Ángel Aguirre "oxigena" su administración con 17 cambios al gabinete

Al frente de la Secretaría de Trabajo se encontrará Alberto López Rosas, que enfrenta acusaciones por la muerte de normalistas en Ayotzinapa
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Laura Reyes
Autor: Laura Reyes | Otra fuente: CNNMéxico
ACAPULCO (CNNMéxico) -

En menos de una semana el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ha realizado 17 cambios en su gabinete, entre ellos asignar como titular de la Secretaría del Trabajo a Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia del estado señalado como presunto responsable de la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa.

Estos cambios en el gabinete del gobernador emanado de la izquierda comenzaron desde el martes cuando reveló la renuncia del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, por cuestiones de salud.

Al frente de esa dependencia fue nombrado como encargado de despacho a Florentino Cruz Ramírez, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero y excandidato a la gubernatura del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Asimismo, Aguirre Rivero anunció el miércoles la llegada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal del comandante de la Octava Zona Naval, el almirante Sergio Javier Lara Montellanos en sustitución de Guillermo Jiménez Padilla, quien asumió el cargo desde el 5 de enero de 2012.

El jueves el mandatario estatal hizo pública también la renuncia de la procuradora de Justicia de Guerrero, Martha Elba Garzón Bernal.

El gobernador del estado informó este viernes en conferencia de prensa en Chilpancingo, la capital de Guerrero, cuáles son los 17 cambios que ordenó en las secretarías, subsecretarías y direcciones.

Según Aguirre Rivero, esos cambios servirán para “oxigenar” a su administración, que desde inicios de año se ha visto cuestionada por diversos hechos, como el surgimiento el 5 de enero de grupos de autodefensa, que se encuentran en municipios de la Costa Chica, Centro y parte de La Montaña.

El 25 de febrero, luego de la aprobación a la ley educativa federal, inició un paro de labores de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), situación que se extendió por dos meses y 11 días en más de 320 planteles educativos y que dejó sin clases a miles de niños.

El conflicto de la CETEG dejó como saldo tomas y afectaciones a edificios públicos, al menos cuatro bloqueos a la Autopista del Sol —que conecta el puerto turístico de Acapulco y la Ciudad de México— y una pérdida económica superior a los 30 millones de pesos, según denunciaron empresarios de Acapulco.

Sin embargo, los hechos más graves ocurrieron el 24 de abril, cuando el movimiento magisterial disidente destruyó e incendió cuatro sedes estatales de partidos políticos y una oficina del gobierno del estado, daños que ascienden a los 35 millones de pesos.

En esa ocasión, el ahora ex secretario de Gobierno Humberto Salgado afirmó que se trataron grupos de “infiltrados a la CETEG” los que cometieron esos hechos violentos, mientras que el gobernador del estado denunció en entrevista que tenía listas denuncias penales en contra de dirigentes del magisterio disidente.

El último caso registrado fue la detención hace una semana de seis miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Acapulco, por portación de armas, quienes fueron puestos en libertad después de un pago de más de 62,000 pesos de fianza.

Situación que provocó que por cuatro días, policías comunitarios mantuvieran retenidos a 15 servidores públicos, entre policías municipales, el secretario de seguridad pública de San Luis Acatlán, un comandante y oficiales de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Este caso fue resuelto por personal de la Subsecretaría de Gobierno de la federación, aunque policías comunitarios aún mantienen armas en su poder, como parte de esas retenciones de efectivos policíacos.

La sombra de Ayotzinapa en el nuevo gabinete

El ex procurador de Justicia de Guerrero, ahora secretario del Trabajo, Alberto López Rosa, enfrenta una investigación al interior del Congreso del estado, que no ha tenido avances, en donde diputados locales definirán iniciar o no un juicio político en su contra por su presunta relación con la muerte de dos jóvenes normalistas.

Ese proceso fue abierto desde el 12 de diciembre de 2012 y no ha reportado avances.

Los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como el empleado de una gasolinera, murieron luego de un desalojo armado por policías ministeriales y federales en la Autopista del Sol.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó en ese momento que las autoridades incurrieron en un “uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes”.

En noviembre de 2012, el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ofreció disculpas por ese hecho y entregó indemnizaciones a víctimas y familiares de los normalistas, así como 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Hasta ahora se investiga a 24 funcionarios ligados a los hechos, pero solo dos fueron detenidos.

Los agentes judiciales Ismael Matadamas y Rey David Cortés permanecían en prisión en Chilpancingo pero fueron liberados el 24 de abril por orden de un juez federal.

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