El juicio contra mexicanos detenidos en Nicaragua inicia este viernes

Los 18 acusados por crimen organizado, detenidos en camionetas con el logotipo de Televisa, enfrentan a la justicia
| Otra fuente: CNNMéxico

El juicio de tres días contra 18 mexicanos que se hicieron pasar por periodistas y fueron detenidos con nueve millones de dólares en agosto pasado en Nicaragua inicia este viernes y continuará a lo largo del fin de semana.

Los 18 detenidos son acusados de lavado dinero, narcotráfico y crimen organizado. Al momento de su detención iban a bordo de ocho vehículos con logos de la televisora mexicana Televisa.

El consorcio televisivo mexicano ha negado que los detenidos sean o hayan sido sus empleados, o que los vehículos involucrados sean de su propiedad. La Procuraduría General de la República (PGR) de México coincidió con esta afirmación.

Sin embargo, los abogados Ulises Tapia y Urieta Benavides acudirán al juicio como observadores, en representación de Televisa, después de que un juez aprobara una solicitud de la empresa, informó Roberto Larios, portavoz del Poder Judicial en Nicaragua, según un reporte de Notimex.

La audiencia preparatoria, a cargo del juez Edgard Altamirano, inicialmente estaba programada para el 3 de diciembre próximo.

Los testigos brindarán su testimonio con rostros cubiertos para proteger su identidad, a petición del Ministerio Público, y el juez determinará si continúa el juicio o se reprograma, de acuerdo con EFE.

La policía del país centroamericano los detuvo el pasado 20 de agosto, en un puesto de seguridad en la zona fronteriza con Honduras.

El reporte oficial indicó que la captura ocurrió cuando los presuntos responsables de crimen organizado se trasladaban en camionetas que tenían logotipos de Televisa, y en donde las autoridades encontraron el dinero mencionado y rastros de cocaína.

La Fiscalía nicaragüense detalló que se dirigían a Costa Rica, y que se encargaban de desplazar “dinero hacia el sur y droga hacia el norte” en “grandes cantidades”.

"El desplazarse con esas unidades le daba impunidad, porque no es fácil detener a supuestos periodistas para investigarlos", mencionó el 7 de septiembre pasado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Los 9.2 millones de dólares, dijo Ortega, serían destinados a la construcción de nuevas prisiones, y al fortalecimiento de la Policía Nacional.

El Ministerio Público presentó una audiencia especial privada para tres testigos protegidos, para que brindaran sus declaraciones con el rostro cubierto, indicó Notimex.

No estuvieron presentes los abogados de la defensa, para proteger la identidad de los tres testigos “sin rostro”.

Se trata de agentes policiales de diferentes especialidades que participaron en la detención y posteriores investigaciones, detalló Larios.

Los detenidos, según las autoridades de Nicaragua, eran encabezados por Raquel Alatorre Correa, de 30 años de edad.

También viajaban en los vehículos Carlos Gustavo Reyes Arce, Salvador Guardado Núñez, Alfredo Mar Hernández, Alfonso Martínez Meraz, Omar José Castillo Amaya, Raúl Alejandro Salinas Cervantes, Cecilio Torres Gutiérrez, e Iván Ricardo Cano Zuñiga.

El grupo de detenidos, de acuerdo con la agencia gubernamental, se complementa con: Juan Alfredo Rivera Vásquez, Julio César Alvarado Salas, Hiram César Pacheco Basurto, Osvaldo López Uribe, Pablo Sosa Guerra, Rodolfo Jiménez Camacho, Julio Luis Torres Torres, Guillermo Villagómez Hernández y Valentín Delgado Guillén.

El abogado de los mexicanos pidió en su momento al juez encargado del caso que rechazara las imputaciones de la Fiscalía, con el argumento de que sus defendidos sólo cometieron un delito de tipo administrativo, por no declarar en la aduana los 9.2 millones de dólares.

Las autoridades nicaragüenses no descartan que los detenidos estén involucrados con una red internacional de narcotráfico, supuestamente vinculada con el asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, ocurrido en Guatemala, en el 2011.

De acuerdo con los registros migratorios, el grupo de acusados había ingresado a distintos países centroamericanos desde el 2011, en al menos 18 ocasiones, precisó Notimex.

El portavoz Larios informó que "debido a las dimensiones” del juicio se verán "obligados a adoptar una serie de medidas para garantizar la seguridad, tanto de los operadores judiciales como de los procesados, familiares y periodistas que darán cobertura" al caso.

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