España analiza dar residencia a extranjeros que compren inmuebles

La medida beneficiaría principalmente a rusos y chinos que puedan comprar departamentos de 204,000 dólares
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MADRID (Reuters) -

Cualquier extranjero que compre un departamento en España con un valor de más de 160,000 euros (204,000 dólares) podría tener garantizada su residencia en ese país si el gobierno español aprueba modificar la ley en ese sentido, informó este lunes el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

Los rusos y los chinos serían los principales beneficiarios de esta ley, que podría estar en marcha en algunas semanas, adelantó.

El elevado precio de los inmuebles evitaría que hubiera una demanda masiva de permisos de residencia, de acuerdo con García-Legaz.

Asociaciones de inmigrantes rechazaron este mismo lunes la propuesta al considerar que es discriminatoria.

La medida supone “condicionar un derecho” a una vivienda digna y adecuada al dinero, “también supone especular con ese derecho”, dijo Víctor Sáez, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE).

El presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, cree que la medida está dirigida sólo a cierto tipo de personas.

“Va dirigida sólo a un tipo de clase media alta de inmigrante y se deja a un lado a miles de inmigrantes que han estado trabajando silenciosamente en la construcción o en el campo y que han ayudado a que España crezca", dijo.

El secretario de Comercio explicó que la medida busca reducir la oferta de viviendas en España, como ya lo han hecho antes con medidas similares Irlanda y Portugal.

Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo español, añadió más tarde que la medida también busca recuperar el sector de la construcción.

La demanda de vivienda en España está paralizada y apenas logra venderse el excedente de pisos construidos.

Según datos difundidos por la unidad inmobiliaria de Catalunya Caixa, a finales de 2011 se acumulaban en España unas 800,000 viviendas de nueva construcción sin vender, una de las consecuencias más visibles del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

El anuncio de la medida que facilitaría obtener la residencia española ocurre en medio de una crisis económica en ese país y semanas después de dos casos separados, el de un hombre y una mujer, que se suicidaron cuando iban a ser desalojados de sus respectivas casas por falta de pago.

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