La omisión y la supervisión, las lagunas del operativo 'Rápido y Furioso'

El informe final encontró malas estrategias, errores de juicio y fallas administrativas en el caso contra el tráfico de armas en EU
La Iniciativa Mérida es un papelito: Rosario Green
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(Reuters) -

La Cámara de Representantes presentó el reporte final sobre el fallido operativo en contra del tráfico de armas Rápido y Furioso, una operación en la que 14 funcionarios de justicia de ese país fueron señalados como responsables de haber fallado en sus acciones.

El reporte sobre la controversial operación contra el tráfico de armas fue emitido por el inspector general del Departamento de Justicia el miércoles. Aquí la información básica para entender el caso.

¿Qué fue 'Rápido y Furioso'?

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), en cooperación con algunos vendedores legales de armas, rastreó armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicano.

Luego se perdió el rastro de cerca de 2,000 armas de fuego del programa y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, como el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian A. Terry, asesinado en diciembre de 2010 en Arizona.

Según las investigaciones, el programa había contribuido en la comisión de crímenes, incluyendo la muerte de Terry, y supone un tema político ante las elecciones a la presidencia estadounidense de noviembre próximo, ya que enfrenta a republicanos y demácratas. 

¿Qué salió mal?

El reporte publicado el miércoles por el inspector general del Departamento de Justicia concentra la culpa en la ATF —dependiente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos—, su agencia en Phoenix, Arizona, la oficina en campo y la oficina del secretario de Justicia en Arizona.

El reporte cita “una serie de estrategias mal guiadas, tácticas, errores de juicio y fallas de administración que permearon los cuarteles generales de la ATF y a la división de campo en Phoenix, además de la Oficina del secretario de Justicia en el Distrito de Arizona”.

Antes de la publicación del reporte, funcionarios de la ATF en Arizona dijeron que seguían lineamientos de los cuarteles generales de la ATF en Washington.

"Aunque no se encontraron pruebas de que los agentes responsables de los casos hayan actuado de forma deshonesta o trataran de lograr algo más que la desarticulación de una peligrosa organización traficante de armas, llegamos a la conclusión de que se cometieron gran cantidad de errores durante el desarrollo y la supervisión de las investigaciones", indica el informe.

¿Fue intencional?

La muerte del agente fronterizo Terry puso la atención pública sobre Rápido y Furioso, y surgieron acusaciones de que autoridades de la dependencia omitieron intencionalmente la intercepción de armas compradas por prestanombres antes de que llegaran a las manos de los criminales, como una técnica para llegar a los “peces grandes” del tráfico de armas.

Los críticos de la supuesta estrategia argumentan que permitió que las armas llegaran a manos de los asesinos del agente Terry. "El jefe de la División Criminal, Lanny Breuer, no informó a Holder ni a su subsecretario sobre las fallas en la Operación Receptor Abierto —investigación sobre armas en la que se recurrió a estrategias similares—, de la que tuvo conocimiento en abril de 2010. Breuer reconoció dicha omisión ante el Congreso en noviembre", según el reporte oficial.

En una entrevista con la revista Fortune publicada por CNNMoney, agentes negaron lo sucedido como un método. “Justamente lo contrario: ellos dicen que aseguraron armas cada vez que podían, pero fueron paralizados por fiscales y leyes débiles que los obstaculizaron a cada paso”, detalló Fortune.

¿Cómo se politizó el tema?

Los republicanos han utilizado el tema para atacar al secretario Eric Holder y a todo su Deparatamento de Justicia de la administración Obama, y que está a cargo de la ATF.

Los investigadores del Congreso emitieron un requerimiento para los documentos básicos relacionados con la operación Rápido y Furioso, sin embargo, el presidente Barack Obama aplicó su facultad de fuero ejecutivo sobre ellos restringiendo su acceso.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, junto a un puñado de demócratas, votó a favor de declarar a Holder en desacato. La votación entre los legisladores de los partidos fue seguido por una decisión de la Cámara de llevar el asunto del desacato a la corte, donde se espera que continúe el conflicto incluso después de la elección presidencial.

El informe divulgado el miércoles concluyó que Holder no fue informado de la operación controvertida de la ATF hasta 2011, después de que la muerte de Terry incrementó los conflictos políticos del programa.

¿Qué desencadenó 'Rápido y Furioso'?

El reporte encontró que 14 empleados de la ATF y del Departamento de Justicia como responsable de la gestión en la operación fallida. El inspector general remitió la lista de los 14 para una posible acción disciplinaria, pero no recomendó sanciones penales.

El Departamento de Justicia anunció la salida de dos empleados que fueron señalados en el informe. Jason Weinstein, vicefiscal general adjunto de la división criminal, renunció. El informe dijo que él falló en transmitir la información clave acerca de las tácticas erróneas que se utilizaron en Rápido y Furioso.

El ex director interino de ATF, Ken Melson, quien había renunciado desde antes del reporte, pero que todavía estaba trabajando para la dependencia en otra función, se jubiló, según el Departamento de Justicia. 

El jefe interino de la ATF, B. Todd Jones, dijo en un comunicado que su agencia aceptó las conclusiones del informe y que la ATF determinará la acción disciplinaria a aplicar.

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En el frente político, el congresista Darrell Issa, republicano de California, un importante crítico de la administración en este tema, pidió al presidente Barack Obama "aumentar y proporcionar la rendición de cuentas" para el programa.

Holder "claramente ha conocido acerca de estos fallos inaceptables, aún no ha tomado las medidas apropiadas durante más de un año y medio", añadió Issa. El secretario de Justicia, por su parte, dijo que el informe encontró lo contrario: que los altos mandos no sabían ni autorizaron el operativo. 

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