Procuraduría presentó pruebas sin validez contra 'Greg' Sánchez: tribunal

La acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico en contra del ex candidato a gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) careció de validez y pruebas sólidas, según determinó el tribunal que hace casi un mes ordenó su liberación de prisión.

“Se cometieron graves inconsistencias que ponen de relieve la falta de regularidad y la coherencia de la averiguación, lo que refuerza la conclusión de que se transgredió el principio de legalidad en ese procedimiento penal”, se asentó en la resolución a la que CNNMéxico tuvo acceso.

La PGR incumplió con formalidades básicas en la integración del expediente en contra de Greg Sánchez, y lo acusó utilizando declaraciones imprecisas y contradictorias de testigos protegidos, señala la resolución que emitió el 15 de julio José Ávalos Cota, magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en Chihuahua.

Sánchez Martínez estuvo preso un año en el penal federal de Tepic, Nayarit, y obtuvo su libertad el 16 de julio, pero volvió a ser detenido y actualmente tiene prohibido abandonar la Ciudad de México por una nueva investigación, 

El ex candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, fue detenido el 25 de mayo de 2010, 39 días antes de realizarse las elecciones locales, acusado por presuntos nexos con las organizaciones de los Beltrán Leyva y Los Zetas en Benito Juárez-Cancún, de donde fue alcalde. La orden de aprehensión fue girada por el juez 2 de Distrito en Nayarit a solicitud de la PGR.

Su candidatura fue sustituida por Gerardo Mora, su coordinador de campaña, después de que los dirigentes del PRD señalaron que su detención fue con fines políticos.

En el primer expediente que la PGR armó en su contra, Greg Sánchez fue acusado de delincuencia organizada , delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque presuntamente lavó dinero para los Beltrán Leyva y facilitó en el municipio las actividades de ambas organizaciones.

Pocos días después de su aprehensión, el 1 de junio de 2010, el mismo juez dictó auto de formal prisión en su contra, lo que marcó el inició de un juicio por las acusaciones de la PGR.

Al analizar la apelación tramitada por la defensa en contra del auto de formal prisión, el magistrado Ávalos Cota encontró distintas fallas de la PGR desde que abrió el expediente en contra del político y empresario, según establece en su resolución.

Las irregularidades 

Según las pruebas presentadas, el juez determinó que no tenía validez  el expediente de acusación porque Víctor Hugo Avendaño Herrera, agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), no suscribió con su firma el acta de inicio de la averiguación, cuando la abrió, el 17 de febrero de 2010.

Aunque podría considerarse un mero trámite, el magistrado advirtió que la carencia de firma del fiscal en la apertura de la averiguación previa, con número PGR/SIEDO/UEIDCS/063/10, contravino el Código Federal de Procedimientos Penales.

Abundó que, jurídicamente, el expediente jamás inició y, por lo tanto, las pruebas que la SIEDO acumuló en contra del ex candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo fueron obtenidas de manera irregular y no eran válidas.

Más allá de esa falta, el magistrado resolvió que solo tres de las 12 declaraciones ministeriales con las que la fiscalía robustecía la acusación podían servir como prueba, porque el resto eran de personas que solo por oídas sabían de supuestos vínculos de Sánchez Martínez o ni lo mencionaban en sus dichos.

No obstante, concluyó que esas 3 declaraciones, realizadas por los testigos protegidos Zajed, Lucero y Orión, y en las cuales la PGR sustentó en gran medida su acusación, no eran convincentes.

El magistrado expuso que los testigos protegidos no refirieron haber visto al exalcalde recibiendo de propia mano el dinero que supuestamente le entregaban los Beltrán Leyva y Los Zetas o realizando los actos que le adjudican.

Ejemplificó que se contradicen entre ellos, pues mientras Zajed —nombre de uno de los testigos protegidos— primero dice que Sánchez Martínez lavaba el dinero de los Beltrán Leyva, después señala que favorecía el tráfico de droga, en tanto que Lucero —otro testigo protegido— menciona que sabía que la Policía Municipal era la que facilitaba las operaciones de las organizaciones.

“No se advierte con certeza cuál era la actividad que supuestamente, a cambio de fuertes sumas de dinero, Gregorio Sánchez Martínez, realizaba”, agregó en la resolución.

Pone en entredicho la veracidad de las manifestaciones de Zajed, al exponer que éste dijo ser un operador financiero de los Beltrán Leyva entre 2007 y finales de 2009, y sin embargo, ya fungía como testigo protegido de la SIEDO desde julio de ese último año en otro caso.

Incluso manifiesta que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que reportó operaciones bancarias de Sánchez Martínez que no correspondían a sus ingresos, el cual sirvió como base para iniciar la investigación, no es prueba suficiente porque la SIEDO no demuestra que el dinero provenga de actividades ilícitas.

También advirtió otras irregularidades en la integración del expediente, pues una declaración de Zajed, realizada el 19 de enero de 2010 fue hecha ante el agente del Ministerio Público Juan Manuel Valladares Mata, pero firmada por Avendaño Herrera.

El magistrado expuso que en el expediente que la SIEDO consignó al juez, seis fojas que contienen la declaración de Orión —testigo protegido— no están foliados, lo que abre la posibilidad de que hubieran sido puestas en sustitución de las originales y además tampoco llevan firma del fiscal.

Para la defensa de Greg Sánchez, compuesta por los abogados Alejandro Pascal y Guillermo Cabral, esas irregularidades generan sospechas de que se buscaba perjudicar al ex candidato.

“No encuentro una razón legal para que sustituyan unas actuaciones (declaraciones) por otras; eso no puede tener ningún fin lícito, tiene el fin de ingresar declaraciones para perjudicar al inculpado”, manifestó Cabral a CNNMéxico, al ser consultado al respecto.

Nueve declaraciones ministeriales, así como una resolución, anexadas al expediente, son meras copias fotostáticas que no están certificadas, lo que también les resta valor, precisó el magistrado en su resolución.

“Con las pruebas de cargo que obran en la investigación no se podría lograr integrar la prueba circunstancial para estimar acreditada la probable responsabilidad penal de Gregorio Sánchez Martínez”, señaló en la resolución que le tomó un año emitir.

La PGR defiende su trabajo 

Tras la resolución del tribunal, el 20 de julio la titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, afirmó ante medios que la revocación del auto de formal prisión no exonera al exalcalde de esa acusación y que continuarán trabajándola para volver a presentarla.

“Estimo que el trabajo del Ministerio Público está bien estructurado, si no fuera así no se hubiera librado una orden de aprehensión”, manifestó Bugarin en conferencia de prensa.

CNNMéxico solicitó este domingo una postura en torno a los argumentos del tribunal, a lo que la PGR respondió que continúa siendo la misma expuesta por la titular a la SIEDO.

Por ahora, Greg Sánchez está impedido para abandonar la capital del país hasta el 28 de agosto y portar un brazalete de monitoreo, en tanto la SIEDO concluye una indagatoria que inicio en junio por supuestamente recibir dinero del cártel de Sinaloa en 2009, basada en los dichos de un testigo protegido.

Además, está pendiente que se resuelva si un juez concede otra orden de aprehensión en su contra, por otra investigación en la que la SIEDO lo acusa de participar en el tráfico de indocumentados a través de Quintana Roo.

La defensa reiteró que en esas dos investigaciones tampoco existen pruebas veraces en contra del político y empresario.