Río de Janeiro retiró a los indigentes de zonas turísticas por el Mundial

Las autoridades de la ciudad brasileña, sede de la Copa del Mundo, llevaron a los indigentes a albergues, algunos con escasas condiciones
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(Reuters) -

Las autoridades de Río de Janeiro retiraron antes del inicio del Mundial a numerosos indigentes que dormían en las zonas más turísticas de la ciudad para mejorar su imagen, según denunció la fiscalía regional.

Los indigentes que duermen en las calles de la Ciudad Maravillosa, unos 5,580 según estimaciones del Ayuntamiento, temían desde hacía algún tiempo que el gobierno municipal intentase esconderlos.

Lo que parecía un rumor terminó siendo un hecho confirmado en la visita que la coordinadora del área de Tutela Colectiva de Defensa de la Ciudadanía de la Fiscalía del estado de Río de Janeiro, Patricia de Couto Villela, hizo la semana pasada a un albergue para indigentes en el barrio de Paciencia.

En una nave industrial reconvertida con capacidad para un máximo de 150 personas en ese barrio de la zona oeste de la ciudad el equipo comandado por Villela encontró a 463 indigentes en condiciones de extrema insalubridad, según relató la fiscal.

En las fotos tomadas durante la visita, es posible apreciar la presencia de cucarachas en alimentos y productos de limpieza, almacenados juntos y sobre el suelo, además de la ausencia de puertas en los baños "debido a motivos de seguridad", en palabras de un funcionario del albergue, uno de los cinco para los mismos fines con los que cuenta Río de Janeiro.

"La situación se ha acentuado con el Mundial. Ahora hay más indigentes y menos capacidad de acogida", explicó Villela, quien dijo haber sido impactada principalmente "por ver cómo se mezclaban en el mismo espacio personas con todo tipo de problemas, desde enfermos de tuberculosis hasta personas con trastornos mentales".

Entre el 20 de mayo y el 2 de junio las autoridades de seguridad trasladaron a ese albergue, situado a 63 kilómetros del centro urbano, a 669 indigentes procedentes de Copacabana, Maracaná, Centro y Lapa, los barrios que serán más visitados por los cientos de miles de turistas esperados en la ciudad por el Mundial.

La fiscalía constató la falta de medicamentos para tratar la tuberculosis que padecen algunos alojados y el uso compartido de cuchillas de afeitar.

El 7 de abril un juez ya había ordenado la suspensión de los traslados de los indigentes, algo con lo que la Alcaldía se comprometió el 25 de mayo, según Villela, quien denuncia la falta de coordinación entre los organismos de asistencia social para acompañar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El procedimiento comienza por la llegada de un vehículo de la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento, junto a una patrulla policial y un equipo del servicio de limpieza, hasta el lugar donde está el indigente.

De acuerdo con la fiscalía, la víctima es registrada por la policía y trasladada, con o sin su consentimiento, hasta uno de los albergues, la mayoría situados en la periferia, donde la presencia de turistas o periodistas es mínima.

Muchos indigentes abandonan el albergue al instante, aunque la mayoría permanece en el lugar varios días hasta reunir el dinero necesario para volver al punto del que lo expulsaron, según fuentes del Ministerio Público.

"Vivir aquí era seguro, como en el interior (...). Pero en los últimos meses la situación ha empeorado porque llegan muchos indigentes y los narcos que huyen de las favelas", explica un residente desde hace 53 años en Nova Iguazú, una de los municipios más pobres del extrarradio carioca.

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Miriam Krenzinger, especialista en seguridad pública de la Universidad Federal de Río de Janeiro, explica que los diferentes estados de Brasil afrontan la indigencia como un problema de seguridad, lo que choca de frente con las políticas nacionales de asistencia que aplican los organismos sociales de cada municipio.

"La policía regional no está formada ni se comunica con organismos sociales municipales (...). Se criminaliza a quien vive en la calle, pero en realidad se trata de una cuestión de política social", asegura Krenzinger.

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