Organizaciones denuncian a Patrulla Fronteriza por engañar a inmigrantes
Un grupo de organizaciones civiles demandó este martes a la Patrulla Fronteriza por supuestamente engañar, coercionar y desinformar a "cientos o miles" de inmigrantes mexicanos para firmar documentos en los que aceptaron ser deportados y se comprometieron a no volver a entrar a Estados Unidos en 10 años.
“Nadie debe tener que tomar una decisión tan importante sin conocer todas sus repercusiones”, dijo Sean Riordan, abogado de la Unión de Estadounidenses por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que provee asesoría legal en la defensa de las libertades fundamentales y los derechos individuales.
La ACLU califica de “inescrupuloso” que los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Agencia de Control e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) no informen a los inmigrantes las consecuencias de aceptar la llamada “salida voluntaria”, a través de la cual se pierde la oportunidad de enfrentar un juicio justo en ese país, según un comunicado publicado en el sitio de internet de la organización de los condados de San Diego e Imperial.
Los firmantes de la llamada “salida voluntaria” suelen ser expulsados a México en cuestión de horas y renuncian a “su derecho a tener una audiencia ante un juez de migración”, añade el comunicado.
La denuncia colectiva López-Venegas v. Napolitano fue interpuesta por las organizaciones ACLU de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes y Cooley LLP ante una corte federal de Los Ángeles.
La denuncia es interpuesta mientras e l Senado de Estados Unidos discute una reforma inmigratoria que propone reforzar la seguridad de la frontera con México y una ruta de 13 años para otorgar la ciudadanía a quienes entraron de forma ilegal a este país antes de 2012.
En ella, se asegura que los oficiales supuestamente “intimidan y físicamente abusan” de los inmigrantes, los amenazan con tomar represalias contra sus familiares, los mantienen incomunicados y les presentan información falsa.
“Este no es el comportamiento que se espera de las agencias de la ley y el orden de los Estados Unidos”, asegura la ACLU.
CNNMéxico intentó comunicarse la ACLU para solicitar más detalles sobre la demanda, pero no obtuvo respuesta.
El documento cita el caso de siete demandantes que no tenían antecedentes penales y que fueron abordados por los oficiales de migración mientras realizaban sus labores diarias, como esperar el autobús.
Todos tienen familiares en EU y pudieron haber obtenido una “dispensa de expulsión”, lo que implica que habrían podido regresar a sus hogares y enfrentar el proceso en libertad, pero los oficiales supuestamente no les informaron sus derechos y en cambio los presionaron para firmar los documentos de deportación, de acuerdo con la organización.
Una de las demandantes es Isidora López-Venegas, madre de un ciudadano estadounidense diagnosticado con autismo. Los oficiales la detuvieron a ella y a su hijo en el 2011 y le dijeron que si no firmaba los documentos podría permanecer detenida varios meses, según la ACLU.
También le dijeron, erróneamente, que sería más fácil para ella legalizar su situación desde México, y nunca le informaron que no podría entrar a Estados Unidos en 10 años ni que podía salir en libertad bajo fianza si decidía no firmar. La mujer fue expulsada del país junto con su hijo.
Ana María Dueñas, una abuela de ciudadanos estadounidenses que había vivido 35 años en Estados Unidos, fue amenazada con permanecer dos meses en prisión si no firmaba un documento en inglés pese a que ella solo habla español. La mujer fue deportada a Tijuana.
Samuel Nava, casado con una estadounidense, fue detenido en circunstancias similares a las de los otros demandantes y recibió la misma presión, según la ACLU. Debido a que no puede regresar a Estados Unidos, su esposa abandonó el país y se mudó con él a México.
La demanda colectiva fue interpuesta el mismo día que el Centro Nacional de Justicia en Inmigración (NIJC), con sede en Chicago, dio a conocer un estudio según el cual, cerca de 1,300 menores detenidos por agentes de migración en un lapso de cuatro años (2008-2012) permanecieron por más de tres días en centros de detención para adultos del ICE.
Las leyes federales de Estados Unidos ordenan que los menores de 18 años sean trasladados de las instalaciones de adultos en máximo 72 horas. El estudio cita datos de 30 centros de detención para migrantes en 13 estados, según información publicada en el sitio de internet del NIJC.