La CIDH exhorta a México a evitar la exhibición de detenidos ante medios

La práctica es "inadmisible y violatoria de la dignidad humana", dijo a funcionarios federales de México el comisionado Rodrigo Escobar
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| Otra fuente: CNNMéxico
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Un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este jueves al gobierno de México a erradicar las presentaciones de los sospechosos de delitos ante de los medios por las violaciones de garantías implícitas en esta práctica.

“Me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos”, dijo el comisionado Rodrigo Escobar Gil en una audiencia realizada en Washington, a la que asistieron representantes del gobierno mexicano, según Notimex.

Escobar, relator de la CIDH para México, dijo que la práctica “claramente es violatoria no solo de la dignidad humana, por construir un trato inhumano, cruel y degradante, sino que afecta los derechos más valiosos de la persona”.

En la audiencia, el Estado mexicano recibió observaciones de la CIDH ante las violaciones cometidas contra Mariana Selvas Gómez y otras personas en el operativo policial realizado en 2006 contra manifestantes de San Salvador Atenco, Estado de México, un estado entonces gobernado por el ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Escobar Gil y otros comisionados escucharon en una presentación de video testimonios de personas detenidas bajo sospecha de delito que fueron exhibidas ante los medios de comunicación sin una condena o un juicio previo.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, dijo en su turno que esta política "radicalizada" en el gobierno anterior altera la convivencia democrática y disemina valores discriminatorios, según Notimex.

Indicó que aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que está considerando nuevos lineamientos, la postura es ambigua porque no ha dejado en claro qué se abandonará.

La coordinadora de Políticas de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Liana García, dijo que el gobierno ha iniciado "una reflexión hacia una perspectiva de modificación de la política de comunicación" sobre seguridad pública, según Notimex.

Dijo que con este propósito se conformó un grupo de trabajo con las agencias de este ámbito y habló de avances hacia el establecimiento de un sistema único de indicadores preliminares.

Dicho sistema apunta a que en la práctica futura se den a conocer solo los nombres de los detenidos, los delitos de que se le acusan, el nombre del estado donde operaba y la imagen de su rostro difuminada.

García dijo que el Estado está abierto a la incorporación de organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en este proceso, en respuesta a la solicitud de los peticionarios para su inclusión.

En su turno, la comisionada Rosa María Ortiz cuestionó a los representantes del Estado sobre la eventual medición del impacto social de esta política y al igual que Escobar externó reservas sobre sus beneficios efectivos.

Escobar dijo que si bien el esfuerzo del gobierno mexicano es importante, "invitaría a que se siguiera trabajando para diseñar una política pública que promueva buenas prácticas".

La exhibición de detenidos se agudizó durante los últimos seis años, cuando el gobierno del Felipe Calderón destacó sus golpes contra organizaciones delictivas en medio de su estrategia de seguridad, centrada en el combate al crimen organizado con ayuda de militares.

Uno de los casos más cuestionados fue el de un menor apodado El Ponchis, acusado de degollar a víctimas de un grupo criminal en el estado de Morelos. Cuando tenía 14 años, en diciembre de 2010, fue detenido y presentado por personal del Ejército ante las cámaras e interrogado sin un abogado y sin un representante del Poder Judicial.

Tras las críticas, el gobierno federal implementó reformas a las normas de seguridad y procuración de justicia.

La exhibición es uno de varios puntos criticados al sistema judicial de México, un país donde es común ver en portadas de diarios fotos de detenidos antes de demostrarse su culpabilidad mediante un proceso judicial. La práctica viola la presunción de inocencia, según especialistas.

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