Organizaciones civiles buscan reformas a la Ley de Víctimas

El Movimiento por la Paz, Causa Común y otras organizaciones cabildean con legisladores modificaciones que consideran básicas
  • A+A-
Por:
Daniela Rea
Autor: Daniela Rea | Otra fuente: CNNMéxico
(CNNMéxico) -

Lugo de la publicación de la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación, legisladores y organizaciones de la sociedad civil preparan el camino para las reformas que consideran necesarias para darle operatividad.

Dichas propuestas apuntan a dos cambios principales: el acotamiento al subsidio que el gobierno otorgará a víctimas de delitos cometidos por particulares, y el adelgazamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).

Silvano Cantú, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y Eliana García, quien perteneció al equipo técnico que acompañó el proceso de la ley en el Senado y enlace entre el MPJD y legisladores, coinciden en que el tema económico y la tipificación de las víctimas beneficiarias han sido centrales en estos diálogos.

Los encuentros entre el MPJD y legisladores del PRI y PRD comenzaron desde el año pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón vetó la ley, señala Eliana García.

García detalla que de esas charlas surgió una propuesta consensada entre las víctimas y los legisladores del PRI y PRD que será presentada al Congreso.

Quién, cómo y en qué casos

Sobre la subsidiariedad compensatoria, el artículo 71 de la Ley General de Víctimas aprobada indica que cuando no sea posible que el responsable resarza a la víctima —ya sea porque se fugó, murió o está desaparecido—, el Estado pagará de manera subsidiaria la reparación del daño hasta por 500 veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal.

En la reforma que se propone, detalla Eliana García, se mantendrá ese tope económico, que equivale a casi 1 millón de pesos, pero sólo se atenderán delitos que atenten contra la vida, la libertad y la integridad física, es decir, víctimas de homicidio o secuestro, por ejemplo, pero no las de un robo simple o una extorsión.

“De esta manera estamos priorizando delitos de alto impacto en la vida de las personas y atendemos las preocupaciones de cierta parte de la sociedad sobre la capacidad presupuestal del Estado”, explica en entrevista.

Silvano Cantú señala que el MPJD respalda esta propuesta, pero también impulsarán otras modificaciones.

En un principio las víctimas agrupadas en el MPJD buscaban que se eliminaran los topes económicos establecidos en la ley, pero decidieron respaldar esos “candados mínimos”.

“Esto lo hicimos para lograr una consideración de racionalidad y proporcionalidad para evitar cualquier tipo de posible abuso, sin que ello repercuta en un menoscabo a los derechos de las víctimas. Sólo buscamos establecer un mecanismo para equilibrar el derecho de acceso a la reparación”, explica Cantú.

A cambio de aceptar los topes monetarios y límites de delitos a subsidiar, el MPJD buscará que se amplíen las autoridades con capacidad para acreditar a una víctima como tal y aprobar su derecho a la reparación, agrega Cantú.

¿Quién es una víctima de la violencia?

En el mismo artículo 71 de la ley publicada se otorga solo al Ministerio Público la facultad para determinar quién puede ser considerado víctima de la violencia, es decir, somete al sistema de justicia el derecho de la víctima del delito a su reparación, explica Cantú.

“Buscamos que la reforma diga que para acceder a esta reparación también las comisiones de derechos humanos, los organismos internacionales facultados o el Sistema Nacional de Atención a Víctimas puedan determinar que existe el daño sobre la persona y sobre esa declaratoria se resuelva el pago. Como está en la ley dificulta el acceso a la reparación porque lo limita a un sistema jurisdiccional que puede ser complejo y lento”, dice.

La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoce que determinar el monto de la reparación y el tipo de víctimas será un tema en el cual se encontrarán distintas propuestas, durante el proceso de reforma de la ley, que iniciará de manera formal una vez que arranque el periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero.

“Hay un debate al respecto. Necesariamente tiene que tomarse en consideración las propuestas que se van a formalizar los próximos días por parte de los distintos legisladores y distintos movimientos de víctimas. Estamos hablando de situaciones económicas que tienen que respaldar a la ley. Necesitamos ponernos de acuerdo respecto a quiénes son las víctimas a quienes se va a invocar. No es una cuestión sencilla“, dijo.

El fondo para las víctimas

De la Peña dijo que existe preocupación del Ejecutivo respecto a los recursos que exija la Ley para satisfacer a las víctimas que recurran a ella.

“Tenemos que escuchar a todas las voces, es preocupación del gobierno que son los que deben garantizar estos recursos, que puedan devengarse, pero también debemos atender las preocupaciones de las organizaciones de víctimas que son quienes tienen el pulso de lo que están sufriendo“, explica.

Otra de las modificaciones que se prevén, es sobre la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). El artículo 81 de la ley aprobada señala la lista de funcionarios y ciudadanos que lo integrarán, sumando casi 4,000 personas –entre ellas todos los gobernadores, todos los legisladores, todos los ombudsman del país, todas las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social tanto federal como estatales-.

La reforma que se propondrá, detalla Eliana García, reducirá la integración para agilizar su operatividad. En la propuesta se limita la integración al titular del Poder Ejecutivo, al Presidente de Justicia de la Comisión Nacional de Gobernadores, al titular de la Secretaría de Gobernación, a un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se reducirá el número de invitados especiales con derecho a voz, sin voto.

El MPJD buscará que además del adelgazamiento del SNAV, se le dé autonomía.

"Necesitamos garantizar la autonomía del Sistema que atenderá a las víctimas, tanto presupuestal como en su integración para garantizar que su motivación sea solo garantizar los derechos de quienes sufrieron violaciones a sus derechos o delitos“, explica Cantú.

Morera pide acotar la ley

La organización Causa en Común, que dirige María Elena Morera, también busca plantear al Poder Legislativo reformas sobre la ley publicada.

Morera detalla a CNNMéxico que primero se debe establecer un tope de la reparación económica a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Actualmente la ley solo plantea límites a las víctimas del delito.

Segundo, delimitar categorías de víctimas. Morera explica que se debe priorizar a las víctimas que serán atendidas, en primer lugar a quienes sufrieron violaciones a derechos humanos, en segundo lugar a quienes sufrieron delitos de alto impacto para que haya un porcentaje admisible y el Estado tenga capacidad de atenderlas.

"Creo que deben establecerse topes económicos y establecer categorías de víctimas porque sería subjetivo la forma en que se entregue la reparación a las víctimas. Se me hace muy delicado dejarlo abierto, que no existan parámetros claros de cómo o con cuánto se apoyará a los agraviados, se corre el riesgo de pulverizar los recursos e incluso puede prestarse a todo tipo de corrupción”, señala.

Morera dice además que, de no hacerse modificaciones, incluso ella podría solicitar la reparación por el secuestro de su esposo Pedro Galindo -ocurrido en el año 2000-, a quien le cortaron 4 dedos de la mano durante el cautiverio.

“No lo haría, porque no me parece ético pedir el apoyo cuando hay otras víctimas que lo necesitan más. Pero no sé si todos piensen así. Puede haber abusos”, señala.

Morera dice que también planteará el fortalecimiento de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima). La ley publicada no menciona al organismo creado por Felipe Calderón y las víctimas del MPJD han señalado que, en automático, al crearse el SNAV desaparecería la Procuraduría.

Considera necesario realizar un estudio del impacto presupuestal de la ley pues, argumenta, se desconoce el presupuesto que requerirán estados, municipios y federación para atender a las víctimas.

Morera agregó que están analizando con SOS, la organización que dirige Alejandro Martí, el empujar juntos estas propuestas.

Ahora ve