Peña exhorta a una justicia no solo implacable, sino "impecable"

El presidente pidió hacer más eficaz el combate a la delincuencia al inaugurar la 29 asamblea de la Conferencia Nacional de procuradores
ESP. Conferencia de procuradores  Conferencia de Procuradores
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que todas las procuradurías del país actúen de forma "impecable" contra los delincuentes, con el objetivo de hacer más eficaz el combate al crimen y que los ciudadanos se sientan seguros.

"La tarea que tiene por delante el Ministerio Público, las procuradurías de justicia, tanto la General de la República como las de todas las entidades del país y del Distrito Federal, es no solo conseguir que su actuación sea implacable, sino sobre todo impecable", dijo el mandatario este jueves al inaugurar la 29 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

"Significa que deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que dentro de la investigación permitan asegurar que todo aquel que delinca, que todo aquel que comete un delito, realmente sea sometido a la aplicación de la justicia", agregó.

Al respecto, el presidente llamó a que los legisladores discutan pronto un nuevo código único de procedimientos penales y una nueva ley general penal.

Según Peña Nieto, esas legislaciones son necesarias para hacer más eficaz el trabajo de las instituciones de justicia.

Frente a procuradores, legisladores, académicos y activistas, el presidente dijo que las procuradurías tienen dos retos principales.

Uno de ellos es trabajar de forma coordinada contra los delincuentes, mientras el otro es ajustar sus normas para adoptar la reforma penal aprobada en junio de 2008.

"No caben en esta tarea y en esta misión esfuerzos o tareas indvidualistas. Tiene que haber corresponsabilidad, coordinación y alineación de esfuerzos entre órdenes de gobierno y entre poderes de la Unión", dijo el mandatario.

La reforma penal establece que a más tardar en 2016 todo el país debe aplicar juicios orales contra los acusados, al tiempo que obliga a los ministerios públicos a sustentar sus casos en investigaciones científicas.

Hasta ahora, menos de la mitad de las 32 entidades de México han empezado a ejecutar esos cambios.

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