Infracciones a la ley sin un castigo electoral

Gastos excesivos, financiamiento paralelo o propaganda indebida implican multas para partidos o candidatos, pero no que un triunfo se anule

Las faltas de los partidos

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Sin Pie de Foto
IFE  Sin Pie de Foto  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

Rebasar el tope de gastos de campaña, hacer proselitismo anticipado o realizar propaganda indebida son infracciones de las que los partidos políticos se acusan con frecuencia, pero no son razón suficiente para anular una elección. 

Hay tres causales de nulidad marcadas por la ley mexicana: irregularidades comprobadas en el 25% o más de las casillas, que no se instalen 25% o más de las casillas o que el candidato ganador no cumpla los requisitos para ser elegible.

Cuando un partido o candidato viola la legislación electoral, recibe una sanción administrativa (multa) o una amonestación pública y, en caso de violaciones "graves y reiteradas", se puede cancelar el registro de una fuerza política o prohibir que un precandidato se registre. 

El Tribunal Electoral federal puede invalidar comicios, sin tomar en cuenta las causales de nulidad, si concluye que una elección no cumplió con los principios de libertad, equidad e imparcialidad establecidos por la Constitución.

Del 2000 a la fecha, la institución únicamente ha declarado inválidas tres elecciones: la de gobernador de Tabasco en el 2000, la de gobernador de Colima en 2003 y la de la alcaldía de Morelia en 2011. Los fallos implicaron la realización de votaciones extraordinarias, pero no sanciones para partidos o candidatos.

El 'Pemexgate'

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Pemexgate
Pemexgate  Pemexgate  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En 2001, el gobierno de Vicente Fox, militante del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por presunto desvío de recursos a la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, durante las elecciones del 2000, en las que Fox resultó ganador.

La denuncia planteaba el posible desvío de 1,500 millones de pesos y señalaba como principales responsables a Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex, y a los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.

En octubre de 2002 el caso llegó al Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro en la materia y responsable de fiscalizar los recursos de los partidos. A principios de 2003, la institución concluyó que el sindicato petrolero desvió al menos 500 millones de pesos al PRI y le impuso una multa de 1,000 millones de pesos.

El partido apeló la sanción, pero el Tribunal Electoral federal la ratificó. El PRI terminó de pagar la deuda en enero de 2006.

La PGR, por su parte, acusó a los implicados de cargos como peculado —robo de recursos del erario—, pero después de años de litigios judiciales todos obtuvieron amparos o fueron exonerados. En la próxima Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, Romero Deschamps será senador plurinominal por el PRI y Aldana, diputado.

Los 'Amigos de Fox'

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Amigos de Fox
Amigos de Fox  Amigos de Fox  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En junio del 2000, pocos días antes de las elecciones presidenciales, el PRI presentó una queja ante el IFE por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo para la campaña del entonces candidato panista, Vicente Fox. 

La investigación concluyó que la asociación civil Amigos de Fox, dirigida por el empresario Lino Korrodi, había recabado 91 millones de pesos para la campaña del panista.

En octubre de 2003, el IFE multó a los partidos que postularon a Fox —el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— por haber recabado recursos que no fueron reportados y con los cuales, además, rebasaron el tope de gastos de campaña. 

En México, los partidos políticos se mantienen principalmente de recursos públicos y las donaciones que reciben, sean en efectivo o en especie, deben ser reportadas y están sujetas a límites como no provenir del extranjero ni de dependencias de gobierno.

Mientras el hecho no tuvo repercusiones legales para Fox, el Tribunal Electoral fijó la sanción en 399 millones de pesos para el PAN y 98 millones para el PVEM. 

Eruviel Ávila 'adelanta' campaña

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Eruviel Ávila
Eruviel Ávila  Eruviel Ávila  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

En la elección de 2011 para gobernador del Estado de México, la coalición de izquierda conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (entonces llamado Convergencia) acusó al candidato del PRI, Eruviel Ávila, de realizar actos anticipados de campaña. 

