La aprobación de la Ley de Víctimas, una oportunidad para la mejora social

Activistas y analistas en asuntos de seguridad y derechos humanos valoran positivamente la Ley, pero exigieron reglas y resultados
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| Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

La nueva Ley General de Víctimas promulgada por Enrique Peña Nieto puede enseñar a servidores públicos a proporcionar mejor asistencia a las víctimas del delito y ayudar a construir una sociedad más equitativa, coincidieron analistas durante la emisión de México Opina, transmitida por CNN en Español.

"Es una ley de vanguardia y didáctica. Los servidos públicos pueden aprender a tratar dignamente a una persona que pasa por un dolor", opinó Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

"Al ayudar a la víctima desde los funcionarios, se puede incentivar la denuncia y así transformar la realidad", añadió.

Sepúlveda opinó que con la nueva ley los servidores públicos deberán aprender a dar un trato privilegiado a la víctima y asegurase de brindarle justicia. 

La Ley General de Víctimas fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto seis meses después de que el expresidente Felipe Calderón la rechazara y presentara una controversia constitucional para exigir cambios.

La ley contempla obligar al Estado a proteger y reparar en materia integral el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos de las autoridades. La Ley General de Víctimas surgió de una propuesta de la sociedad civil.

Para José Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), "se necesita llenar los vacíos de la ley, la crítican debido a que intenta resolver el mal funcionamiento de otras leyes, pero es necesaria para dar justicia y reparación del daño". 

Marroquín explicó que no es suficiente con ver aprobada la ley para que funcione. "Se necesita estructura y reglas de procedimiento, ¿quién va reparar el daño? ¿quiénes serán considerados víctimas?. Tendrá que surgir cierta presión social para que funcione".

"Está ley es útil, pero se tiene que ampliar para que realmente se haga justicia y las víctimas tengan acceso a la reparación". mencionó.

En ese sentido, el abogado Francisco Burgoa, analista invitado de CNNMéxico, dijo que deberán ser establecidas las directrices para mejorar la instrumentación y el registro de víctimas y tener claro la forma en que operará la ley de manera federal, estatal y municipal.

Agregó que la promulgación de la ley y su seguimiento será "un buen momento para que los ciudadanos conozcan sus derechos humanos, se garantice la seguridad pública y disminuyan los delitos. Con eso habrá menos víctimas".

Cuestión de presupuesto

Los invitados a la emisión conducida por el periodista Mario González coincidieron en que el debate sobre la reparación económica del daño a los familiares de la víctimas por la violencia es "estéril".

Sepúlveda dijo que si bien hay que establecer criterios para indemnizar a las víctimas o sus familiares, el hecho de brindar un benefició económico contribuye a los esfuerzos por alcanzar un país de ciudadanos igualitarios.  

"Las víctimas son una deuda, no una económica, son una deuda social (…) ningún país que ha reconocido estos sistemas han entrado es crisis presupuestal", dijo.

Para José Marroquín es una responsabilidad del Estado compensar a las víctimas, "damos por normal que el gobierno compense a la víctimas de violación de derechos humanos destinando fondos del presupuesto, es necesario también obtener mecanismos que hagan que los funcionarios den cuentas".   

La Ley General de Víctimas establece la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares con una compensación de un monto máximo de 500 veces el salario mínimo mensual, es decir, un total de 971,400 pesos, de acuerdo con el salario mínimo vigente en 2013.

Otros aspectos que se considerarán en el presupuesto de la Ley es el costo que tendrá el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas. También incluye una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se encargará de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para los afectados por la violencia.

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