Los pobladores de cuatro estados optan por la autodefensa civil
A casi dos meses de la creación del primer grupo de autodefensa civil en Guerrero, suman al menos cuatro estados en México en los que pobladores de algunas comunidades decidieron tomar en sus propias manos la seguridad pública contra el crimen organizado.
El factor común de las policías comunitarias armadas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Michoacán es la pérdida de confianza en las autoridades encargadas de la seguridad en sus localidades.
El 5 de enero de este año, pobladores del municipio de Ayutla , ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero, entidad al sur de México, decidieron cubrir sus rostros, tomar sus armas y colocar retenes –puntos de revisión- sobre la carretera federal que conecta el destino turístico de Acapulco con Pinotepa Nacional, colindante con Oaxaca, para dar con el paradero de un comisario secuestrado, mismo que fue liberado horas después.
Ese hecho provocó que solo un día después, pobladores de Tecoanapa, municipio vecino de Ayutla, se sumaran a la vigilancia civil armada, estrategia de seguridad que a lo largo de los siguientes días se extendió a seis municipios más de la región compuesta por 15 municipios.
El movimiento civil de autodefensa, que se autodenominó Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, detuvo y recluyó en casas de justicia a 54 personas por cometer supuestos secuestros, extorsiones, robos y relacionados con el crimen organizado en Ayutla y Teconoapa.
El 8 de febrero, el grupo civil entregó a 11 personas que mantenía detenidas; este martes 20 personas más fueron puestas a disposición de las autoridades, y otras 23 fueron liberadas de las casas de justicia en Ayutla.
Crisóforo García Rodríguez, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, informó a CNNMéxico que darán su respaldo a todos los nuevos movimientos de autodefensa que surjan en la entidad.
Tixtla, nuevo municipio integrado
Desde el 22 de enero, pobladores de algunas comunidades del municipio de Tixtla, conformado por 16 poblados y ubicado en la región Centro de Guerrero, integraron también su grupo de autodefensa y colocaron retenes de revisión sobre la carretera principal.
Armados y con el rostro cubierto, comuneros de El Potrero, Zacazonapa, Tecozintla, El Troncón, Acatempa y El Durazco vigilan la carretera que conecta a los municipios de Tixtla y Mochitlán, como parte del combate a la delincuencia organizada.
En un comunicado emitido la semana pasada, el presidente municipal de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, confiaba en que la población quitaría la vigilancia que mantienen sobre la carretera.
“Seguirá coadyuvando un grupo de ciudadanos de la policía comunitaria, pero la Policía estatal y federal realizan recorridos permanentes en las patrullas que el gobierno del estado nos entregó”, dijo.
Sin embargo, en una semana el movimiento de autodefensa pasó de solo dos a seis comunidades en vigilancia.
Estados y los grupos de autodefensa
El 10 de febrero, en Morelos, pobladores de las comunidades de Tetelcingo y Tenextepango, ubicados al este de ese estado, instalaron puntos de vigilancia para su autoprotección e inhibición de la incidencia delictiva.
Un día después, en el municipio de Santos Reyes Nopala, perteneciente a Oaxaca –entidad que colinda con Guerrero- aproximadamente 500 habitantes también decidieron vigilar por su cuenta sus poblados por supuestos abusos de efectivos del Ejército y la Policía estatal.
Propuesta de regulación
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró el 17 de febrero su preocupación en un comunicado por esos grupos de autodefensa en México, sobre los que advirtió existe una “línea tenue” entre esas organizaciones y grupos paramilitares .
“Este organismo autónomo expresa su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”, indica el comunicado.
Además, exige a los tres niveles de gobierno “cumplir” con la responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la población.
En el Congreso, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa que plantea permitir a los pueblos y comunidades indígenas formar sus propios cuerpos de seguridad y justicia.
La propuesta de Sofío Ramírez, originario del estado de Guerrero, argumenta que las comunidades tienen el derecho constitucional de organizarse para garantizar la seguridad en los lugares donde habitan. Sin embargo, según el legislador, es necesario modificar la Constitución para que detalle cómo pueden hacerlo y coordinarse con autoridades municipales, estatales y federales.
El documento turnado el martes a las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado plantea reformar los artículos 21 y 115 de la Carta Magna para establecer que la seguridad pública no solo está a cargo de los tres niveles de gobierno, sino de los pueblos y comunidades indígenas, y que para esas tareas deberán recibir recursos del Estado.
Ramírez señala que la propuesta tiene como antecedente la figura de las policías comunitarias, creadas y reguladas en la Ley 107 de Guerrero desde mediados de la década de 1990.
Actualmente, según el legislador, sistemas de ese tipo operan en 107 comunidades de 13 municipios de Guerrero.
“En el momento actual de crisis de gobernabilidad, de incremento exponencial de la inseguridad y la violencia en México, instituciones como la policía comunitaria son vistas con gran reserva por los gobernantes”, expone el perredista. “Paradójicamente, con estas acciones las comunidades indígenas ayudan a construir Estado y ofrecen la oportunidad de generar una gobernabilidad desde abajo, con mayor cohesión social, recuperando la esencia de lo común”, agrega.
Tanto la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de la política interior, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autónoma del gobierno, han señalado que esas agrupaciones operan fuera de las leyes mexicanas.
El propio coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, expresó desconfianza hacia las iniciativas que planteen organizar policías comunitarias.
Caso Michoacán
El caso de grupos de autodefensa no es nuevo en el país, desde 2011 pobladores del municipio de Cherán, en Michoacán, decidieron agruparse para defender sus bosques de los talamontes que aseguran están protegidos por los cárteles de la droga en el estado.
Ese hecho derivó en la creación de un grupo autónomo de defensa, reconocido por las propias autoridades de Michoacán.
En esta defensa de los bosques, pobladores bloquearon los accesos al municipio e instalaron vigilancia nocturna para contrarrestar la tala clandestina e incluso la presencia del crimen organizado en esa zona.
