Los grupos de autodefensa en México, ¿una ventana para el crimen?
Al menos 14 grupos civiles armados de autodefensa han surgido desde el pasado 5 de enero en siete estados de México. Pero las autoridades han vinculado algunos casos con la delincuencia y los funcionarios de derechos humanos han cuestionado sus objetivos.
Aparentemente, estos ciudadanos tienen el objetivo de proteger a sus comunidades, ante la falta de acción por parte de las autoridades locales en materia de seguridad.
El caso más reciente es del 6 de marzo, cuando el Ejército detuvo a 34 supuestos integrantes de un grupo de autodefensa de la localidad de Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán. Según la Procuraduría General de la República, los detenidos estaban relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en el occidente del país.
Las personas vestían playeras con la leyenda “Policía Comunitaria”, tenían el rostro cubierto, y portaban unas 33 escopetas y rifles de asalto AK-47 y AR-15.
Las críticas a las autodefensas
El pasado 17 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó “su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”.
El comandante de la Novena Región Militar de Guerrero, Genaro Fausto Lozano Espinoza, afirmó una semana más tarde que existe una “mano que mece la cuna” detrás de la conformación de todos los grupos de autodefensa. Descartó que sean “espontáneas” y rechazó ofrecer más detalles por cuestiones de seguridad.
La misma versión fue confirmada el 24 de febrero por el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
“Yo creo que en algunos casos hay la mano que mece la cuna, sin duda, y el intento de aprovechar en un momento dado una situación. No entro más en materia porque son aspectos que estamos trabajando de forma interna y que vamos a resolver”, dijo.
Ayutla, Guerrero, un caso aparte
Esta semana, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, recorrió la comunidad de Ahuacachahue del municipio de Ayutla, así como Tecoanapa, para escuchar los testimonios de pobladores sobre los problemas de seguridad en la región de la Costa Chica de Guerrero.
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Antes de la conformación de su grupo de autodefensa, la comunidad enfrentaba secuestros, asaltos y extorsiones por parte del crimen organizado.
“No puedo justificar ni aprobar que pobladores decidan tomar justicia por su propia mano por la situación legal que implica, pero es muy importante que el gobierno cumpla su función para que no le deje a la sociedad otra alternativa en materia de seguridad que es algo fundamental”, dijo el funcionario de derechos humanos tras el encuentro.
“Este abandono es evidente que es de tiempo en esta comunidad. No hay una carretera adecuada, no hay posibilidades de desarrollo económico para la población y que además de esto hay una inseguridad que los tiene sometidos ante la delincuencia, es parte de un abandono de décadas”.
Plascencia exigió entonces al gobierno de Guerrero y al federal cumplir con sus funciones para proporcionar seguridad pública, así como fomentar el crecimiento humano, social y económico en esas poblaciones.
Hasta la fecha en Guerrero, estado ubicado al sur de México, existen cuatro grupos de autodefensa ubicados en la región de la Costa Chica, Centro y Costa Grande, en los municipios de Ayutla, Tixtla, Coyuca de Benítez y Tecoanapa.
El 22 de enero, pobladores de 16 comunidades del municipio de Tixtla, en la región Centro, integraron también su grupo de autodefensa y colocaron retenes de revisión sobre la carretera principal para combatir la delincuencia organizada.
Mientras que el 24 de febrero en 20 comunidades del municipio Coyuca de Benítez, asentado en la región de la Costa Grande , se instaló otro grupo civil para combatir la violencia ante la “incompetencia de la autoridad”, dijeron, para proporcionar seguridad pública.
Michoacán y Chiapas, a investigación
Antes de la presentación de los 34 detenidos en Michoacán, Raúl Plascencia confirmó una visita a grupos civiles en Michoacán y Chiapas.
El presidente de la CNDH dijo que abrirá una investigación en ambos estados para analizar las condiciones de vida de la población y conocer por qué conformaron los grupos de autodefensa.
Seis comunidades de Michoacán cuentan con grupos autodefensa : en Ostula, donde comuneros indígenas dicen ser víctimas de grupos de caciques, y en Tepalcatepec, donde los pobladores acusan secuestros y extorsión por parte de grupos criminales.
Los mismos casos se registraron en las localidades de Coalcomán y Buenavista. En esta última ocurrió la detención de los 34 supuestos “policías comunitarios”. Cherán y Urapicho tienen grupos de autodefensa desde 2011, para combatir al crimen organizado y defender sus bosques de la tala clandestina.
En el estado de Chiapas, el pasado 25 de febrero campesinos indígenas de 78 ejidos de la zona serrana conformaron su movimiento de guardias civiles con el objetivo de evitar el saqueo de sus comunidades por parte de empresas mineras.
La asamblea general se dio en el ejido Carrizal, municipio de Motozintla, donde acordaron la creación de estos grupos de vigilancia, en el que participan personas armadas con machetes, palos y tubos.
Morelos, Oaxaca, Veracruz y Jalisco
Tan solo cinco días después de los grupos conformados en Guerrero, en las comunidades morelenses de Tetelcingo y Tenextepango, los pobladores instalaron puntos de vigilancia para su autoprotección.
El mismo caso ocurrió en Oaxaca, ubicado al sur de México, donde al menos 500 comuneros indígenas del municipio de Santos Reyes Nopala decidieron vigilar por su cuenta sus poblados, ante los supuestos abusos del Ejército y la policía estatal.
Al igual que en la comunidad de San Juan Copala (Oaxaca) en donde comuneros denunciaron supuestas amenazas por parte de grupos paramilitares, y proclamaron un gobierno autónomo.
En Veracruz, desde el 2012, pobladores de la comunidad de Tantoyuca conformaron también un grupo civil para proteger sus viviendas del crimen.
En Jalisco, en el poblado de Manantlán, zona colindante con el estado de Michoacán, indígenas acordaron conformar grupos de autodefensa para defender sus terrenos del “saqueo” de empresas mineras y talamontes.
