El padre de un joven asesinado por discutir con policías busca justicia

Jethro Ramsses Sánchez fue torturado y enterrado aún con vida por haberse enfrentado verbalmente con policías federales
En México ha aumentado la tortura
| Otra fuente: CNNMéxico

Héctor Sánchez preferiría no volver a hablar sobre cómo murió su hijo Jethro, de 26 años.

Sin orden de captura, sin antecedentes penales, Jethro fue detenido por policías municipales y entregado, sin razón aparente, a militares. Según información recabada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, el joven murió luego de ser torturado y enterrado vivo en mayo de 2011.

Hector Sánchez dice reiteradamente que su hijo era “buen muchacho”, que estudió una Ingeniería en Electromecánica, inglés en Estados Unidos y formaba parte de un equipo de futbol que ganó una final estatal.

El 1 de mayo de 2011, el último día que lo vio con vida, Jethro jugó un partido de futbol y después pasó a un bar con unos amigos. De ahí, fueron a una feria cerca de Cuernavaca, Morelos, en el centro del país.

En esa feria hubo una riña en la que, según testigos, Jethro no participó. Pero su carácter a veces prepotente, como lo admite su padre, hizo que se enfrentara verbalmente con los policías municipales que detuvieron a los involucrados.

Según testigos, uno de los compañeros de Jethro también amenazó a uno de los agentes con que iban a mandar llamar a gente del Cártel del Golfo para que los dejaran en paz.

La amenaza era para que los policías "se asustaran", pero ni Jethro ni su amigo tenían relación alguna con grupos criminales, asegura su padre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que también investigó el caso, señaló en su informe que no hay pruebas que los vinculen con el crimen.

No obstante, la amenaza provocó que los agentes pidieran la presencia de policías federales, quienes detuvieron a ambos jóvenes. Al compañero lo liberaron después de apuntarle un arma en la cabeza pero a Jethro lo entregaron al Ejército. Héctor cree que fue por los insultos que recibieron del joven, aunque nadie sabe por qué se llevaron a uno y liberaron a otro.

En la recomendación 38/2012 de la CNDH se indica que la entrega de Jethro a militares constituye una violación a la Constitución mexicana, ya que no lo presentaron ante un Ministerio Público.

“Elementos de la Policía Federal, incurrieron en una responsabilidad por omisión consistente en permitir, tolerar y dar su anuencia para que los elementos de la Sedena se llevaran a las víctimas vulnerándose con ello un deber de cuidado a su cargo precisamente para que no fueran detenidos de manera arbitraria y prevenir con dicho cuidado que fueran objeto de otros agravios como finalmente sucedió”.

Ya en la armería de una instalación militar, el joven fue víctima de torturas, según declararon algunos elementos del Ejército que alcanzaron a escuchar los gritos del joven.

Al enterarse de la detención, Héctor comenzó a buscar a su hijo y a meter denuncias y amparos para conocer su paradero, pues la policía municipal de Cuernavaca, la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) negaban conocer el paradero de Jethro.

Tres meses después, militares de otro batallón encontraron un cuerpo mal enterrado en el estado vecino de Puebla, que fue identificado como el de Jethro Ramsses Sánchez.

“Ya una vez encontrado el cadáver es muy difícil determinar cuáles fueron exactamente las torturas que se le infringieron porque el cadáver antes de ser enterrado, al parecer, fue rociado con una especie de solvente o ácido para que no fuera reconocible y también por el tiempo que comenzó a transcurrir, las condiciones en las que se encontraba ha sido muy difícil determinar eso”, explica Octavio Amezcua, abogado del caso e integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

Por este caso ya fueron detenidos dos militares bajo los cargos de tortura y homicidio. Hace unos meses, el expediente del superior que ordenó la desaparición del cuerpo de Jethro llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir la muerte de Jethro, pedía que fuera juzgado en un tribunal militar, pues teme que su vida se ponga en peligro al ser encarcelado en una prisión civil.

A pesar de esto, el pleno de la SCJN determinó que su caso debe procesado en por un juez federal en un tribunal ordinario.

Héctor desea que también los policías federales que entregaron a Jethro a los militares sean enjuiciados. El abogado asegura que tras la detención, por ley, los policías deben trasladar a los detenidos al Ministerio Público, no entregarlos a otras instancias.

“Ahí se incumplió un deber administrativo que incluso constituye delito, también se encuentran otros policías municipales de Morelos que realizan declaraciones contradictorias después de la desaparición que confunden a las autoridades y llevan a retrasar toda la investigación”, detalla Amezcua.

En su recomendación, la CNDH sugiere a la Sedena y a la SSP que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los familiares de Jethro, por la privación de la vida y desaparición forzada de la víctima.

Amezcua dice que si bien la Sedena aceptó la recomendación, la SSP, organismo al que pertenece la PFP, se ha negado a aceptar la recomendación.

“Aquí por tratarse de una violación grave de derechos humanos, debe ser una reparación integral a la familia que esto constituye disculpas públicas por parte de las autoridades, digamos la construcción de alguna especie de memorial, en memoria de Jethro, también medidas de no repetición como pueden ser reglamentos y leyes que esta situación no se vuelva a repetir, capacitaciones a funcionarios y también atención a la familia para superar esta difícil situación por la que han pasado”, detalla el abogado.

Recientemente, la CNDH difundió un informe en el que se revela que del 2006 al 31 de mayo de 2012, se recibieron 89 quejas contra elementos de las Fuerzas Armadas y la PFP por actos de tortura.

El 12 de octubre, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y la Procuraduría General de la República difundieron un comunicado en el que dijo estar comprometido con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, incluyendo el combate a la tortura.

En el documento se informó que 31 de octubre y el 1 de noviembre, el Estado mexicano presentará un informe sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en Ginebra, Suiza.

Amnistía Internacional, organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, señala que en las 38,000 detenciones que la Sedena ha reportado que ha hecho de 2006 a 2011, los detenidos han sido trasladados a instalaciones militares, en lugar de presentarlos ante el Ministerio Público.

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Héctor dice que está resignado pues nadie le va a devolver a su hijo con vida, pero espera que su muerte sirva de algo y que este tipo de abusos no se sigan cometiendo.

“Si ya le pasó esto a él que le sirva de algo en una situación positiva. Que las autoridades piensen que también tienen familiares, que también tienen amigos que les puede ocurrir una situación injusta de ese tipo”, señala.

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