Los argumentos en contra del juicio de invalidez

Por:
Tania L. Montalvo

Por qué el Tribunal Electoral desechó la recurso de impugnación contra la elección presidencial presentado por Movimiento Progresista

¿Por qué el Tribunal declaró infundado el juicio?

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Tribunal Electoral protesta 5
Tribunal Electoral protesta 5  (Foto: Alfredo Pelcastre, )

El proceso electoral de 2012 está por concluir y uno de los últimos pasos en ese sentido es el fallo en contra del juicio de inconformidad presentado por Movimiento Progresista, cuyo candidato, Andrés Manuel López Obrador, quedó en segundo lugar por número de votos respecto a Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México, según el conteo del Instituto Federal Electoral (IFE).

La coalición de izquierda integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano buscaba la invalidación de la elección presidencial con seis argumentos que pretendían probar violaciones al artículo 41 constitucional.

Pero este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no solo determinó que no hubo violaciones constitucionales, sino que los "agravios expuestos por la coalición" fueron "infudados".

A continuación te presentamos los argumentos de la corte para este fallo:

Adquisición encubierta en radio y televisión

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enrique peña nieto emilio azcarraga
enrique peña nieto emilio azcarraga  enrique peña nieto emilio azcarraga  (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Movimiento Progresista argumentó que en medios como Grupo Radio Fórmula, los diarios de la Organización Editorial Mexicana o Grupo Televisa, la cobertura de la campaña electoral fue inequitativa.

Pero los magistrados indicaron que las pruebas presentadas "son inconducentes para acreditar" los dichos y que la cobertura muchas veces respondió a la línea editorial de cada medio.

La izquierda también argumentó que no estaba garantizada la libertad de expresión en México y que el derecho de réplica no estaba reglamentado, lo que afectaba directamente a su movimiento y a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Ambos argumentos fueron declarados infundados, el primero por tratarse de "afirmaciones subjetivas y dogmáticas" y el último por partir de un supuesto errado, una vez que nada imposibilita a un partido o candidato a ejercer el derecho de réplica. 

Uso de encuestas como medio de propaganda

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ciro gomez leyva milenio postura
ciro-gomez-leyva-milenio-periodistas-desaparecidos-durango  ciro gomez leyva milenio postura  (Foto: )

Contra la libertad de los comicios también se argumentó el uso de encuestas "manipuladas" y la forma en que estas se convirtieron en propaganda a favor de Peña Nieto.

Se entregaron 85 ejemplares del diario Milenio con la encuesta diaria de GEA-ISA, así como estudios de las firmas Parametría y Mitofsky, los cuales daban al priista una ventaja superior a la que resultó en el conteo general hecho por el IFE.

El Tribunal determinó que aunque las encuestas no coincidieron con el resultado de la elección, no se ofreció elemento "probatorio alguno que permita advertir la existencia de algún error muestral o sesgo en la metodología".

Los magistrados coincidieron en que todas las casas encuestadoras se apegaron a lo ordenado por las autoridades electorales. 

Financiamiento encubierto por Banco Monex

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Tarjetas Monex
Tarjetas Monex  Tarjetas Monex  (Foto: )

Movimiento Progresista argumentó que la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo durante la campaña "financiamiento encubierto, paralelo, de procedencia desconocida y prohibido por la ley", lo que atentó contra la libertad de la elección.

Sobre el presunto financiamiento a través de tarjetas de prepago Monex, los magistrados determinaron que si bien las pruebas presentadas muestran que el PRI entregó tarjetas de prepago a algunos de sus representantes en diversas entidades federativas, no se prueba el reparto de tarjetas a ciudadanos en general a cambio de su voto.

"No está demostrado que quienes las recibieron hayan llevado a cabo una función de movilización o alguna otra que se tradujera en el influjo o sugestión del electorado".

Sobre las notas periodísticas entregadas como pruebas sobre el caso, el Tribunal aclaró que estas solo "cuentan con valor demostrativo indiciario, carecen de eficacia probatoria por sí mismas al tratarse del producto de una investigación periodística y de la interpretación personal de quién las redactó".

Y respecto a la inversión de millones de pesos en tarjetas de prepago, los magistrados concluyeron que los elementos presentados "son insuficientes" para demostrar la compra y coacción del voto. 

Agravios por intervención de tiendas Soriana

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protesta soriana
protesta soriana  protesta soriana  (Foto: )

Según la coalición de izquierda, la prueba de que el PRI distribuyó tarjetas de prepago a cambio de votos fue el "pánico" que se generó días después de los comicios, ante los rumores de que estas serían desactivadas. 

Los magistrados determinaron que no había evidencia suficiente para sustentar la acusación, pues aunque se comprueba la existencia de las tarjetas plásticas, eso no es "suficiente para acreditar la supuesta distribución a cambio del voto".

