Panistas reconocen violaciones a derechos humanos, pero eximen a Calderón

Panistas niegan que el expresidente fuera omiso en atender abusos, como señaló AI, y piden indagar a exfuncionarios ligados con esos casos
La petición de Amnistía Internacional al gobierno
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Durante el gobierno de Felipe Calderón en México, las fuerzas de seguridad cometieron violaciones a los derechos humanos mientras realizaban tareas de combate al crimen, pero el expresidente no fue responsable de esos abusos ni fue omiso en atenderlos, afirmaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita el exmandatario. 

El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, describió como "muy respetable" el reciente informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos al cierre de la gestión de Calderón (2006-2012), aunque rechazó que las violaciones de autoridades en contra de ciudadanos hayan ocurrido de forma generalizada, como señala el documento

"Las violaciones a derechos humanos que se dieron en nuestro país o que se han dado (...) no son una situación atribuible solamente a la administración federal, sino que hay muchos casos de violaciones a derechos humanos a niveles estatales", dijo en entrevista.

"Si bien hubo casos concretos, no podemos admitir nosotros la percepción de que se trata de una circunstancia generalizada, alentada por el propio gobierno (...), sino que se trata de casos muy lamentables que son resultado de la acción de las fuerzas de seguridad, y esos casos tuvieron una respuesta institucional", agregó. 

Gil Zuarth es un político cercano a Calderón. En 2010, fue subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob), la dependencia responsable de la política interior y a la que Calderón encomendó coordinar la estrategia anticrimen que lanzó al inicio de su gestión.

En ese plan también participaron las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP, que desapareció este año), así como la Procuraduría General de la República (PGR). 

Angélica de la Peña, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, consideró que el informe de AI refleja que en el final del mandato de Calderón prevalecieron prácticas como el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas.

Por ello, llamó al gobierno actual, que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, a investigar esos casos y señalar a los presuntos responsables. 

"Lo peor que le puede pasar a una democracia es que, teniendo identificados los casos de violación de derechos humanos, de violaciones a la ley donde están involucrados agentes del Estado, siga prevaleciendo la impunidad", dijo.

Miriam Cárdenas, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, coincidió en que corresponde al gobierno de Peña Nieto iniciar la investigación de abusos, así como modificar la estrategia anticrimen para evitar que sigan ocurriendo.

"Creo que se tiene que hacer, y me parece que ya se están haciendo acciones al respecto, la capacitación, adiestramiento, profesionalización de todos los agentes que hacen cumplir la ley, una estrategia integral para todas las policías que existen en los tres órdenes de gobierno", dijo.

En busca de responsables

En línea con Gil Zuarth, la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, señaló que los abusos en contra de ciudadanos derivaron de errores particulares, no de una falla general en el plan de combate a la delincuencia. 

También rechazó que Calderón dejara sin atender las violaciones a los derechos humanos, sino que responsabilizó de ello al extitular de la SSP, Genaro García Luna.

"No fue el presidente de la República el que hizo caso omiso. Creo que fue su secretario de ese momento, Genaro García Luna. Incluso fue llamado al Senado para comparecer por los constantes llamados que le había hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)", dijo la legisladora. 

El 29 de noviembre, un día antes de que terminara el mandato de Calderón, García Luna acudió a la Cámara alta para explicar por qué no había aceptado cuatro recomendaciones de la CNDH. Entonces, argumentó que tres no le correspondían porque en los hechos denunciados no había participado personal a su cargo, y sobre la cuarta, afirmó que había sido acatada.

Desde el final del sexenio de Calderón, el exfuncionario no ha asistido a actos públicos en el país.

Mientras Díaz Lizama llamó a que el actual gobierno investigue la posible responsabilidad de García Luna en abusos contra la ciudadanía, Gil Zuarth señaló —sin detallar nombres— que debe indagarse a los exfuncionarios y funcionarios de todos los niveles de gobierno ligados con esos casos. 

Al respecto, la diputada Cárdenas coincidió en que las sanciones contra violaciones a derechos humanos y las políticas para prevenirlas no deben centrarse en el nivel federal, sino también abarcar a los estados y municipios.

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En 2012, las 10 instituciones que más quejas recibieron ante la CNDH pertenecen al nivel federal. Si bien el primer lugar lo ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 1,876 casos, en esa lista también se ubican cinco dependencias que realizan tareas de seguridad: la Sedena (1,503), las cárceles federales (934), la Policía Federal (802), la PGR (742) y la Semar (418).

El presidente Peña Nieto, que asumió el cargo en diciembre pasado, afirma que el respeto a los derechos humanos será uno de los puntos clave de su estrategia de seguridad, en la cual, al igual que Calderón, mantendrá a los militares en tareas de combate a la delincuencia.

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