Argentina juzga a los responsables de los 'vuelos de la muerte'
Durante la primera jornada del tercer juicio por los delitos cometidos contra 789 víctimas en la que fue la mayor cárcel durante le dictadura militar (1976-1983), la fiscalía inició este miércoles la lectura de cargos contra los acusados, que abarrotaron por completo la sala del tribunal, lo que impidió el acceso de familiares de víctimas y periodistas.
Dado el elevado número de acusados, la lectura de cargos no terminó por lo que deberá seguir este jueves, según fuentes judiciales.
Organizaciones de familiares de los desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo e Hijos, así como agrupaciones estudiantiles y a favor de los Derechos Humanos se congregaron frente a la entrada de los Tribunales de Buenos Aires para seguir el proceso.
Tati Almeida, de Madres de la Plaza de Mayo, calificó el inicio del juicio como un “día histórico”.
"Queremos saber dónde están nuestros desaparecidos. No sabemos dónde fueron arrojados, no sabemos dónde están sus cuerpos, tenemos presunciones pero queremos saber por parte de ellos y que nos digan la verdad", dijo Carlos Pisoni, de la organización Hijos, sobre los juzgados por participar en los vuelos de la muerte.
Cerca de 5,000 víctimas pasaron por la prisión ubicada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos. La megacausa, como se le conoce al juicio, se compone de nueve procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Las personas detenidas de forma clandestina eran conducidas hasta esa prisión, como la joven sueca Dagmar Hagelin y la dirigente de la guerrilla Montoneros, Norma Arrostio.
En el nuevo proceso serán juzgadas seis presuntos tripulantes de los llamados vuelos de la muerte, en los que se arrojaba vivos a los detenidos a las heladas aguas del Atlántico del Sur.
La agencia EFE precisó que por los vuelos de la muerte están acusados los pilotos de Aerolíneas Argentinas y prefectos retirados Enrique José De Saint y Georges Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D'Agostino, jefe de la División de Veteranos de Guerra de la Prefectura, y el piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, extraditado desde España.
También serán juzgados Jorge Eduardo Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; el excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo , extraditado desde España en 2008, y el excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la muerte.
Además se procesará a los civiles Gonzalo Torres de Tolosa Teniente Vaca, abogado integrante del grupo de Tareas de la ESMA, y al economista Juan Ernesto Alemann, exfuncionario acusado de torturas. En total, serán juzgadas 68 personas.
Algunos de los acusados todavía están prófugos por lo que la Justicia argentina ofreció recompensas de hasta 100,000 pesos (unos 22,000 dólares) por información sobre su paradero.
Unos 900 testigos declararán en el juicio, que puede prolongarse hasta por dos años.
La segunda fase de la megacausa de la ESMA concluyó en octubre del pasado año con 16 condenados .
El primer juicio de la megacausa, en 2007, no llegó a sentencia porque el acusado, el prefecto Héctor Febres, quien se desempeñaba como jefe de la maternidad de la cárcel clandestina, murió envenenado por cianuro en la dependencia donde estaba detenido.
El paso de Cavallo por México
Este es el segundo juicio para Cavallo, quien fue detenido en el 2000 en México. En el 2011 recibió cadena perpetua por la desaparición de dos monjas francesas, el escritor argentino Rodolfo Walsh y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, entre otras 89 víctimas, dijo la agencia Notimex.
Sérpico o Marcelo, como era conocido durante la dictadura, se enroló como guardamarina en el Comando de la Armada. En 1976 ya era teniente de fragata, y como tal se convirtió en uno de los principales operadores de la ESMA.
Durante esos años participó en secuestros y asesinatos y amasó una fortuna al apropiarse de bienes de sus víctimas. En la década de los 80 enfrentó cargos por 227 desapariciones, y 110 secuestros y torturas, pero fue dejado en libertad por la justicia argentina debido a las leyes que regían en ese momento.
En 1989 llegó a México, donde su empresa Talsud se adjudicó un jugoso contrató para realizar el Registro Nacional de Vehículos (Renave). Su rol en la dictadura militar fue revelado por un diario nacional, por lo que intentó huir del país, pero fue detenido en Cancún y extraditado a España, donde estuvo en prisión cinco años, hasta que fue enviado a Buenos Aires.