La Ley General de Víctimas: un logro más para el Movimiento por la Paz

La ley, aprobada este miércoles por el Pleno del Senado, será enviada a la Cámara de Diputados para su votación y posible aprobación
Sicilia Beltrones
Sicilia Beltrones  (Foto: Alfredo Pelcastre, )
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| Otra fuente: CNNMéxico

La recién aprobada Ley General de Víctimas por el Pleno del Senado creará una nueva institución para asistir a las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos y buscará reparar los daños que hayan sufrido.

Dicha legislación se elaboró como respuesta a una demanda que organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezada por el poeta Javier Sicilia, plantearon tanto a los representantes del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Si bien para que entre en vigor, la ley debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, activistas como Emilio Álvarez Icaza, integrante del MPJD, celebraron desde este martes que la iniciativa haya sido aprobada por las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos (primera y segunda) del Senado por unanimidad.

De aprobarse, la ley sería “el instrumento más valioso de los diálogos llevados a cabo en el Castillo de Chapultepec en julio del 2011”, dijo Álvarez Icaza, según reportó la agencia Notimex.

De acuerdo con el dictamen de la nueva ley, se creará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano descentralizado de la administración pública federal que contará con presupuesto propio.

Esta institución será la encargada de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, según el dictamen.

Todos estos órganos formarán parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que elaborará las políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, tanto a nivel federal como a nivel local.

Dichas instituciones serán creadas si los diputados aprueban la ley, pese a que algunas funciones como la atención jurídica y económica son actualmente realizadas por la Procuraduría Social de Atención de las Víctimas del Delito (Províctima), creada en octubre del 2011 por decreto presidencial.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contará con recursos que servirán para dar diferentes tipos de apoyo a las víctimas, por ejemplo, compensaciones por violaciones a derechos humanos que iniciarán desde los 10 salarios mínimos, becas escolares y apoyos económicos para las víctimas y sus familiares.

El dinero de este fondo provendrá de diversas fuentes. Además de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberá contemplar una partida para este fin, también recibirá recursos obtenidos por fianzas, multas y enajenación de bienes al crimen organizado, así como de donaciones privadas.

La creación del Registro Nacional de Víctimas servirá para empezar a integrar una base de datos a nivel nacional con estadísticas sobre víctimas de la violencia, y de violaciones a los derechos humanos. Esta base de datos funcionará de manera paralela al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, creado por el Senado en marzo de este año.

El informe de la nueva ley, aprobado en el Senado, explica que para poder gozar de los beneficios de esta legislación, las víctimas deberán solicitar su inscripción al Registro Nacional de Víctimas. Con base en la información entregada, se valorará si cumple con los requisitos para recibir atención, apoyo y recursos económicos.

Otra demanda de las organizaciones de apoyo a víctimas de la violencia y de defensores de derechos humanos, es la de otorgar asesoría jurídica a los afectados y sus familiares.

Para cumplir con dicha demanda, la Ley General de Víctimas contempla la creación de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, que según el documento, busca dar un acompañamiento legal.

La nueva ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se deberá crear dentro de los 90 días naturales a partir de la vigencia de la ley, según dispone la legislación.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se deberá crear dentro de los 30 días naturales a partir de la creación del Sistema, agrega el documento.

Una larga espera

La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Senado casi nueve meses después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el activista Javier Sicilia, se reuniera con legisladores para exigir una mayor protección a las personas afectadas por la inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

Ante el creciente número de muertes provocadas por la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado – que de acuerdo con las últimas cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) suman más de 47,000 decesos – el MPJD exigió el 28 de julio del 2011 a los legisladores expedir lo antes posible una ley que garantizara la atención y protección a las víctimas y a sus familiares.

La legislación tomó como base la iniciativa elaborada por un grupo de senadores que fueron encabezados por los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) e integrantes del Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el texto del dictamen, también se incluyeron elementos de otras dos iniciativas presentadas en el Senado y una en la Cámara de Diputados, por legisladores del PAN y del PRD.

En su elaboración también se contó con el apoyo de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizaciones de la sociedad civil, especialistas y activistas de derechos humanos así como de expertos en el tema de víctimas de la violencia.

Este lunes, los presidentes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado se reunieron con activistas del MPJD para comprometerse a formular y aprobar la Ley General de Víctimas y posteriormente enviar el dictamen a la Cámara de Diputados.

El senador Carlos Sotelo del PRD, e integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, por su parte, consideró que esta ley está “destinada a resarcir mínimamente los  terribles agravios provocados en víctimas inocentes” por la estrategia federal contra el narcotráfico.

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