Lagarde defiende su inocencia en último día de juicio
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, visiblemente emocionada, aseguró este viernes durante su juicio por presunta negligencia que actuó de buena fe al aprobar un millonario pago al magnate Bernard Tapie cuando era ministra francesa de Economía.
En el último día de su juicio en París, Lagarde insistió en que no hizo nada malo : "En este caso, como en todos los demás, actué de acuerdo a la verdad y con el conocimiento de los hechos, y mi única intención fue defender el interés general", dijo Lagarde al tribunal. "El riesgo de fraude se me escapó totalmente".
En 2007, cuando era ministra de Economía de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde había validado la decisión de recurrir a un arbitraje privado para resolver un largo pleito legal entre el empresario y exministro socialista Bernard Tapie y el entonces banco público Crédit Lyonnais.
Un año después, Lagarde renunció a apelar la sentencia de este órgano, que luego fue anulada por fraude, en la que se otorgaba a Tapie más de 400 millones de euros de indemnización, incluyendo 45 millones de euros por daño moral.
Los investigadores reprochan a Lagarde haber delegado a sus colaboradores varias decisiones sobre este arbitraje e ignorado las alertas de algunos servicios del ministerio de Economía.
La Corte de Justicia de la República (CJR, por sus siglas en francés), una jurisdicción excepcional creada con el propósito de juzgar a los ministros y exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, deberá anunciar su decisión el lunes.
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nullLagarde, de 60 años, explicó conteniendo las lágrimas que el juicio había sido la culminación de un periodo de prueba para su familia.
"Estos cinco días de audiencias representan el final de cinco años de prueba para mi pareja, mis hijos y mis hermanos, que se encuentran en la sala", afirmó con la voz quebrada.
El fiscal francés Jean-Claude Marin estimó el jueves que "no se reúnen" las condiciones para condenar a la directora del FMI. Su oficina había desaconsejado desde el principio llevar el caso a juicio.
Si es declarada culpable, podría ser condenada a hasta un año de cárcel y a una multa de 15,000 euros (15,900 dólares).
