Diputados inician periodo extraordinario para destrabar 4 temas pendientes

La Cámara baja sesiona esta semana para votar reformas en deuda pública, procesos penales y catastro, y la elección de un consejero del IFE
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Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La Cámara de Diputados inicia este martes un periodo extraordinario de sesiones en el que buscará destrabar y aprobar cuatro temas que quedaron pendientes al término del periodo ordinario el 30 abril: las reformas sobre deuda pública, procedimientos penales y catastro, así como la designación de un consejero electoral. 

Las tres reformas en cuestión ya fueron aprobadas en comisiones y tienen el consenso de las principales bancadas para ser avaladas en el pleno, según legisladores consultados. 

Nuevo consejero

En contraste, aún no se alcanzan acuerdos en la selección de un nuevo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedó incompleto en febrero tras la renuncia de Sergio García Ramírez por motivos personales.

En abril, las bancadas de las principales fuerzas de la oposición, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), rechazaron que el tema se votara en el pleno argumentando que los diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) habían manipulado el proceso para elegir a un consejero que fuera afín a su partido. 

Ante esa situación, los priistas llevaron el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó a la Cámara baja convocar a un periodo extraordinario y realizar la votación, aunque el PAN y el PRD insisten en que ese fallo no los obliga a seleccionar a un aspirante si éste no los convence. 

“La resolución no puede obligar a los diputados a elegir a uno, a votar en una determinada dirección. Nos obliga a que terminemos el proceso. Vamos a terminar el proceso, que se termina cuando llega la propuesta al pleno, se somete a su consideración y si no saca los dos tercios (de los votos), se vuelve a iniciar”, dijo a CNNMéxico el vicecoordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya.

Los cinco aspirantes al IFE que llegaron a la última etapa del proceso son José Fernández Santillán, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y Horacio Gamboa Chabbán. Si ninguno de ellos es elegido, la Cámara de Diputados tendría que emitir una nueva convocatoria a los interesados en el cargo.

Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del PRI, en reiteradas ocasiones ha urgido a los otros partidos a nombrar al consejero faltante, argumentando que si la designación sigue pendiente se generará una “crisis” en el IFE porque los asuntos que discuta el Consejo General del instituto podrían empatarse a cuatro.

“La Cámara de Diputados debió haber resuelto el tema del consejero faltante a la brevedad, como lo dice la ley, y no lo hicimos por un cálculo político-electoral. (…) Esto generó la crisis de cuatro a cuatro”, dijo Beltrones a periodistas a principios de julio. 

Luis Alberto Villarreal, coordinador de la bancada del PAN, señaló el 9 de julio que los líderes parlamentarios tratarán de llegar a un acuerdo en tema durante los primeros días de esta semana, pero coincidió con los perredistas en que solo están obligados a realizar la votación, no a elegir al nuevo consejero.

La ley de deuda

Otro tema que discutirá la Cámara de Diputados es la nueva ley para regular la contratación de deuda pública en los gobiernos de los estados y los municipios.

El dictamen avalado en comisiones establece que los gobiernos locales podrán solicitar préstamos siempre que esos recursos no sean utilizados en gasto corriente y sean aprobados por cada Congreso estatal por mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados). 

La legislación busca combatir los altos niveles de endeudamiento en algunos estados y municipios —como Coahuila o Michoacán— a través de candados que limiten la contratación de deuda. 

En abril, el tema causó un enfrentamiento entre la Cámara de Diputados y el Senado, luego de que éste aprobara una iniciativa similar que la Cámara baja se negó a recibir argumentando que, según la Constitución, las reformas en materia de préstamos deben tener a San Lázaro como cámara de origen. 

Al final, ambas cámaras acordaron que los puntos de la propuesta del Senado fueran retomados en un nuevo documento que empezaría a discutirse en la Cámara de Diputados y después sería enviado a la Cámara alta. 

“Son realmente dictámenes muy parecidos. Creo que coincidimos en el fondo. (…) Lo sustantivo de esto es que la reforma es una buena reforma y hay en ese sentido mucha claridad, tanto en la Cámara como en el Senado, de la importancia de sacarla adelante”, dijo a CNNMéxico el diputado panista Fernando Rodríguez Doval, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El código penal y el catastro 

Los dos asuntos que completan la agenda legislativa del periodo extraordinario de sesiones son las reformas en materia de procedimientos penales y catastro.

El primer punto implica aprobar una reforma a la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a que elabore un código único de procedimientos penales para el país.

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado y representa un paso necesario para que se creen leyes que homologuen los procesos para sancionar delitos. Ese es uno de los compromisos del Pacto por México, el convenio político que firmaron en diciembre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD.

De ser aprobado, al implicar cambios a la Constitución, el documento aún requeriría el visto bueno de al menos 17 congresos locales.

La reforma sobre catastro, por su parte, establece que el Congreso tendrá la facultad de expedir una ley única para el registro público inmobiliario en el país.

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De acuerdo con los diputados, en los procedimientos actuales —regulados por los estados— existen disparidades que generan incertidumbre jurídica sobre la propiedad de terrenos y edificios.

El dictamen señala que homologar esos procesos es necesario porque “los programas de mejoramiento, modernización y actualización no han logrado su objetivo de contar con un registro público eficiente y eficaz que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos”, según un comunicado difundido por la Cámara baja el 11 de julio.

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