo hace dos meses se detuvieron los trabajos de la comisión que intentaba modificar la Norma 022. Los ecologistas creen que los desarrollos turísticos seguirán avanzando sobre los manglares sin restricción alguna, acaso justificados por los mecanismos de compensación que contempla la regulación modificada en 2004.

Los ambientalistas temen también que los recursos económicos que, supuestamente, compensarían el daño a los manglares sigan siendo utilizados para causas ajenas al cuidado de los mismos, como la compra de vehículos para el municipio o la creación de parques deportivos, pues a la fecha no hay un organismo del gobierno que verifique el destino que se les da a estos recursos.

En otros casos, aseguran, los hoteleros cumplen con la exigencia de sembrar árboles pertenecientes al bosque de mangle pero tampoco existe una supervisión o control adecuado para garantizar que se repone la superficie de manglar afectada. Según Greenpeace, algunos de ellos han llegado al descaro de sembrar en maceta los árboles que están obligados a reponer, y los utilizan como elemento decorativo en sus hoteles.

A juzgar por los números, la compensación que fija la norma es injusta. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) valuó los manglares en 10,000 pesos la hectárea. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) le asigna un valor económico de entre 200,000 y 900,000 dólares por hectárea de manglar por año.

La batalla que viene
Mientras los manglares permanecen como testigos mudos de esta disputa, cada uno de los actores prepara sus estrategias para los próximos meses. “Con norma o sin norma, tenemos la capacidad de proteger los manglares”, señaló en octubre pasado el actual secretario de la Semarnat, José Luis Luege Tamargo.

Por su parte, la Secretaría de Turismo ha propuesto crear corredores turísticos que cuenten como requisito previo a su construcción con una manifestación de impacto ambiental integral y que cumplan con una lista clara de requisitos que no puedan ser modificados al antojo de actores como los presidentes municipales. “Esto evitaría el burocratismo y la corrupción que acompañan regularmente a la presentación de solicitudes individuales de inversiones de hoteleros e infraestructura turística hotelera”, dice el secretario, Rodolfo Elizondo.

En octubre pasado, la fracción del PVEM en el Senado de la República, encabezada por Francisco Agundis Arias, presentó a los legisladores un punto de acuerdo en el que exhortan a la Semarnat para que cancele el acuerdo de mayo de 2004 que modificó la Norma Oficial Mexicana 022.

Para las organizaciones ambientalistas, la suspensión promovida por los desarrolladores turísticos no significa el fin de esta historia y ya anunciaron un frente común, encabezado por Greenpeace, Defenders of Wildlife y el Cemda, para iniciar el contraataque.

Los ecologistas también buscan anular la modificación de la norma efectuada en 2004. Y son optimistas en esta tarea. Ellos creen que las omisiones y errores de la Semarnat son fácilmente demostrables y que esto les permitirá echar atrás esta modificación. “Lo único que esperamos es que el Poder Judicial se convierta en el fiel de esta balanza”, dice Alanis, del Cemda. El directivo espera que entre marzo y abril del año que entra puedan retomar las negociaciones con el sector privado, pues la ley obliga a revisar esta norma en 2008.

Mientras los ambientalistas dan la pelea en el campo legal, el tradicional activismo de los ecologistas también se hará sentir de otras maneras. Líder Góngora, secretario ejecutivo de Redmanglar Internacional, dice que México será la sede en 2007 de la Asamblea General de Redmanglar Internacional, y advierte que en ese encuentro se levantará una vez más la voz en favor de la conservación de los humedales.

El próximo gobierno será quien lidie con este asunto, y aún no está clara su postura al respecto. Como candidato, sólo Felipe Calderón propuso en su plataforma electoral darle prioridad al turismo. El panista también fue el único que se reunió con los grupos ecologistas para discutir las posibles políticas de protección al medio ambiente que el país necesita adoptar para crear desarrollo sustentable.

“Tengo la esperanza de que aún nos podemos poner de acuerdo”, comenta Alanis.

Con información de Adolfo Ortega

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