La vida no vale nada en las minas de Coahuila

Francisco Castillo Zamora tiene 25 años de edad pero nunca volverá a trabajar. El 20 de mayo del 2010 lo arrastró el agua que llenó el pocito en el que trabajaba y le rompió siete costillas, le desvió la columna, le fracturó el cráneo y lo dejó casi sordo del oído izquierdo. Cuando con dificultad se presentó con su patrón 51 días después, fue despedido tras recibir 1,500 pesos por nueve años de trabajo.

El caso de Paco, como así le llaman, no es extraordinario en la región carbonífera de Coahuila, al norte de México. Desde el siniestro que cobró la vida de 65 hombres en la Mina 8 de Pasta de Concho , hace cinco años, han muerto otros 43 mineros en diferentes minas y pocitos de la zona, de acuerdo con el quinto informe de la Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que hizo un recuento de las actas de defunción.

Los pocitos son excavaciones verticales que llegan hasta a 150 metros de profundidad y cuentan con dos o tres cañones de donde los trabajadores extraen carbón. Por la reducida altura de los cañones —en promedio miden 1.50 metros— los mineros trabajan agachados por un lapso de 10 a 12 horas y bajan al subsuelo metidos en un bote amarrado de una cuerda. La mayoría de los pocitos operan de manera ilegal, pues no cuentan con salidas de emergencia.

Al revisar las actas de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las organizaciones de defensa de derechos humanos y laborales detectaron en la región una constante violación a las normas de seguridad y despidos injustificados y sin derecho a liquidación. Tanto en 2009 como en 2010, la STPS no registró ni un despido, pues las empresas reportaron a la dependencia que todos los trabajadores han "renunciado voluntariamente".

Además, las autoridades federales inspeccionan únicamente las minas registradas ante ellos. La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral han calculado que únicamente el 40% de las excavaciones se realizan con un registro ante la STPS.

En esta región, la principal actividad económica es la extracción del carbón. Unos pocos, como Jesús Villasana de 30 años, se dedican al procesamiento del mineral y no bajan al subsuelo ni arriesgan su vida con paredes que se derrumban o con gas metano que sale de la tierra.

"Acá no hay más trabajo que ser minero, trabajar en el procesamiento del carbón o ser cajero en Soriana (una cadena de supermercados). Yo corrí con suerte", dice el hermano de uno de los fallecidos en Pasta de Conchos hace cinco años.

El siniestro más reciente fue el de la mina Lulú, en Muzquiz, una ciudad conocida como el Oasis del Norte. El 2 de febrero de este año, fallecieron dos trabajadores y tres resultaron lesionados como consecuencia de un derrumbe que los sepultó mientras realizaban labores de mantenimiento al interior de la mina.

Tras la clausura de la excavación, más de 100 trabajadores fueron despedidos. 

"Nosotros concluimos el informe de este año diciendo que queda todo por hacer. Es decir, hemos hecho todo lo que hemos podido, los carboneros han hecho todo lo que han podido, los defensores hemos hecho todo lo que hemos podido, pero queda todo por hacer. Esto no va a cambiar si no es sumando voluntades", dijo Cristina Auerbach, representante legal de la Organización Familia Pasta de Conchos.

"No puede seguir existiendo una minería a costa de la vida de las personas, ninguna, ni la del oro, ni la del bronce, ninguna, y tampoco en la del carbón. Porque además en la del carbón los que sí nos beneficiamos somos todo el país, porque el 10% de la energía se genera con el carbón que ellos sacan en estas condiciones".

Oralia Martínez Hipólito de 25 años, mamá de tres hijos, enviudó en septiembre del año pasado cuando a Juan Ramón Flores, su marido, le cayó una piedra en la cabeza. Ella vive con una pensión de 2,800 pesos al mes.

El patrón de Juan Ramón nunca habló con ella ni le pagó los gastos funerarios ni se hizo cargo de los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que comenzara a pagarle la pensión.

"Yo sola me anduve moviendo, preguntando en el seguro, y como yo no estaba casada con él, pidieron las actas de (nacimiento) de los niños, el acta de defunción y me tuvieron que hacer un juicio en (San Juan de) Sabinas donde comprobara el concubinato con él", explicó en entrevista.

En otros casos, Auerbach ha documentado cómo los dueños de los pocitos han intentado deslindarse de los siniestros al decir que los trabajadores habían sido ejecutados por grupos de crimen organizado como Los Zetas.

"En agosto pasado murió un trabajador en un pocito llamado El Tesoro y que se ubica en la carretera que va de El Sauz a Barroterán. El encargado aseguró a los inspectores (de la STPS) que no se trataba de un accidente sino de un 'ejecutado por Los Zetas'", se detalla en el Quinto Informe de Pasta de Conchos en cuya elaboración participó Auerbach.

"Sin embargo, el certificado de defunción señala que el trabajador murió debido a un derrame cerebral politraumatizado, generado por una enorme caída".

Auerbach recuerda que los inspectores no quisieron volver al pocito para inspeccionar lo que realmente había sucedido. 

"Mientras las empesas no resulten afectadas en su productividad y, por ende, en sus utilidades, no invertirán en seguridad porque no les acarrea ningún problema, ni siquiera de conciencia", dijo la activista.

En la región carbonera de Coahuila, los obreros saben que su vida no vale nada. Por eso, cada vez que bajan a una mina, dicen que lo único que los protege es encomendarse a Dios.