La Cámara de Diputados 'endurece' las penas para los secuestradores

La Cámara de Diputados analiza la aprobación de la ley, luego de que el Senado la avaló en septiembre pasado
alejandro martí, luis de la barreda, reyes heroles, eduardo  encuesta nacional de seguridad
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| Otra fuente: CNNMéxico
(CNNMéxico) -

Penas de hasta 50 años para servidores públicos que participen en plagios o de hasta 70 si la víctima es asesinada, entrarán en vigor si la Cámara de Diputados aprueba este jueves la Ley Antisecuestro.
 
La Cámara baja se prepara para discutir, y en su caso aprobar, la Ley Antisecuestro, con lo que terminará el proceso legislativo para esa iniciativa. El Senado la avaló a finales de septiembre pasado.

La aprobación de la ley llega a casi un año después de que los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas firmaran un acuerdo para entregarla, a más tardar, en abril pasado.

Empero, no fue hasta que aumentó la presión de organizaciones civiles como México SOS –presidida por Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado- y Alto al Secuestro que los legisladores darán el visto bueno a la nueva normativa.

La ley llega en momentos en que el número de secuestros en México se triplicó, con relación a lo ocurrido hace 5 años. De acuerdo con estadísticas del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados, en el 2005 se tuvo registro de 325 denuncias por secuestro; en lo que va del 2010, se han presentado 1,028 plagios en el país. 

Estudiosos del fenómeno delictivo calculan que 7 de cada 10 secuestros no son denunciados a la autoridad.
 
“Se piensa que este delito es privativo de las personas con mayores recursos económicos, pero no es así”, comentó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, presidente de la comisión de Seguridad Pública.
 
“El principal segmento de víctimas de este delito es el de los comerciantes con un 28%; los estudiantes son víctimas también del secuestro en un 21%; empleados, en un 16% y los empresarios en un 14%. Es un delito que impacta a muchos segmentos, a diversas clases sociales, a una comunidad que está produciendo, que está trabajando”, insistió el legislador. 
 
Las nuevas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, conocida comúnmente como Ley Antisecuestro, pretenden tipificar todos los tipos de plagio conocidos y diferenciar las penas. También busca darle al crimen una categoría federal y que pueda ser perseguido de oficio.
 
La pena por cometer un secuestro exprés va de 20 a 40 años de prisión; si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años, el castigo será de 25 a 40 años; si los raptores tienen vínculos familiares o de amistad con el secuestrado, la pena será de 25 a 50 años de cárcel.
 
La máxima penalidad se otorga cuando el secuestrado pierde la vida, con 70 años de prisión.
 
“Por supuesto que uno de los objetivos de la pena es disuadir las conductas ilícitas, pero en un país con tanta impunidad como el nuestro debemos redoblar esfuerzos las instituciones, de persecución, administración y castigo, para que haya más delincuentes en las cárceles y procesados, para que estas reformas se hagan realidad en el país”, consideró el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Benítez Treviño, presidente de la comisión de Justicia. 

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Para la hechura de esta ley, la organización Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, presentó una iniciativa para evitar criminalizar a las víctimas de secuestro e incorporar un esquema de protección para ellas, idea que se concretó en la conformación de un Fondo de Apoyo a Víctimas.
 
“La función primordial del Fondo es dar protección a los niños que quedaron en orfandad por la muerte de alguno de sus padres, para dar atención psicológica y médica a las víctimas del delito de secuestro; también se establece que el Fondo pueda utilizarse para prevenir el delito”, explicó en entrevista Miranda de Wallace, quien sufrió el secuestro y asesinato de su hijo en 2005.

Gracias a ese Fondo, que será manejado por la Procuraduría General de la República con la supervisión de organizaciones civiles, las víctimas tendrán acceso a defensores de oficio, que antaño sólo estaban disponibles para los delincuentes.
 
Además, todos los bienes que sean decomisados a bandas de secuestradores, serán destinados a ese Fondo.

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