Uruguay se desmarca en Latinoamérica con la despenalización del aborto

El país sudamericano cierra tres décadas de discusión sobre el fin del embarazo y rompe con la tradición restrictiva de la región
Ecuador debate modificar las leyes sobre aborto
Autor: Eloísa Capurro | Otra fuente: CNNMéxico

Uruguay es desde este miércoles el cuarto país en Latinoamérica después de Cuba, Guyana y Puerto Rico en legalizar el aborto. Será legal, una vez que se promulgue y reglamente la norma, para todas aquellas mujeres que así lo deseen y se encuentren en las primeras 12 semanas de gestación. 

En Argentina, tras las últimas modificaciones al Código Penal, el aborto es legal para casos de violación, cuando peligre la vida de la mujer y establece como válido el consentimiento de mujeres a partir de los 14 años. Pero la norma, denominada de aborto no punible, ha despertado críticas en algunas provincias. Ya el jefe del gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha anunciado que la vetará. Estimaciones de organizaciones médicas señalan que en el país se realizan entre 400,000 y 500,000 abortos clandestinos, y que cada año mueren 100 mujeres por esta causa.

En México, sólo la capital permite el aborto dentro de las primeras 12 semanas. El resto de los estados tiene legislación propia. 

Desde 1940, Brasil condena el aborto con penas de entre un año y tres de cárcel, salvo cuando se pone en peligro la vida de la mujer o en casos de violación. El Tribunal Supremo Federal aprobó en abril el aborto para los casos de fetos con anencefalia (un trastorno del sistema nervioso central).

Una de las legislaciones más restrictivas en la región es la chilena, donde el aborto es ilegal sin excepciones. Se han presentado proyectos de ley tendientes a introducir el aborto terapéutico (vigente hasta el golpe militar de 1973), pero todos han fracasado. En marzo de este año, en medio de un nuevo debate parlamentario, el presidente Sebastián Piñera se declaró en contra del aborto, pero dijo que la discusión “es legítima y natural”.

Tampoco el chavismo ha querido avanzar en cuanto a la discusión sobre el aborto en Venezuela. Allí la práctica se castiga con penas de entre seis meses y dos años de prisión salvo en los casos en que corra riesgo la vida o salud de la mujer. En 2010 se discutió un proyecto de reforma del Código Penal que permitía el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, que fracasó.

El aborto también es ilegal en Ecuador, salvo para casos en los que corra riesgo la vida o salud de la mujer, o si el embarazo es de una mujer con trastornos mentales que le impidan un cabal discernimiento de la situación. Actualmente la reforma del Código Penal ha supuesto la instalación del debate sobre el aborto no punible. El proyecto permitiría la interrupción del embarazo para casos de violación para todas las mujeres. El presidente, Rafael Correa, ya ha anunciado su veto a esta reforma.

En Perú, Bolivia y Colombia el aborto está autorizado para situaciones donde esté en peligro la vida o salud de la mujer o en casos de violación. En Colombia, además, el aborto es legal por malformación del feto.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, el 95% de los abortos practicados en América Latina son inseguros. Entre 2003 y 2008, el número de abortos aumentó de 4,1 millones a 4,8 millones en el continente. El 12% de todas las muertes maternas en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros. 

La diferencia uruguaya

Uruguay, un país laico y conservador, se ha colocado varias ocasiones a la vanguardia en políticas sociales. En 2009 aprobó la adopción para parejas homosexuales. A pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está garantizado por ley, la legislación sobre concubinato, aprobada en 2008, se ha convertido en un instrumento legal recurrente para las parejas homosexuales. 

No es el único proyecto polémico que enfrenta el Parlamento del país sudamericano. El gobierno de José Mujica envió en agosto un proyecto de ley por el cual el Estado se hará cargo del cultivo, producción y distribución de la marihuana. Una iniciativa que, en palabras del propio presidente, apunta a combatir la drogadicción en el país. En ese mismo sentido, en septiembre y en declaraciones a la BBC, Mujica dijo que despenalizar el aborto contribuiría a la reducción de los casos. Las cifras oficiales indican que se practican 30,000 abortos clandestinos al año.

