El Consejo General del IFE ha perdido independencia, advierten académicos
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), órgano que dirige a la institución encargada de organizar las elecciones federales en México, ha perdido independencia e imparcialidad por los vínculos que algunos consejeros tienen con los partidos políticos, advirtieron académicos y analistas.
Pedro Salazar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que desde 2003 el Consejo General del IFE ha visto disminuida su legitimidad. Ese año, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados nombraron a los nueve consejeros, sin el consenso del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Dejar fuera al PRD fue una decisión absurda y lamentable (…) el Consejo General no perdió autonomía, pero sí legitimidad”, dijo Salazar durante la mesa redonda Desempeño y retos del Instituto Federal Electoral, en la Ciudad de México. Sostuvo también que efectuar los nombramientos de esa manera afectó las elecciones presidenciales de 2006, pues los partidos desconfiaron de la forma en que el IFE gestionó los comicios.
En julio de 2006, el candidato del PAN, Felipe Calderón, venció por 0.58% de la votación a Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Por el Bien de Todos –integrada por el PRD y los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia–. Los partidarios de López Obrador criticaron al IFE e incluso acusaron que había ocurrido un fraude electoral.
Tras las críticas al IFE en 2006, “los mismos partidos que provocaron la crisis decidieron descabezar al IFE anticipadamente” y aprobaron una reforma electoral en 2007 que estableció la renovación total del Consejo General, indicó Salazar. El último relevo de ese Consejo General terminará este mes, cuando sean sustituidos los consejeros Virgilio Andrade, Marco Gómez y Arturo Sánchez .
Sin embargo, de acuerdo con Salazar, los partidos aprovecharon la renovación de 2007 “para generar vínculos con algunos de los consejeros”, con lo que “han quedado comprometidos otros principios rectores como la independencia y la imparcialidad”. Según Salazar, dos consejeros que han manifestado abiertamente su militancia con el PRI son Andrade y Francisco Guerrero.
“Exigir independencia a los consejeros electorales es una exigencia constitucional (…) Ellos y ellas se comprometieron a cumplir su función (…) La integración del Consejo General es una decisión política y está bien que así sea, pero no por ello debe ser un pretexto para mermar la independencia y la imparcialidad institucionales”, agregó Salazar.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo respetar las críticas al organismo, “pero aun cuando yo pudiera compartir la opinión de Pedro Salazar, (el nombramiento de consejeros) no es una facultad del IFE”, sino de la Cámara de Diputados.
Valdés Zurita aseguró que una encuesta reciente de la empresa Parametría indica que la confianza de los ciudadanos en el IFE es de 62%, mayor al 44% de 2007.
El columnista Eduardo Huchim afirmó que el IFE “está erosionado” y que el modelo para designar a los consejeros está “desgastado”. Por ello, expuso, uno de los principales desafíos del instituto antes de las elecciones presidenciales de 2012 es alcanzar autonomía e imparcialidad, “porque no se garantizan con que esté escrito en la ley ni con el desempeño de consejos anteriores, sino con el refrendo diario”.
“Los consejeros deben olvidar su origen partidario, por el partido que los propuso, y su lealtad debe ser con el electorado”, dijo Huchim, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal.
El investigador y analista Luis Javier Garrido aseguró que sobre el IFE aún pesa “la sombra del fraude de 2006”, y manifestó preocupación por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena retirar un spot de López Obrador bajo el argumento de que es propaganda anticipada rumbo a los comicios de 2012.
Para el académico César Astudillo, “el IFE es el órgano de y para la democracia” en México, por lo que debe luchar por mantener su independencia y “tener una función de eje articulador” de los esfuerzos de los poderes públicos, organizaciones civiles y ciudadanos encaminados a la construcción democrática.
