La Fepade investiga el presunto uso electoral de recursos en Veracruz

Seis personas involucradas en el uso político de programas sociales declararán inicialmente, mientras se analizan videos y otros elementos
El PAN condiciona su estancia en el Pacto por México
| Otra fuente: CNNMéxico

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación por el presunto uso de programas sociales federales con fines electorales en Veracruz.

Seis personas presuntamente involucradas presentarán su declaración el martes ante el Ministerio Público de la Fiscalía, mientras que el resto serán convocados en los próximos días, indicó la Fepade este lunes en un comunicado.

Las seis personas que comparecerán el martes fueron señaladas en la denuncia presentada el 17 de abril pasado por el diputado federal Humberto Alonso Morelli, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Las primeras diligencias por la investigación incluyen el peritaje oficial de los videos, audios y otros elementos presentados por el denunciante, al igual que versiones de testigos y denunciados, detalló la Fepade.

El uso de recursos etiquetados para programas sociales con fines electorales está tipificado como un delito en los artículos 401 a 413 del Código Penal Federal.

El PAN denunció el presunto desvío de recursos en Veracruz el 17 de abril pasado, y responsabilizó de él a funcionarios federales y estatales. La denuncia hecha por Gustavo Madero, presidente nacional del partido, se centró en la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y en el gobernador de Veracruz, César Duarte.

Al día siguiente, Robles anunció la remoción de siete empleados de Sedesol en Veracruz y dijo que podía dar “garantías absolutas” a los líderes políticos del país de que la secretaría no se involucraría en procesos electorales.

“La única batalla que tiene Sedesol y que tiene Rosario Robles es la batalla contra el hambre (…) en eso seguiremos con mucha tranquilidad y con mucha transparencia”, dijo.

La denuncia causó una crisis en el Pacto por México, la alianza legislativa suscrita por el gobierno y la oposición en diciembre pasado, al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Gustavo Madero anunció días después de hacer su denuncia que no asistiría a eventos del Pacto. Su postura fue respaldada por Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A principios de mayo, el gobierno de Veracruz anunció la destitución del secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur, quien había sido señalado en la denuncia como uno de los actores en el uso político de recursos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Cruzada es la principal estrategia del gobierno federal en materia social.

El gobernador César Duarte justificó la salida de su titular de Finanzas bajo el argumento de “evitar cualquier suspicacia en torno al comportamiento político del gobierno de Veracruz”.

Veracruz, ubicado en el oriente de México y gobernado por el mismo partido, es una de las 14 entidades que celebrarán elecciones en 2013.

'Blindaje Electoral 2013'

Después del anuncio de la Fepade, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que pondría en marcha el Programa de Blindaje Electoral 2013 en las 14 entidades en las que habrá elecciones locales este años.

Entre las medidas que incluye el programa están el adelanto de la entrega de recursos “para evitar que se confundan con acciones de proselitismo” y la suspensión de la difusión de propaganda 45 días antes de los comicios.

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Las delegaciones de Sedesol en las entidades en la que habrá elecciones —Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,  Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas — tendrán prohibido usar vehículos oficiales 48 horas antes de los comicios, agregó esa instancia en un comunicado.

Según Sedesol, los funcionarios de esas entidades recibirán "capacitación en materia de responsabilidades administrativas, delitos electorales y posibles sanciones ante la ley, así como en temas de ética y valores en la función pública", para evitar el uso de los programas sociales con fines electorales.

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