A cuatro días de los comicios, el Tribunal Electoral federal determinó que Ávila sí violó la ley al haber participado en un mitin meses antes, en el periodo de precampañas. 

Esa etapa está diseñada para que los aspirantes de un partido compitan por una candidatura, pero dado que Ávila fue precandidato único del PRI, no tenía derecho a hacer proselitismo en ese lapso, según el fallo judicial. 

La infracción fue considerada como no grave, por lo que el abanderado priista únicamente fue multado con 26,900 pesos

Los partidos de izquierda pedían al Tribunal que cancelara el registro de Ávila como candidato y acusaron que hubo inequidad en la contienda. Tras las votaciones, las autoridades electorales desecharon las impugnaciones de la coalición de izquierda y Ávila resultó ganador de los comicios con más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo lugar.

Las infracciones de Calderón

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Felipe Calderón
Felipe Calderón  Felipe Calderón  (Foto: )

En menos de dos años, el IFE ha determinado que el presidente Felipe Calderón, militante del PAN, ha violado en tres ocasiones la Constitución, y con ello la legislación electoral. 

La primera infracción se registró a finales de julio de 2010, luego de que Calderón emitiera en medios electrónicos un mensaje sobre su estrategia de seguridad días antes de que varios estados tuvieran elecciones para gobernador. Según el IFE, con esa acción Calderón violó la veda electoral. 

El segundo caso ocurrió en abril de este año, cuando el IFE resolvió que Calderón realizó propaganda indebida y violó el principio de imparcialidad de los servidores públicos, al ordenar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enviara a los contribuyentes cartas con la firma del mandatario. 

La tercera falta se registró un mes después, a raíz de que el presidente ordenara dirigir cartas con su nombre a los beneficiarios de créditos para vivienda otorgados por el Estado. 

Calderón, sin embargo, no puede ser sancionado por conductas político-electorales porque la ley no prevé esa posibilidad. A finales de 2010, el entonces consejero del IFE Arturo Sánchez dijo que sin un sistema de sanciones fuerte, partidos y políticos encuentran “rentable” violar la legislación electoral.

El caso Monex

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Tarjetas Monex
Tarjetas Monex  Tarjetas Monex  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

El PAN y la coalición de izquierda Movimiento Progresista —que conforman el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano— acusan al PRI de haber rebasado el tope de gastos de campaña, fijado en 336 millones de pesos por candidato presidencial, así como de haber comprado votos e incluso lavado dinero en la elección del 1 de julio.

El PRI, según la acusación, recibió millones de pesos de varias empresas para financiar tarjetas de Banca Monex, un grupo financiero, con las que presuntamente pagó a sus operadores políticos y compró votos.

Aunque los priistas en un principio rechazaron los señalamientos, a fines de julio la dirigencia del partido admitió haber empleado estas tarjetas para sufragar gastos de “organización”.

Tanto el PAN como el PRD piden que su queja sea atendida por el IFE antes de que el Tribunal Electoral califique la elección, de la que el priista Enrique Peña Nieto es el virtual ganador. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo recientemente que el caso está “abierto” pero las indagatorias deben llevarse a cabo en los plazos establecidos por la ley, es decir, hasta enero de 2013.

El PRI contraataca a López Obrador

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Priistas
Priistas  Priistas  (Foto: Cuartoscuro Archivo)

El PRI acusó al candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de haber cometido al menos tres delitos durante la contienda realizada en julio de este año. 

El primer delito señalado por el PRI fue que presuntamente se estableció una red de financiamiento paralelo para la campaña de López Obrador a través de organizaciones civiles, como Honestidad Valiente y Austeridad Republicana. 

Además, señalan los priistas, el aspirante de la izquierda consintió que esas asociaciones evadieran impuestos y, mediante contratos de servicios, recibió dinero ilícito de gobiernos estatales y municipales encabezados por el PRD. 

Tanto López Obrador como sus colaboradores niegan las acusaciones y aseguran que son parte de una “cortina de humo” del PRI.