Tijuana inhabilita a Julián Leyzaola por ocho años por actos de tortura

El ayuntamiento comprobó que uno de los elementos del entonces secretario de Seguridad fue torturado para que se autoinculpara de un robo
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Leyzaola-Juarez-AFP  AFP
| Otra fuente: CNNMéxico

Julián Leyzaola Pérez, el llamado superpolicía al que se le acredita haber reducido los niveles de violencia en la ciudad de Tijuana, fue inhabilitado por ocho años por violaciones a los derechos humanos contra uno de sus elementos.

La sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana acreditó violaciones a los derechos humanos y faltas administrativas cometidas por Leyzaola en 2011, cuando aún era director de Seguridad Pública de Tijuana, así como por Gustavo Huerta Martínez, exdirector de Policía y Tránsito Municipal, informó el gobierno de Tijuana en un comunicado.

Ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por ocho años, sanción que aplica solo en Baja California. Actualmente, Leyzaola es secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La denuncia por la que fueron sancionados los dos exservidores públicos la presentó un policía en enero de 2011 en la Sindicatura Municipal, quien afirmó que Leyzaola y Huerta lo torturaron para inculparlo de un caso de robo.

Ese mismo año la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) emitió una recomendación donde pidió al Ayuntamiento que iniciara un procedimiento contra ambos funcionarios. La PDH aplicó a la víctima el Protocolo de Estambul y se comprobó que sí sufrió tortura física, según el Ayuntamiento de Tijuana.

El Protocolo de Estambul, como se le conoce al Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es un conjunto de directrices que se volvió un documento oficial de la ONU en 1999.

El protocolo, el cual México adoptó en 2003, sirve para evaluar a personas que alegan torturas y malos tratos, para investigar casos de tortura y para presentar sus conclusiones ante las autoridades judiciales.

El artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California establece inhabilitaciones de hasta 10 años para los servidores que permitan, toleren o causen bajo cualquier circunstancia tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, como amenazas a la seguridad pública.

Los dos exfuncionarios —quienes tienen otros dos procedimientos en su contra sobre los que el Ayuntamiento no ofreció más detalles— ya fueron notificados de su inhabilitación.

La sindicatura ahora pasó el caso a la Consejería Jurídica del ayuntamiento, que determinará si se persigue judicialmente a ambos funcionarios.

Leyzaola, un teniente coronel diplomado del Estado Mayor retirado, dejó el cargo en Tijuana en marzo de 2011, y fue nombrado como secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.

CNNMéxico buscó conocer la postura de Leyzaola luego de su inhabilitación, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.

Antes de ser secretario de Seguridad Pública de Tijuana —entre 2009 y 2011—, Leyzaola fue subsecretario de Seguridad Pública Estatal, director de los Centros de Readaptación Social y director de la Academia Estatal de Policía, los tres en Baja California. También estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Apenas un mes después de asumir el cargo en Ciudad Juárez, el militar retirado fue acusado por dos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos de detener a cuatro jóvenes, de los que después nada se supo.

En 2010, HRW denunció la participación directa de Leyzaola “en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas”.

En noviembre de ese año, el propio Leyzaola reconoció en entrevista con CNNMéxico su fama de "abusivo" y "represor", luego de que la policía de Ciudad Juárez detuvo a 29 manifestantes por dibujar un centenar de cruces con pintura de agua en paredes y vidrios.

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“Yo nunca reprimí una manifestación, yo evité que dañaran propiedad privada y hubo detenciones porque me agredieron a los policías”, dijo entonces a CNNMéxico.

Verónica Díaz y Rodrigo Aguiar contribuyeron con este reporte.

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