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Redacción /

Finem, una financiera que da créditos al sector educación, no pudo tener mejor comienzo. Fue autorizada como sofol a fines de 2005. En marzo de 2006, recibió un crédito por 165 millones de pesos (MDP) para financiar a escuelas que buscaban su expansión. Tres meses después obtuvo de su acreedor otros 7.5 MDP a cambio de 16% de su capital. Y en noviembre pasado, firmó una segunda línea de crédito con la misma fuente de recursos por otros 165 MDP, que servirán para financiar programas de licenciatura a unos 3,000 jóvenes en los próximos tres años.

¿Quién es el mecenas de esta financiera? Se trata de una institución que tiene casi una década en el país: Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo del Banco Mundial que apoya con préstamos, capital de riesgo, garantías y capacitación a empresas privadas.

Lo que IFC hizo con Finem lo repite en unos 140 países en vías de desarrollo. Con las empresas mexicanas empezó a trabajar en 1958 y desde entonces hasta ahora ha invertido 5,600 millones de dólares (MDD), incluyendo 2,200 millones en créditos sindicados. De hecho, México es el tercer receptor de recursos del IFC en América Latina, después de Brasil y Argentina.

Firmas emblemáticas del país han recibido en algún momento el apoyo del IFC, tales como FEMSA, Bimbo, Fundidora Monterrey y BBVA-Bancomer. Otras empresas del tamaño de Banco del Bajío, Compartamos y Su Casita, también han obtenido créditos, capital y asesoría de este organismo.

El año fiscal de 2005, su inversión en México sumó 280 MDD, sin tomar en cuenta los créditos sindicados. En 2006 ascendió a 260 MDD. En 2007 tiene comprometidos 200 MDD en proyectos de educación, infraestructura, financieros e hipotecarios, pero están analizando 15 proyectos más, lo que podría elevar su inversión ese año a más de 300 MDD. “No tenemos un límite para invertir”, dice Paolo Martelli, gerente para México y Centroamérica del IFC. “Lo que tenemos que hacer es identificar proyectos para poder hacerlo”.

La ayuda del IFC puede ser a través de líneas de crédito a largo plazo, créditos sindicados, garantías o, incluso, capital de riesgo, según la necesidad de la empresa y del análisis que haga el organismo de su estructura de capital. El IFC también proporciona asistencia técnica a empresas y a gobiernos, y busca que los proyectos donde se involucra apoyen las áreas prioritarias para el desarrollo económico del país.

En México, una prioridad de este organismo es fomentar la cobertura de servicios financieros a la población. “Es fundamental que la población de todos los niveles tenga acceso a todo el sector financiero para que cuente con el mismo tipo de oportunidades”, afirma Martelli.

Ello explica el trabajo del IFC en iniciativas de microfinanciamiento y microahorro, como en el caso del banco Compartamos. La junta directiva del IFC autorizó un programa de apoyos por 50 MDD para esa institución. En el sector hipotecario, la estrategia es fortalecer el acceso a préstamos para vivienda y profundizar el mercado de capitales que le permita a las empresas tener un fondeo más barato. Por ejemplo, el IFC brinda a la financiera GMAC una línea de financiamiento para que ésta, a su vez, adquiera préstamos de compañías hipotecarias y con base en ellos emita bonos al mercado.

Otro objetivo es apoyar proyectos de infraestructura como la construcción de aeropuertos, puentes o carreteras, así como el sector educativo y de salud. Este año, IFC dio a ICA una garantía de crédito parcial por hasta 130.5 MDP para apoyar la expansión, modernización y operación de la carretera que une Irapuato con La Piedad. La garantía respalda un crédito sindicado por hasta 580 MDP. Éste es el primer proyecto en México ofrecido por el gobierno al sector privado bajo un tipo de asociación público privada denominada Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una figura alterna a las concesiones que el IFC ayudó al gobierno a implementar con asesoría técnica.

Pero la tarea quizá más estratégica es la modernización del sector empresarial. En ese tema, la IFC financia el desarrollo de prácticas de gobierno corporativo en empresas familiares y la internacionalización de las mismas, con líneas de crédito de hasta 10 MDD. Para este organismo, la transparencia y el control interno promueven el desarrollo de las empresas y le permiten el acceso a mejores fuentes de capital.

Además, si una compañía desea recibir financiamiento o capital de riesgo del IFC debe ajustar sus políticas internas. “Cuando invertimos siempre pedimos que exista un acuerdo de empezar a adoptar prácticas de buen gobierno”, refiere Martelli. Al recibir una inversión de 45 MDD de la IFC en su capital, los accionistas del Banco del Bajío manifestaron la idea de aprovechar la asesoría en mejores prácticas de gobierno que tiene este organismo para poder listar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en unos ocho años.

Hay criterios que deben cumplir los proyectos que apoya el organismo. Su naturaleza debe justificar la presencia del IFC y deben tener un impacto en el desarrollo. Pero hay otros en los que el impacto no va más allá de la creación de empleos. Es el caso de FEMSA, embotelladora de Coca-Cola que recibió la ayuda del IFC en 1982 tras la crisis económica que vivía el país. Esta empresa, explica Martelli, es uno de los soportes del sector de bebidas en México, gracias a la cual el país no tiene que importar muchos de los productos que fabrica la compañía regiomontana.

Para el IFC es importante que los proyectos que apoya sean “económicamente viables”. Parte de la base que una empresa que no puede producir retornos económicos “crea problemas sociales, lejos de apoyar al desarrollo”. Por ello, el sector y tamaño de la compañía que recibe el apoyo puede pertenecer a cualquier ámbito, menos a la industria de armamentos, del tabaco o de las apuestas.

Aunque no da financiamiento a los gobiernos, el IFC les brinda asesoría y asistencia técnica para crear un entorno favorable para hacer negocios. Ello fundamenta la elaboración que cada año hacen de un análisis llamado Doing Business, en el que se identifican a nivel estatal y municipal las áreas de gobierno que no ayudan a la competitividad de las empresas.

En este reporte de 2007, Aguascalientes obtuvo el primer lugar como el estado mexicano en donde es más fácil hacer negocios y Quintana Roo quedó en el último sitio.

“¿Acaso este estudio les ayuda a tomar sus decisiones de inversión?”, se le pregunta a Martelli.

“No, se hacen para ayudar a los gobiernos y a los particulares”.

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