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Cofece indaga prácticas monopólicas de autotransporte en el Aeropuerto de Cancún

La Comisión Federal de Competencia Económica dijo que la investigación se realiza por una denuncia, aunque hasta el momento no se han detectado violaciones.
lun 26 septiembre 2016 01:17 PM
Prácticas monopólicas
Prácticas monopólicas Algunas de estas prácticas son la fijación de precios de reventa, compras o ventas atadas, exclusividades, boicot, depredación de precios, subsidios cruzados, entre otras.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de autotransporte en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo regulador recordó que se consideran prácticas monopólicas las relativas a los actos, contratos, convenios o procedimientos realizados por empresas con poder sustancial con intención de desplazar indebidamente a otros agentes, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas.

Así, la Cofece ejemplificó que algunas de estas prácticas son la fijación de precios de reventa, compras o ventas atadas, exclusividades, boicot, depredación de precios, subsidios cruzados, discriminación de precios, elevación de los costos del rival, así como negativa de trato o discriminación.

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El inicio de la investigación, que se sigue por la denuncia con número de expediente DE-008-2016, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se identificaron, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.

El organismo añadió que la autoridad investigadora cuenta con un plazo de entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir del 31 de marzo de 2016, fecha en que inició la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones más.

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Abundó que de acuerdo con la nueva ley, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica relativa, los agentes económicos podrían recibir sanciones de carácter económico hasta por el equivalente a 8.0% de sus ingresos.

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