La crisis minera guatemalteca causa Estado de sitio en cuatro municipios

Pobladores del este del país se niegan a la explotación de un yacimiento y el gobierno denuncia que 'Los Zetas' se esconden tras la protesta
Un mina, origen de conflictos y huelgas en Bolivia
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| Otra fuente: CNNMéxico
(CNNMéxico) -

Disturbios, la muerte de un policía, heridos y robo de armas llevaron al gobierno de Guatemala a decretar este jueves el Estado de sitio en cuatro municipios que rodean a la mina El Escobal, al este del país.

Una parte de la población se niega a una explotación de plata por parte de una mina de capital canadiense por los daños sobre el medio ambiente. El gobierno sostiene que el crimen organizado está detrás de los incidentes violentos.

El Estado de Excepción aplica para los municipios de San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa, y estará en vigor durante 30 días a partir del jueves, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobernación. El Congreso deberá ratificar esta decisión en los próximos días.

Durante ese periodo, los habitantes de la región no podrán ejercer sus derechos a la acción, locomoción, reunión, manifestación y portación de armas, según un reporte de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Agentes de seguridad de varias corporaciones patrullan esa zona del país con tanquetas y vehículos militares, lo que ha provocado temor entre los pobladores, de acuerdo con un reporte de EFE.

La medida permite que las autoridades capturen a los responsables de recientes hechos de violencia. Hasta ahora, se han librado 18 órdenes de captura y se ha detenido a 10 personas acusadas de delitos de asociación ilícita, conspiración, asesinato y robo agravado, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guatemala.

Pobladores de Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, retuvieron este lunes durante varias horas a 23 policías y los desarmaron. El rescate de los agentes dejó como saldo ocho policías heridos y uno muerto. Las autoridades calificaron la retención de policías como “secuestro”, según un reporte de EFE. Los agentes patrullaban la mina El Escobal después de que seis personas resultaran heridas de bala este domingo.

El gobierno asegura que detrás de los incidentes violentos están criminales relacionados con el grupo criminal Los Zetas, quienes supuestamente manipulan a la población. “No todo lo sucedido aquí ha sido relacionado con la mina San Rafael. Ha habido una serie de hechos delictivos que se mezclan con el crimen organizado y otro tipo de intereses, lo que ha provocado hasta anarquía en esta región”, dijo el jueves el presidente Otto Pérez Molina, según un reporte de EFE.

El ministro de Gobierno, Héctor Mauricio López Bonilla, comparte la teoría. “La evidencia de una serie de hechos criminales en el área conlleva al tema de la existencia de una estructura criminal vinculada a Los Zetas”, dijo López Bonilla, según un comunicado del Ministerio de Gobernación.

Los Zetas, un grupo de narcotraficantes surgido en México, operan en Guatemala desde 2008, donde se han convertido en uno de los grupos más sanguinarios del país, según las autoriades guatemaltecas.

San Rafael de Las Flores, sede de la mina El Escobal, es una zona de montañas y valles, con una población de unas 3,000 personas y la siembra de frijol, cebolla, tomate y café como actividades principales, según datos de la minera canadiense Tahoe Resources. En esa zona, se ubica uno de los mayores depósitos de plata de Centroamérica, aunque también es rica en plomo, zinc y oro, de acuerdo con dicha minera. 

Pese al rechazo de los pobladores a las actividades de la mina, el gobierno de Pérez Molina amplió en abril el permiso para poner en marcha un “minado subterráneo” para extraer plata, lo que ha reactivado las protestas.

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En enero, dos agentes de seguridad murieron y siete personas resultaron heridas cuando supuestos pobladores del lugar ingresaron en las instalaciones de la minera, y emboscaron a empleados y agentes de seguridad, de acuerdo con un reporte de EFE. La Minera San Rafael, la cual explota El Escobal, prevé producir 20 millones de onzas de este metal al año durante una década.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Pérez Molina, quien asumió el poder el 14 de enero de 2012, suspende los derechos de los guatemaltecos. El 1 de mayo de ese año, lo hizo en el municipio de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenando, para calmar las violentas protestas desatadas tras la muerte de un dirigente campesino supuestamente a manos de agentes de seguridad de la hidroeléctrica Hidro San Cruz, de capital español.

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