El Senado impide a gobiernos locales adquirir deuda para gasto corriente

La Cámara alta votará una reforma que prohíbe a los gobernadores pedir préstamos al final de sus gestiones y crea un registro único de deuda
Deudas locales no son una crisis nacional
Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

El Senado mexicano vota este martes una reforma constitucional para limitar la adquisición de deuda pública en los gobiernos estatales y municipales, que ha crecido en más del 100% de 2008 a la fecha, según cifras del gobierno federal.

La propuesta establece, entre otras medidas, que los gobernadores y los alcaldes tendrán prohibido solicitar préstamos para cubrir gasto corriente, como el pago salarios de empleados públicos, y señala que únicamente podrán utilizarse para inversión productiva, es decir, la creación de obras o servicios que más adelante generen recursos. 

La discusión del documento en la Cámara alta ocurrirá casi dos años después de que las deudas locales se convirtieran en un tema de debate nacional.

El asunto empezó a discutirse entre todas las fuerzas políticas en agosto de 2011, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Ernesto Cordero —militante del Partido Acción Nacional (PAN) y actual presidente del Senado—, acusó a los gobiernos de Coahuila y otros estados de haber alcanzado altos grados de endeudamiento a través de préstamos irregulares.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y entonces dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó ser responsable de la situación y describió las acusaciones como parte de una "guerra mediática" en su contra. Sin embargo, un año más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto —también priista— reconoció que las deudas de algunos gobiernos han llegado a "niveles inaceptables" y prometió impulsar una legislación para ponerlas en orden.

En ese contexto, otra medida que plantea la propuesta del Senado es impedir que los gobernantes locales puedan adquirir deuda durante los últimos tres meses de sus mandatos. Con esto se busca evitar que un gobierno "herede" deudas al que le siga. 

Los actuales gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y de Michoacán, Fausto Vallejo, han acusado a sus antecesores de entregarles gobiernos con altos grados de endeudamiento y, con ello, dificultarles el pago a funcionarios o proveedores y la prestación de servicios públicos. 

Núñez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirma que el gobierno del priista Andrés Granier incurrió en irregularidades que dejaron un adeudo 2,300 millones de pesos a compañías proveedoras.

La situación es similar a la que vive Chiapas, donde el perredista Juan Sabines legó a su sucesor, Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), deudas por 600 millones de pesos con empresarios.

Los nuevos 'candados'

El dictamen del Senado —avalado la semana pasada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda— señala que el Estado deberá crear un registro único de las deudas de estados y municipios, que estará a cargo de Hacienda y permitirá conocer la situación financiera de las localidades. 

"Al tener hoy cualquier tipo de adeudo registrado, tienes claramente la fotografía de cuál es el estado financiero de un municipio y una entidad federativa, lo cual evita que a la que está enferma le presten", dijo el jueves a periodistas el senador priista Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

La reforma modifica los artículos 25, 73, 76, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución y fue elaborada con base en seis iniciativas: una del PRI y su aliado el PVEM, dos del PAN y tres del PRD. 

En principio, algunas propuestas planteaban dar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar anualmente los montos de deuda de estados y municipios, aunque las comisiones eliminaron ese punto del dictamen porque consideraron que vulneraría la autonomía que la propia Carta Magna otorga a las localidades. 

A cambio, los senadores acordaron que cada Congreso local conservará la atribución de definir las cantidades de endeudamiento de la entidad y sus alcaldías, aunque sólo podrá aprobarlas por mayoría calificada, es decir, por los votos de dos terceras partes de sus legisladores. 

Para la aprobación de deudas, además, los poderes legislativos locales tendrán que ajustarse a las "bases generales" que fijará el Congreso de la Unión, en una legislación secundaria que derivará de la nueva reforma constitucional. 

"Creo que hay un avance en los mecanismos de control, que tendrán que traducirse de manera más puntual en la ley reglamentaria, porque se van a establecer ahí las reglas, normas, límites al endeudamiento y los mexicanismos a partir de los cuales el gobierno federal otorgará garantías", dijo a medios el jueves el perredista Alejandro Encinas, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

De concretarse la reforma, otra facultad que ganará el Poder Legislativo federal será avalar u objetar, a través de la Comisión de Hacienda del Senado, las estrategias de financiamiento de estados con altos niveles de deuda que busquen realizar convenios con el gobierno federal. 

La SHCP informó en febrero que las 10 entidades con más deudas a finales de 2012 fueron, en ese orden, el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Michoacán y Sonora.

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Según la dependencia, el endeudamiento de estados y municipios asciende a 436,761.2 millones de pesos, lo que equivale al 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Hacienda niega que el monto ponga en riesgo las finanzas públicas del país, aunque admite que existe preocupación porque los niveles de deuda han crecido rápidamente en los últimos años. En 2008, la cantidad sumaba unos 203,000 millones de pesos, menos de la mitad de la cifra actual.

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