La desaparición forzada, delito grave que solo castiga la mitad del país

La desaparición forzada de personas por agentes del Estado, entre ellos policías, está tipificado como delito en 15 de las 32 entidades
Lo mejor de Perspectivas 21 de Febrero de 2013
| Otra fuente: CNNMéxico

Aunque en México el reporte de desapariciones forzadas en los últimos seis años se volvió un problema a nivel nacional, con la denuncia de al menos 2,126 desapariciones, según ha reconocido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es un delito penado en al menos la mitad del  país. 

En el delito de desaparición forzada, participa un funcionario público y se tipifica de manera distinta al secuestro, extravío o desaparición a manos de la delincuencia organizada.

A principios de este mes el Senado mexicano hizo un exhorto a todos los gobiernos estatales que informen de los casos de desaparición forzada registrados en sus territorios y pidió a los congresos locales tipificarlo como delito en sus Códigos Penales.

Para entonces las entidades que ya penalizaban la desaparición forzada son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.

El 2 de abril, la Fiscalía General de Jalisco informó a través de un comunicado de la detención del expresidente municipal de Villa Corona, José de Jesús Ortiz Uribe, y de su hijo, Leonardo Ortiz, por su presunta participación en el delito de secuestro agravado.

Jalisco es uno de los estados que no incluye en su Código Penal el delito de desaparición forzada, por lo que el exalcalde fue sancionado solo bajo la ley de secuestro, aún cuando según la investigación retuvo ilegalmente a dos personas que después entregó a la delincuencia organizada.

Las entidades que han incluido en sus códigos penales este delito, lo elevaron a categoría de grave y se sanciona en promedio con entre 10 y 50 años de cárcel

En los casos de Guerrero y Chiapas, ambos estados derogaron de su Código Penal el delito de desaparición forzada y crearon una ley específica sobre la prevención y sanción de este delito.

En ningún caso se permite libertad bajo fianza y en todos se incluyen además multas que van desde los 100 a los 8,000 salarios mínimos (entre 6500 y 520 mil pesos).

La CNDH informó que durante el gobierno de Felipe Calderón —entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012—, en el que se implementó la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, se registraron 2,126 denuncias por este delito.

Piden una ley para acabar con la impunidad

Organizaciones ciudadanas y familiares de víctimas consideran que la ausencia de castigo en la mayoría de las entidades, “alienta la impunidad”, bajo la que estos funcionarios colaboran con el crimen organizado.

“El hecho de que hubiera una ley sería un instrumento de mucho mayor presión al saberse las autoridades observadas y en posibilidad de ser castigadas”, dice a CNNMéxico, Berenice Ramírez, hermana de Javier, un joven que desapareció en Michoacán, hace cuatro años.

En febrero de 2009, Javier, de entonces 30 años, casado, padre de dos hijos y de ocupación mecánico, viajó con acompañante del Distrito Federal a Lázaro Cárdenas, Michoacán, a recoger una camioneta descompuesta, relató su hermana.

El joven se comunicó con su familia para avisar de su regreso y confirmar que había recibido un depósito que él pidió. “Desde entonces es como a él, a su acompañante y al vehículo en que viajaban se los hubiera tragado la tierra”, afirma Berenice.

Ella y su madre, Guadalupe, iniciaron entonces el peregrinaje por dependencias, comandancias, autoridades, asociaciones, investigadores privados y gente que se acercó a “ayudar”, con los que agotaron esfuerzos y dinero, comenta.

Durante ese tiempo obtuvieron indicios, a través de testigos, para suponer que su hermano y el otro joven llamado Alejandro, fueron retenidos por elementos de la policía, extorsionados, torturados y después desaparecidos.

“No tengo ninguna duda de que se trató de una desaparición forzada en la que participó la policía”, señala Berenice, quien se refiere a los videos del banco donde fue retirado dinero de la cuenta de Alejandro por hombres que tenían chamarras de la policía judicial estatal.

También hace referencia al testimonio de una funcionaria de Michoacán, quien le aseguró que Javier estuvo detenido en una comandancia.

La familia interpuso denuncia de desaparición en la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de de Michoacán y la delegación de la PGR en el Estado.

La vocera de la secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Magdalena Guzmán Rosas, no dio a conocer el estado de avance de la investigación ni si han confirmado la participación de elementos de la policía local.

Agregó que al interior de la dependencia se formó una comisión, denominada de Honor y Justicia, para atender estas denuncias. Esta comisión está integrada por el Secretario de Seguridad Pública del estado y funcionarios de esa dependencia.

Sin cifras oficiales sobre desapariciones forzadas

En México no existe un listado oficial o confiable respecto al número de víctimas por desaparición forzadas, por lo que las organizaciones de la sociedad civil han hecho sus propios cálculos con base en denuncias ciudadanas.

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), asociación dedicada al acompañamiento de al menos 15 organizaciones que atienden las desapariciones forzadas en México, calcula que 16,000 personas han desaparecido a manos de algún agente del Estado durante el gobierno de Calderón (2006-2012).

El gobierno de Enrique Peña Nieto informó en febrero pasado que tiene registro de más de 26,000 desaparecidos en el país —personas extraviadas o no localizadas—, pero no aclaró cuántos de estos casos corresponden a desapariciones forzadas.

La CNDH tiene un registro de 24,091 personas extraviadas o no localizadas, sin precisar cuántas de estas podría tratarse de desapariciones forzadas.

Mauricio Salazar, integrante de esta organización, explicó que aunque no hay un perfil predominante entre las personas desaparecidas, la mayoría de las que han registrado tienen entre 17 y 29 años edad, estimación basada en la información que proporcionan los familiares de las víctimas; "los perfiles son muy variados y no hay una característica específica”, agregó.

Entre las hipótesis que Serapaz maneja con mayor insistencia, en referencia a los testimonios de familiares de las víctimas y testigos, está que el delito lo cometen elementos del Estado, como policías estatales, municipales o elementos del Ejército para entregarlos al crimen organizado.

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CNNMéxico pidió hablar con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, responsable de informar sobre los casos de desaparecidos en México, pero su oficina de comunicación social informó que por el momento la funcionaria no está disponible para dar entrevistas respecto a este tema.

La desaparición forzada es el delito más preocupante en México, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual instó en 2011 al gobierno a crear mecanismos de búsqueda urgente de las personas desaparecidas.

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