El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela adopta las funciones del parlamento
El parlamento de Venezuela se declaró este jueves en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del máximo tribunal del país, que se adjudicó competencias legislativas con una sentencia, desatando la preocupación de algunos gobiernos latinoamericanos ante lo que consideraron un deterioro del orden democrático.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló muchas acciones del congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición en el 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
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"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia.
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el congreso.
"Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", dijo el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a la prensa. "A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
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El líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional se pronuncie sobre la situación, que consideró un "golpe de Estado".
"¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?", se preguntó Capriles.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en "desacato" al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al gobienrno.
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La oposición acusa a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela -con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes-, pero el mandatario de 54 años sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.
"Fujimorazo"
Desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a los venezolanos a defender la democracia en las calles y convocó a una marcha para el sábado.
Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
Y fue Perú el primero que reaccionó ante la situación en Venezuela, anunciando el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta por el "flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país".
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Argentina, Colombia y México también mostraron su preocupación por la situación venezolana.
El canciller de México, Luis Videgaray, se declaró preocupado por la ruptura del "orden democrático" en Venezuela y pidió mantener de la división de poderes.
"Estos hechos no hacen sino agravar lo que ya hoy antes de esta decisión era una situación extraordinariamente delicada", sostuvo Videgaray desde Colombia, donde se reunió con la canciller María Ángela Holguín.
"México reitera su llamado a que sean los venezolanos, en el ejercicio pleno de su soberanía (...) que resuelvan los problemas de una forma que permita restablecer los valores democráticos, específicamente la separación de poderes y la democracia representativa, elementos fundamentales reconocidos en la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos", explicó.
Chile dijo que consultaría con "países amigos" sobre cómo proceder.
Brasil incluso dijo a través de un comunicado de su cancillería que el fallo del tribunal viola el principio de la independencia de poderes y alimenta "la radicalización política en el país".
"Denunciamos el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana", respondió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió una reunión "urgente" del Consejo Permanente del organismo para discutir la situación. Esta semana, 20 miembros de la OEA llamaron al diálogo en Venezuela, pero no llegaron a respaldar la petición de Almagro de suspender al país petrolero del ente. .
A pesar de los reclamos, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el congreso no serían válidos.
Venezuela busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos. La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, dijeron fuentes a Reuters.