Los niños vinculados al crimen: víctimas de la delincuencia y del Estado

Por: Tania L. Montalvo

El gobierno mexicano asegura que "no cuenta" con cifras de niños en grupos armados mientras los casos de menores en operativos aumentan

La 'opción' para los niños dentro de los grupos armados

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El pasado 27 de enero, militares mexicanos capturaron en el municipio de Jiutepec en Morelos, a un menor de 15 años que confesó trabajar para el cártel del narcotráfico del Pacífico Sur.

En una declaración ante medios de comunicación, el niño dijo que fungía como halcón (vigilante) de los narcos, que sólo había estudiado hasta quinto de primaria y que colaboraba con ese grupo bajo amenaza de muerte.

Esta historia llegó a los medios de comunicación cuando analistas e investigadores no habían terminado de estudiar el caso de un pequeño de 14 años que en diciembre fue acusado de ser asesino a sueldo del mismo cártel. El menor dijo, también ante medios, que cometía los homicidios después de haber sido drogado por un líder de ese grupo.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), 3, 664 menores fueron detenidos en operativos contra la delincuencia organizada de diciembre de 2006 a abril de 2010.

Sin embargo, este lunes el gobierno mexicano aseguró ante el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU que “no cuenta con datos” sobre la participación de infantes en grupos delictivos o armados, según publicó la agencia France Press.

La delegación mexicana, liderada por el subsecretario Felipe de J. Zamora Castro de la Secretaría de Gobernación y por Cecilia Landerreche Gómez Morín del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), negó ante el comité que en México haya algún conflicto armado o niños en medio de éste.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), integrada por 63 organizaciones de la sociedad civil con programas a favor de la infancia, ha documentado que al menos 30,000 menores están involucrados en algún grupo delictivo con diversas actividades ilícitas.

Los niños, según la Redim, suelen ser parte del crimen organizado por amenazas de muerte o para recibir un sueldo ante su precaria situación económica y social.

Según José Luis Cisneros, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, los niños son presa fácil de la delincuencia cuando se trata de menores sin oportunidades que “socialmente, ven a la violencia como la única forma de hacerse respetar y de ejercer cierto poder, algo que se les ha negado a sus familias”.

El caso de estos menores detenidos por participar en diferentes acciones con el cártel del Pacífico Sur, un nuevo grupo armado que según investigaciones federales está aliado con Los Zetas, se suma a los 42 niños de entre 13 y 17 años que fueron capturados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre enero y mayo del año pasado, según las cifras entregadas por esa instancia a la Redim.

En ese mismo periodo, la Secretaría de Marina (Semar) realizó nueve detenciones de menores, mientras que la PGR, casi diez veces más, con 440 niños aprehendidos.

Con esta denuncia, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha pedido al Estado mexicano reconocer un nuevo tipo de explotación infantil: “los cárteles no los están formando para ser cabecillas, es una nueva forma de explotación en la que se les utiliza para delinquir, violar la ley y burlar a las autoridades”, dijo Verónica Morales de la Redim.

El vacío legal para los niños en la lucha contra el narco

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Las organizaciones civiles en pro de la infancia consideran que los niños que participan en los grupos delictivos son víctimas de la delincuencia, pero también de las mismas autoridades que permiten que haya graves fallas en la ley.

“No existe una ley Federal de Justicia Penal para adolescentes. Hay una propuesta en revisión en el Congreso, pero incluso ésta tiene omisiones importantes. La convención (sobre los Derechos de los Niños) señala que los niños tienen que estar en tratamiento y no necesariamente recluidos tras haber cometido un crimen”, dijo a CNNMéxico Verónica Morales, de Redim.

La Red acusa violaciones a las garantías individuales cada vez que un menor es detenido en un operativo y después presentado ante autoridades y medios de comunicación como delincuentes, sin tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia y la protección de identidad de un menor de edad.

Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, explicó a CNNMéxico que para respetar las garantías individuales de cada menor detenido, las autoridades mexicanas deben resguardar su identidad y garantizar que se seguirá un proceso “desde un ángulo de explotación infantil, como un niño que está trabajando en un negocio ilegal”. Además de que deberá recibir atención psicológica y orientación para aprender a respetar la ley.

En diciembre de 2010, el Ejército permitió que un menor de 14 años detenido en Morelos, cuando se dirigía al aeropuerto para viajar a la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, dijera ante medios de comunicación haber cometido diversos asesinatos desde los 11. En este caso, se violaron el derecho a la privacidad y no se resguardó su identidad.

Lo mismo ocurrió con el menor de 15 años detenido el 27 de enero en Jiutepec, Morelos, cuando los militares lo llevaron ante los medios antes de ponerlo a disposición de la fiscalía (PGR).

Según Morales, además de ser necesario que el Congreso apruebe la ley Federal de Justicia Penal para adolescentes que permitirá juzgar a los menores y proteger sus derechos, hace falta la creación de instituciones que brinden tratamiento a los menores que han estado vinculados al crimen organizado: “hay que dar atención a los niños con juzgados, jueces, abogados, especialistas que trabajen con un enfoque de derechos para los niños”.

“Cuando hay un niño involucrado en algún hecho del crimen organizado nunca hay una investigación adecuada. Las autoridades justifican que es un delito del narco y se trata como un caso más. Se necesita una Defensoría de los derechos del niño que pueda atender estos casos de manera independiente”.

Las otras víctimas

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Los niños involucrados con grupos criminales no son las únicas víctimas de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el gobierno mexicano.

Según el conteo realizado por la Redim, desde que se anunció el programa de combate al crimen organizado, en diciembre de 2006, han muerto al menos 994 niños víctimas de los enfrentamientos armados.

Esta cifra, de ser reconocida por el gobierno federal, podría representar al 2.87% de las 34,612 muertes violentas que las autoridades mexicanas tiene contabilizadas desde que inició la lucha contra el narcotráfico.

Desde 2006, la Secretaría de Salud ha registrado un aumento en el número de homicidios de niños entre 15 y 17 años. La tendencia es más marcada en los estados del norte del país como Baja California, Chihuahua y Sinaloa, entidades que alojan a los municipios calificados por el gobierno federal como los “más violentos del país”.

El gobierno mexicano recibirá el próximo 4 de febrero recomendaciones de los 18 expertos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que leerán y estudiarán el informe sobre las medidas de protección de la infancia en México.

Las organizaciones civiles esperan que en las recomendaciones se considere a los niños que participan en grupos armados, a las víctimas de los enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales, así como a los niños cuyos partes han muerto en enfrentamientos entre grupos criminales o con las fuerzas armadas del gobierno mexicano.

La Redim asegura que la cifra de niños huérfanos podría alcanzar los 30,000, aunque deja claro que éste también es sólo un cálculo y no una cifra oficial.