El proyecto aprobado este miércoles por el Senado por 17 votos a favor y 14 en contra, pone fin a una discusión que arrancó con la democracia, en 1985. Contó con el apoyo del Frente Amplio, el partido de izquierda del presidente Mujica y que cuenta con mayoría en ambas cámaras. El Partido Nacional y el Partido Colorado, de derecha y centro-derecha, se opusieron. 

“Se presentaron proyectos desde 1985”, dijo a CNNMéxico la senadora Mónica Xavier, del Frente Amplio y principal impulsora de las iniciativas que previeron la legalización. "Tenemos una gran satisfacción por haber logrado concretar la sanción de esta norma, aunque no es el proyecto que originalmente propusimos”, aseguró la legisladora. Un acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Independiente, grupo minoritario de centro-izquierda, permitió la aprobación. 

“Hace casi tres décadas que el país discute la legalización del aborto”, dijo a CNNMéxico el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. El Partido Nacional y el Partido Colorado se han opuesto históricamente a los sucesivos proyectos para despenalizar el aborto. 

La futura ley, que deberá promulgar el Poder Ejecutivo en los próximos 10 días, establece la creación de un equipo multidisciplinar integrado por ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales, que guiarán a la mujer en instituciones públicas y privadas de todo el país. Mujica ya anunció que no vetará la iniciativa. 

El proyecto final establece que el aborto sólo será legal cuando la mujer haya pasado por dicho equipo médico. Después se abre un período de cinco días de “reflexión” y solo entonces la mujer decide si sigue o no con la interrupción del embarazo. 

El equipo de médicos tiene un rol “asesor e informativo”. “Informará a la mujer sobre programas sociales y económicos para posibilitar la continuidad del embarazo, sobre las posibilidades de adopción y de los riesgos inherentes al aborto. Pero fundamentalmente tiene como cometido tratar de superar las causas que determinan esa decisión de interrumpir el embarazo”, dijo.

La división social

Aunque la ley saliera adelante, la discusión puede prolongarse. Un grupo de diputados del Partido Nacional, de la oposición, participó este jueves en una iniciativa para tratar de derogar la medida por "distintas vías", incluso la petición de un referéndum. El primer paso fue la creación de una Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto, que reunirá a diversos actores sociales y políticos. 

Señalan que contiene artículos inconstitucionales y recuerdan que la Constitución de la República garantiza el derecho a la vida aunque el texto no señala cuándo comienza. Jorge Larrañaga, líder del Partido Nacional y excandidato a la Presidencia, dijo a CNNMéxico que su plan es "derogarla con la construcción de nuevas mayorías parlamentarias en 2015. 

Las organizaciones provida se han manifestado en los alrededores del Palacio Legislativo, donde se concentran ambas cámaras en Montevideo. La última gran manifestación de las organizaciones provida fue a fines del año pasado, cuando unas 200 personas marcharon por la rambla de Montevideo.

“Este día lo vivimos con mucha tristeza”, dijo a CNNMéxico Lorna Marchetti, de la ONG ProVida. “Es un paso hacia atrás en la lucha por los Derechos Humanos de los  uruguayos. Cuando no se respeta el derecho de la vida, no se respeta nada más”. Marchetti estimó que un referéndum podría retrasar la entrada en vigencia de la ley.

Desde 2008, tras la aprobación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, los centros de salud deben garantizar asesoramiento a las mujeres que hayan optado por abortar. Su práctica era ilegal desde 1938 con la excepción de casos de violación o peligro de vida de la mujer. 

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Un promedio de 100 mujeres consultan semanalmente al Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra el centro de asesoramiento público establecido por la ley de Salud Sexual y Reproductiva, de acuerdo con de estudio realizado entre 2008 y 2010 por la ONG Iniciativas Sanitarias. 

El 52% de la población uruguaya está a favor del aborto, un punto más que en 2011, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Cifra. El 34% se mostró en contra. Los datos demuestran la división que genera el asunto. 

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