La reforma en telecomunicaciones marca el cierre de periodo del Congreso

En su último mes de sesiones, los legisladores buscarán concretar reformas en telecomunicaciones y deuda, así como un relevo en el IFE
Los partidos ven un logro en telecomunicaciones
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Tras 10 días de receso por las vacaciones de Semana Santa, los legisladores mexicanos reinician sus actividades y comienzan el último mes del actual periodo de sesiones del Congreso, en el que buscarán concretar varias reformas clave y un relevo en el Instituto Federal Electoral (IFE). 

El tema que los partidos marcan como prioritario es la reforma en telecomunicaciones, que a finales de marzo quedó aprobada en la Cámara de Diputados y debe ser revisada por el Senado. Además, intentarán impulsar una ley en matertia de bullying escolar, así como una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Miguel Barbosa, líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo este lunes que "sin duda" se tendrán que resolver la reforma en telecomunicaciones, los temas del combate a la corrupción y la deuda en los estados —ambas a nivel constitucional—, y que espera que haya consenso para que se concrete una legislación sobre bullying.

Acerca de la reforma en telecomunicaciones, señaló que "no se le puede pedir al Senado una aprobación fast track, una aprobación al vapor, una aprobación sin discusión, y por tanto los grupos (parlamentarios) van a asumir una posición de construcción".

El senador rechazó que exista presión de los llamados "poderes fácticos" para influir en la reforma.

"No veo yo a los poderes fácticos interesados en influir en las bancadas, no los veo, o les pidieron que no influyeran en las bancadas, porque bien pudo haber sido una petición del propio gobierno, no se muevan (...) pero se equivocan también los poderes fácticos, porque nosotros no legislamos en función de ellos, ni para bien ni para mal", dijo.

La reforma en telecomunicaciones plantea modificar la Constitución para abrir la competencia en el sector, a través de medidas como limitar el porcentaje de mercado que podrán controlar los concesionarios de radio, televisión o telefonía.

El documento fue presentado al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto con el apoyo de las dirigencias de los principales partidos —el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el PRD—, que en diciembre pasado firmaron un acuerdo político conocido como el Pacto por México.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados luego de dos semanas de negociaciones entre las bancadas y de que algunos legisladores de la izquierda denunciaran supuestas presiones de empresarios del ramo, para que avalaran cambios a su favor.

A finales de marzo, los líderes de los principales grupos parlamentarios del Senado dijeron a medios por separado que revisarán el documento con calma y planean reunirse con los sectores involucrados: concesionarios, funcionarios y académicos. 

"(Vamos a) empezar a trabajar, tomarnos el tiempo, analizarlo, reflexionarlo. (...) Es una ley, sin duda alguna, que tiene, desde mi punto de vista, fui secretario de Comunicaciones y Transportes, una trascendencia fundamental en el desarrollo y en la competitividad de nuestro país", dijo el 21 de marzo el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón.

Los partidarios de la reforma afirman que su instrumentación impulsará la economía porque permitirá la creación de más empresas y que los usuarios tengan mayores opciones para contratar servicios.

Algunos senadores consultados por CNNMéxico han señalado que buscarán modificar algunos puntos del documento, como los plazos para que el Congreso adecue las leyes secundarias correspondientes o las reglas para permitir inversión extranjera en telecomunicaciones.

Si la iniciativa es modificada, tendrá que regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Las deudas locales

Otro tema que los senadores buscarán concretar es la legislación para limitar las deudas de los gobiernos estatales y municipales, que las bancadas establecieron en febrero como una de las prioridades de su agenda común para este periodo.

El panista José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo en entrevista que los grupos parlamentarios tratarán de elaborar un solo dictamen reuniendo las propuestas del PRI, del PAN y del PRD.

Hasta ahora, algunos de los planteamientos en la materia incluyen obligar a que los estados y los municipios reciban autorización del Congreso federal antes de contratar deuda, o prohibir que gobernadores y alcaldes adquieran préstamos en los últimos meses de sus gestiones.

Martínez dijo que otro tema prioritario es la creación de un órgano nacional de combate a la corrupción. La iniciativa se encuentra en comisiones desde finales de 2012 y, al igual que la regulación de las deudas estatales, es uno de los puntos que los partidos se comprometieron a impulsar con la firma del Pacto por México.

El IFE y el IFAI

En la Cámara de Diputados, se prevé que en abril se discutan las reformas a la Ley General de Víctimas y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así como la elección de un nuevo consejero del IFE.

La reforma a la ley de víctimas, que plantea mecanismos para que el Estado apoye a personas afectadas por la violencia, fue aprobada en el Senado a finales de marzo. El documento fue respaldado por el PRI y el PRD, en tanto algunos legisladores del PAN —cercanos al expresidente Felipe Calderón— consideraron que necesita adecuaciones.

En el gobierno pasado (2006-2012), la legislación en materia de víctimas generó tensiones entre Calderón y grupos de activistas, que reclamaron al entonces mandatario su negativa a promulgarla. Calderón argumentó entonces que el texto tenía inconsistencias.

Otro tema que se espera discuta la Cámara baja es la reforma al IFAI, que el Senado avaló en 2012 para otorgar más facultades al instituto de transparencia. Las bancadas, sin embargo, todavía no han llegado a un acuerdo sobre si los actuales comisionados permanecerán en el cargo o serán reemplazados.

Los diputados, además, tienen pendiente nombrar a un nuevo consejero del IFE, luego de que en febrero renunciara Sergio García Ramírez.

La convocatoria para el relevo causó molestia en las bancadas del PAN y del PRD, que acusan al PRI —primera fuerza con 213 de 500 asientos— de intentar designar a un funcionario que apoye resoluciones a su favor, un señalamiento que los priistas rechazan.

El perredista Fernando Belaunzarán dijo en entrevista que si los partidos no construyen los consensos necesarios, se corre el riesgo que el IFE nuevamente se quede incompleto. 

Entre 2010 y 2011, el Consejo General del IFE trabajo con sólo seis de sus nueve integrantes, porque los diputados no lograron acuerdos sobre a quiénes nombrar en los espacios vacantes. 

La Cámara baja tendrá que designar en octubre a otros tres consejeros, porque termina la gestión de Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa. Para ser nombrados, los nuevos funcionarios necesitarán los votos de dos terceras partes de los legisladores.

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