Para este caso, la izquierda entregó docenas de videos presuntamente grabados desde tiendas Soriana, testimonios de personas que las recibieron y notas.

En el Tribunal se determinó que en esas pruebas "solo se observan filas de personas formadas para pagar en las cajas", lo que no demuestra compras de pánico o que estas se realizan tras la compra del voto. 

Gasto excesivo en campaña

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revolucion democratica y revolucionario institucional se confrontan por gastos de campaña
pri y prd pugna por recursos de campaña  revolucion democratica y revolucionario institucional se confrontan por gastos de campaña  (Foto: Especial)

Por este punto de la denuncia, Movimiento Progresista pidió ampliar el plazo para la calificación de la elección más allá del 6 de septiembre.

La coalición considera que no hubo el tiempo suficiente para revisar las pruebas y, sobre todo, para que la Unidad de Fiscalización del IFE resolviera las quejas por gastos excesivos en la campaña priista.

El Tribunal rechazó ampliar el plazo con el argumento de que la ley no se puede modificar según "berrinches" o peticiones de terceros.

De acuerdo con las cuentas de la izquierda, la campaña de Peña Nieto costó casi 4,599.9 millones de pesos, cuando el tope de gasto era de 336 millones.

Puso de ejemplo el partido de México-Guyana en el estadio Azteca, donde supuestamente el PRI invirtió miles de pesos para transportar a militantes; los magistrados determinaron que no había evidencia que lo probara.

Tampoco se aceptó como prueba la entrega de tarjetas de teléfono 'La tamaulipeca' y otros artículos utilitarios con propaganda, pues "se está llevando a cabo la investigación correspondiente, lo cual es insuficiente para concluir que se produjo una aportación o donación".

Intervención de gobiernos

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humberto moreira y enrique peña nieto
humberto moreira y enrique peña nieto  humberto moreira y enrique peña nieto  (Foto: )

La izquierda argumentó que el gobierno federal, a través del presidente Felipe Calderón y el titular de Hacienda, intervino en los comicios presidenciales.

También señaló a los gobernadores priistas de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Veracruz y entregó una nota periodística del diario La Jornada para respaldar la existencia del Operativo Ágora, a través del cual supuestamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) promovía el voto a favor de Peña Nieto.

Según los magistrados, los funcionarios federales no emitieron comentario alguno a favor de ningún candidato, partido o plataforma política, por lo que el agravio se declaró infundado.

Sobre el actuar de mandatarios locales, se concluyó que las pruebas no permitieron comprobar la hipótesis señalada por Movimiento Progresista.

Por ejemplo, el TEPJF señaló que los videos que supuestamente mostraban una bodega de la Secretaría de Educación Pública en Veracruz con propaganda priista "no permiten identificar el lugar exacto en que se grabaron las imágenes".

Si bien confirman que en junio pasado hubo una reunión en Toluca entre gobernadores emanados del PRI, se determinó que no hay forma de probar que esta se realizó para establecer un acuerdo para cubrir una cuota determinada de votos a favor de Peña Nieto o para utilizar recursos estatales  en su campaña. 

Compra y coacción del voto

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elecciones casilla votos boletas electrorales
elecciones casilla votos boletas electrorales  elecciones casilla votos boletas electrorales  (Foto: )

Para este agravio, los partidos de izquierda argumentaron la presencia de niños contratados para ingresar a las casillas y verificar el voto del electorado, pero se declaró infundado por falta de pruebas.

Los magistrados determinaron lo mismo sobre el supuesto acarreo de votantes y el robo de material y documentos electorales para alterar las boletas introducidas en las casillas.

Sobre la entrega de tarjetas de teléfono y otros beneficios para motivar el voto, el Tribunal Electoral señaló que no es posible probar que estos fueron usados para que los electores votaran "a favor de la opción política que las repartió".

La coalición también argumentó que en entidades como Jalisco, Chihuahua y Durango hubo irregularidades el día de la votación, pero las pruebas carecieron de “eficacia”, según los magistrados. 

Irregularidades durante cómputos distritales

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Cómputo distrital
Cómputo distrital  Cómputo distrital  (Foto: )

Uno de los principales argumentos en contra de la elección era la votación atípica en zonas rurales, es decir, que un número muy elevado de electores, según los registros históricos, acudieron a votar a favor del PRI.

Ante esto, el Tribunal Electoral determinó que la parte acusadora “omitió exhibir la prueba", por lo que consideró imposible pronunciarse al respecto.

También acusaron que hay "falta de certeza" en las casillas que fueron recontadas, pero los magistrados argumentaron que no se presentaron pruebas suficientes y que la coalición debió entregar "de manera detallada, distrito por distrito, en qué casos se presentaron las inconsistencias".